El piloto peruano Julio Rodríguez Granthon, preso en el penal federal de Ezeiza y capo de una organización narco que operaba desde sus inicios como la mayor proveedora de drogas de la banda “Los Monos” y que estaba vinculada comercialmente con el clan liderado por Esteban Lindor Alvarado, con lo que recaudaba cerca de 200 mil dólares cada 40 días, fue detenido en el marco de otra investigación en la que se le imputa, entre otros delitos, el tráfico de 567 kilos de marihuana secuestradas en mayo pasado en Santa Fe.
Fuentes judiciales y policiales confirmaron a Télam que el denominado “narcopiloto” peruano está acusado de seguir comandando desde la cárcel la operatoria de la organización narco, y quedó detenido e imputado junto a otras once personas, entre ellas su “mano derecha” identificada como Facundo Ariel Pérez (30), alias “Jirafa”, durante unos 30 allanamientos realizados por la Policía Federal en distintas viviendas de y celdas del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza y de la cárcel de Coronda, en Santa Fe.
Los investigadores, que trabajaron bajo las órdenes de la Procuraduría de Nacrocriminalidad (Procunar), a cargo de Diego Iglesias, y del fiscal federal 2 de Rosario, Claudio Kashimoto, consideraron que con la detención de los 12 imputados, quedó desarticulada la totalidad de la organización, entre ellos los integrantes de la cúpula de mando, la estructura logística y los responsables del lavado de activos del grupo criminal.
“Esta banda criminal tenía su epicentro en la ciudad de Rosario”, contó el comisario general Juan Carlos Hernández, máxima autoridad de la PFA, en una conferencia de prensa realizada en el salón Maipú de la sede del Cuerpo de Policía Montada, ubicada en el barrio porteño de Palermo.
El jefe de la PFA indicó que el operativo desplegado por un grupo de elite del Departamento de Investigaciones Especiales incluyó una innovación en la modalidad de despliegue de la Fuerza Federal, ya que los allanamientos “fueron ejecutados de forma quirúrgica y a lo largo de 72 horas”, lo que permitió mantener el secreto de las operaciones en conjunto y el monitoreo de los movimientos de los investigados.
La investigación comenzó en agosto del año pasado a raíz de una requisa en la celda de Rodríguez Granthon en la que se secuestró un teléfono celular Samsung Galaxy J2 Core, cuyo contenido permitió a los pesquisas determinar que continuaba liderando una banda narco desde su lugar de detención y la intervención de cada uno de sus integrantes, entre ellas “Jirafa” Pérez, el encargado de llevar a cabo las maniobras delictivas “extra muros”.
En octubre del año pasado, los detectives de la PFA y los fiscales recibieron la denuncia de una persona que alertó acerca de una organización que vendía “merca para un peruano que está preso” y que “tienen protección de la Policía de Santa Fe”, según quedó acreditado en el expediente, al que tuvo acceso Télam.
Finalmente, a la misma organización liderada por Rodríguez Granthon se le adjudica el intento de tráfico de 567 kilos de marihuana que fueron secuestrados en mayo último en un galpón de la localidad santafesina de Funes, donde fueron detenidas ocho personas, entre ellas Ricardo Walter Piris, yerno de Natividad “Roger” Terán, el ex intendente de Itatí también condenado en el marco de una investigación por narcotráfico derivada del “Operativo Sapucay”.
Los voceros detallaron que “Jirafa” Pérez, quien tiene antecedentes por drogas, casos de sicariato y hasta tres evasiones de cárceles en 2018, 2019 y 2022, fue apresado en una casa quinta que alquilaba desde hacía tres meses en la localidad bonaerense de General Rodríguez.
“Pérez estaba a cargo de contratar sicarios. Fue uno de los investigados por dispararle 30 tiros a un agente del Departamento Antidrogas Rosario en octubre de 2021”, destacó en diálogo con Télam uno de los investigadores.
La detención de “Jirafa” se logró luego de un análisis detallado de las comunicaciones detectadas en el teléfono celular secuestrado a Rodríguez Granthon en su celda del penal de Ezeiza en agosto del año pasado.
“La utilización de nueva tecnología en extracción de datos permitió que en diez meses hagamos una investigación que nos hubiese llevado tres años. Hubo mucho trabajo de una mesa interdisciplinaria con otras fuerzas y la Procunar”, explicó a Télam el comisario general Alejandro Ñamandú, a cargo de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA.
En tanto, otro segmento de la organización dedicado a la provisión, distribución y comercialización al menudeo de drogas en el barrio de Villa Banana, de Rosario, fue apresado por los policías federales en otros allanamientos realizados en la ciudad santafesina.
Entre otros, fueron detenidos Ubaldo Pérez -hermano de “Jirafa”- y Marcelo Alejandro Núñez, acusado de ser el líder de la banda en el mencionado asentamiento.
“Podemos decir que la parte logística y financiera fue desbaratada en su totalidad con esas detenciones en Villa Banana”, afirmó Ñamandú.
No obstante, para los detectives el golpe más duro a la banda criminal fue la desarticulación de su estructura de lavado de activos, ya que los federales pudieron identificar a quienes estaban encargados de la construcción de viviendas con fondos provenientes de la venta de estupefacientes.
Estos inmuebles, explicaron los voceros, eran luego vendidos o alquilados por un agente inmobiliario, que también fue identificado y allanado, al igual que algunos depósitos de transporte de cargas en los que Rodríguez Granthon invertía el dinero producto del narcotráfico.
Las fuentes destacaron que el narcopiloto peruano, quien cumple una condena desde el año 2019 en el penal de Ezeiza por ser uno de los máximos proveedores de cocaína en la provincia de Santa Fe, fue en su momento el mayor abastecedor de la banda narcocriminal “Los Monos”.
“Esta organización que era manejada por Rodríguez Granthon tenía la particularidad de no acopiar dinero, armas ni droga, que era prueba en su contra. En cambio, tercerizaban todo. Nosotros hicimos esta investigación y asociamos los eslabones que se vinculan”, detalló el comisario inspector Pablo Caraccia, titular del Departamento de Investigaciones Especiales de la PFA.
Según cálculos de los investigadores, la banda recaudaba cada 40 días un monto cercano a los 200 mil dólares.
Además de ser proveedores, los hombres de Rodríguez Granthon comercializaban drogas en distintas zonas de Rosario que tenían bajo su control, ya que obligaban a los vendedores locales a adquirirles el estupefaciente exclusivamente a ellos.
Para dominar los territorios, la organización contrataba sicarios que cometían ataques contra todos los que intentaran rivalizar o vender su propia mercancía.
El mecanismo consistía en disciplinar a sus clientes “a costa de sangre”, describió un investigador.
Además de Rodríguez Granthon, los hermanos Pérez y de Núñez, fueron detenidas e imputadas otras ocho personas señalados integrantes de la narco banda, entre ellas algunas de nacionalidad venezolana y peruana.
> Con información de TÉLAM.
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