La denuncia fue presentada por la legisladora Liliana Montero, del bloque Córdoba Podemos. “El Programa lo sostuvo y lo implementó la Nación y, ahora que los recursos escasean, la Provincia no se responsabiliza de su continuidad, a pesar de llegar a los sectores más vulnerables de la población”, explica Montero.
En la anterior gestión nacional, este programa se denominaba de Programa Médicos Comunitarios y ahora pasó a llamarse Programa Equipos Comunitarios. Según detalla el Ministerio de Salud de la Nación, su función es aportar a “la estrategia de atención primaria de la salud, así como también a sus lineamientos y objetivos. Entre ellos integrar los equipos de salud del primer nivel de atención, el desarrollo de acciones de protección y promoción de la salud y medicina preventiva, con activa participación de la comunidad”.
Por su parte, Montero señala que “desde hace un año los profesionales de los equipos de salud vienen reclamando y penando por la situación del Programa de Médicos Comunitarios, que tiene ahora 11 años”. Agrega que “la de Salud es una de las áreas con mayores problemas que tiene la Provincia, como se demostró con el escándalo de las sábanas contaminadas”.
Apunta que “la caída del Programa no tiene que ver solo con la situación de los trabajadores de los equipos de salud afectados. Tiene que ver con la concepción que el Gobierno de la provincia de Córdoba tiene con relación a la salud pública y al enfoque sanitario. Han desguazado, han tirado a la basura más de 800 profesionales. Esta Provincia, durante 10 años, formó recursos humanos altamente calificados, en la capital y el interior. La responsabilidad del gobierno de Córdoba es que de un plumazo tira por la basura un programa que funcionaba, que daba salida al problema de salud pública básicamente de los sectores más vulnerables de esta provincia”.
En ese sentido afirma que “la política de salud pública es responsabilidad de la Provincia. Desentenderse de 800 efectores que cubren lo que la Provincia no cubre y decir que no es su problema porque se lo derivaron a los municipios es de una irresponsabilidad mayúscula. Al gobierno nacional le corresponde la irresponsabilidad de no pagar los sueldos y de mantener a hoy 600 profesionales sin su sustento cotidiano que, además, siguen en la absoluta precariedad laboral, porque son becarios y no tienen cobertura social”.
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