La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley propuesto por la UCR para ampliar las partidas para universidades públicas nacionales y que estas impacten en los salarios docentes, foco del ajuste del gobierno nacional y del conflicto sindical que se ha desatado en las casa de altos estudios de todo el país. La iniciativa obtuvo 143 votos afirmativos, 77 negativos y una abstención. La iniciativa pudo ser aprobada tras un acuerdo entre la UCR, Encuentro Federal (EF), y Unión por la Patria (UxP), donde se estableció el mecanismo salarial que tendrá el personal universitario, que será de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
La cuestión del financiamiento universitario ya lleva varios meses de arrastre y tuvo como punto clímax de conflictividad el 23 de abril pasado en la masiva Marcha Nacional Universitaria para reclamar por la urgente recomposición de las partidas para gastos de funcionamiento y pago de salarios.
El primer proyecto puesto en consideración, que tenía dictamen de mayoría, de Unión por la Patria, fue rechazado en la votación. Este proyecto incluía la actualización bimestral de las partidas presupuestarias como el anterior, incorporaba ítems adicionales con un costo fiscal mayor, como la ampliación de beneficiarios y montos de las becas Progresar, y obligaba a la recomposición salarial de docentes y no docentes universitarios. La propuesta también contemplaba la actualización presupuestaria para ciencia y técnica y el desarrollo de proyectos especiales, institutos tecnológicos y la extensión universitaria.
Por otra parte, el dictamen de minoría que finalmente fue aprobado en general con 143 votos afirmativos y 77 negativos, está firmado por la UCR, Encuentro Federal, Coalición Cívica e Innovación Federal. Con la diputada bonaerense Danya Tavela como autora principal, propone una actualización del presupuesto universitario basada en la inflación del año pasado, medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), y una indexación bimestral usando un coeficiente que combine un 50% de variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), 25% de la variación del dólar y otro 25% de las tarifas de servicios públicos, además de una recomposición salarial para docentes y no docentes con base en el IPC.
Entre los puntos más destacados del proyecto, figuran la obligación “al Poder Ejecutivo a actualizar las partidas presupuestarias para cubrir gastos de funcionamiento, investigación y extensión en las universidades” y precisa que “la iniciativa fija que cada dos meses, el Gobierno deberá ajustar los presupuestos de acuerdo a la inflación”.
También determina que “el Poder Ejecutivo tendrá que actualizar desde el 1º enero de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2024, de forma bimestral, el monto de los gastos de funcionamiento de las Universidades Nacionales por el índice general de precios al consumidor informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)” y define que “se aumentará todos los meses los salarios de docentes y no docentes con actualizaciones según la inflación”.
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