El 30 de diciembre se cumple un año de la sanción de la ley de aborto legal en Argentina, donde el acceso a la práctica en hospitales y centros de salud mejoró respecto de 2019, pero todavía se observan fuertes desigualdades entre provincias, de acuerdo con un monitoreo sobre aplicación de la norma y atención posaborto.
Se trata de una iniciativa del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes) e Ibis Reproductive Health, que puede consultarse en www.proyectomirar.org.ar.
El proyecto Mirar monitoreó en todo el país la aplicación de la Ley 27.610 de IVE y atención posaborto, a través de indicadores y de la experiencia de actoras clave de las políticas y de la provisión de servicios de aborto.
“Procesamos y analizamos información pública en materia de acceso a la IVE e ILE (interrupción legal del embarazo) en todo el país, y estudiamos el contexto sociosanitario y jurídico en el que se materializan las políticas públicas”, explicó a Télam, la socióloga e investigadora de Cedes, Silvina Ramos.
Así fue que se identificaron “inequidades, barreras al acceso al aborto y, también, oportunidades para la acción”, añadió la profesional.
“Los datos también provienen del sistema comunitario de atención del aborto cuyo rol fue central antes de la sanción de la Ley 27.610. y sigue siéndolo”, destacó Ramos.
El informe analizó el entorno normativo, la oferta de servicios, la demanda, la calidad de la atención y los resultados de la aplicación de la normativa que reconoce el derecho de cada persona gestante a acceder a la interrupción de su embarazo hasta la semana catorce inclusive (IVE), sin tener que compartir motivos, y a partir de las semana quince en los casos en los que se cumple alguna de las causales previstas (ILE).
La ILE se contempla en casos de gestaciones por violación, o si estuviera en peligro la vida o la salud de la persona gestante.
El monitoreo develó también las desigualdades entre las provincias. La tasa del aborto, que mide la cantidad de interrupciones de embarazos por 1.000 mujeres y otras personas en edad fértil, muestra la brecha entre jurisdicciones: en CABA es de 5.6 y en Tierra del Fuego es de 4.3, mientras que en Chaco es 0.9 y en Formosa 0.6.
La nacional se ubicó en 3.2, tomando solo datos oficiales, “lo que significa que 3 de cada 1.000 mujeres tuvieron un aborto en el primer semestre del 2021”, detalló Ramos.
Es decir, que 25.894 niñas, adolescentes, mujeres y otras personas con capacidad de gestar que accedieron a una IVE/ILE en los servicios de salud del sector público en ese periodo.
En el mismo semestre, 6.517 personas contactaron a Socorristas en Red para solicitar información en distintos puntos. De ellas, 5.600 abortaron acompañadas por Socorristas. Seis de cada diez de quienes buscaron acompañamiento tenían entre 18 y 28 años, y el 4% eran adolescentes.
Además de analizar el mapa sociosanitario del país en materia de indicadores vinculados a las políticas de aborto, Mirar “llama a impulsar el diálogo con actores estratégicos. Las desigualdades que arrojan los datos se pueden disminuir con esfuerzos de políticas provinciales con apoyo nacional”, consideró Mariana Romero, médica e investigadora del Cedes.
Para construir un sistema de información que permita monitorear la aplicación de la ley IVE, la iniciativa analizó datos oficiales, como las consultas realizadas a la línea telefónica gratuita y confidencial de salud sexual y reproductiva 0800-222-3444, por la cual el Ministerio de Salud de la Nación facilita información en los casos necesarios sobre los centros de atención en todo el país y, en coordinación con las provincias, remueve barreras de acceso.
Un dato relevante es que la cantidad de insumos (misoprostol, el medicamento autorizado por la Organización Mundial de la Salud para realizar abortos) que fueron distribuidos en el primer semestre de 2021 equiparó al total de tratamientos distribuidos en todo 2020: 18.820 y 18.590 unidades respectivamente.
El paso que sigue es observar el comportamiento de este indicador para dar cuenta de la respuesta de la política sanitaria y crear condiciones de acceso a la provisión de abortos con buenos estándares de calidad, señaló el reporte.
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