EPEC salió al mercado de títulos en 2017 para obtener financiamiento por 100 millones de dólares. Lo consiguió con la ayuda de dos calificadoras de riesgo internacional como Moody’s y FIXSCR, pero el problema no es ese, sino que lo habría hecho violando normas jurídicas correspondientes a este tipo de operaciones.
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Una de ellas, es la presentación de dos balances con diferente resultado en el ejercicio 2017, algo que impide la operatoria financiera. A ello, se suma que las consultoras calificaron a EPEC en base al primero de los dos balances, que tenía resultado final positivo por casi de 4560 millones de pesos y no al segundo, que sería el verdadero, donde la compañía eléctrica tiene una perjuicio de 1166 millones de pesos.
Por cierto, la función del balance es certificar el estado contable y financiero de una compañía y el de las consultoras en darle una nota a la empresa respecto del riesgo de honrar los compromisos asumidos. Dicho en términos simples: a mayor ganancia, mejor posibilidad de cumplir; a menor ganancia, peor posibilidad de salvar los pagos; y con resultado negativo, se supone que el riesgo aumenta y el emisor es una especie de “indeseable”. Cuando eso sucede, normalmente se pagan intereses más elevados de la media de mercado para devolver el dinero obtenido.
Aquí, EPEC y las consultoras “vendieron” un estado casi idílico de la empresa, consiguieron el financiamiento y luego cambiaron el balance por uno nuevo, que efectivamente tendría la verdad sobre sus cuentas.
Miguel Ortiz Pellegrini, el abogado patrocinante de Luz y Fuerza Córdoba, fue el encargado de presentar la demanda en la Justicia Federal.
Acusa a Luis Giovine, Juan Grosso y Eduardo Gauna, directores de EPEC de “presunta conducta delictiva, que puede ser la prevista en el artículo 309 inc. b del apart. 1° del Código Penal, “Ofrecimiento fraudulento de valores negociables y balances falsos”, sin perjuicio de otras figuras penales en las que puede tipificarse los hechos denunciados” y el determinado por el artículo 309 inc. 2° CP: “(…) cuando el representante, administrador o fiscalizador de una empresa comercial…informare a los socios o accionistas ocultando o falseando hechos importantes para apreciar la situación económica de la empresa o que los balances, memorias u otros documentos de contabilidad consignare datos falsos o incompletos”
El planteo judicial también pide investigar por los mismos delitos, la conducta de las Calificadoras de Riesgo por sus dictámenes y puntualmente a las analistas principales que los suscriben: Daniela Cuan (Moody’s) y Gabriela Curutchet (FIXSCR S.A).
LOS HECHOS DENUNCIADOS
En la presentación, Luz y Fuerza recuerda que “la Provincia de Córdoba, autorizó la emisión de Títulos de la Deuda de EPEC y el otorgamiento de garantía por Ley provincial n° 10.410”.
Agrega que “pese a que el balance de la EPEC de 2015 arrojó una pérdida de $259.000.000 y el de 2016 se redujo a $70.747.430; el Directorio de la EPEC decidió emitir los títulos, por Resoluciones n° 80166 del 19 de abril de 2017 y n° 80329 del 21 de junio de 2017”.
Precisa que “la garantía está conformada con la cesión fiduciaria de los recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos (L.23.548), que la Provincia tiene derecho a percibir del Gobierno Nacional a través del Banco de la Nación Argentina (en su carácter de agente de recaudación y pago) por hasta el monto que fuera necesario para garantizar el repago de los Títulos de Deuda de EPEC, en el marco de un contrato de fideicomiso de Garantía celebrado entre la Provincia y la Empresa como fiduciantes y Deutsche Bank S.A. como fiduciario, aprobado por Decreto n° 979/2017 del Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba del 28/06/2017”.
Esta emisión de títulos avanzó en otras razones, por la calificación otorgada por Moody’s FIXSCR. Pero Ortiz Pellegrini denuncia que “la comparación entre los análisis optimistas de las consultoras, que impulsan la emisión y cotización en Bolsa de los Títulos de la Deuda y los Estados Contables aprobados por el Directorio de la EPEC, muestran una enorme contradicción. Alguien miente, pues en el año 2017 de emisión de los bonos, las consultoras informan al mercado financiero, un resultado positivo de $ 4.559.345.156 que es “falso”, pues en “realidad se perdió” $ -1.166.725.069, lo que deja una diferencia negativa de $5.726.070.225, lo que resulta inexplicable para los mercados BYMA y MAE de la Nación, para los inversores, para el gobierno de la Provincia y también para los trabajadores de la EPEC y ciudadanos de Córdoba”.
LOS PERJUICIOS
Lo cierto, es que lo sucedido “coloca al Directorio en una situación de crisis que puede ser calificada de Administración Fraudulenta, hechos que activarían la ejecución de las garantías de pago establecidas para los Títulos de la Deuda”.
Entre “las consecuencias de la conducta de los miembros del Directorio de la EPEC, denunciados” se señalan algunas:
-“El descrédito de la EPEC y la Provincia de Córdoba, en el mercado de valores de la Nación Argentina y la afectación de la credibilidad internacional en nuestro mercado financiero (BYMA y MAE)”.
-“Responsabilidad de la EPEC ante la AFIP por la Violación del artículo 13 de la Ley 11.683, que dice: La declaración jurada está sujeta a verificación administrativa y sin perjuicio del tributo que en definitiva liquide o determine la Administración Federal de Ingresos Públicos, hace responsable al declarante por el gravamen en que ella se base o resulta, cuyo monto no podrá reducir por declaraciones posteriores, salvo en los casos de errores de cálculo o errores materiales cometidos en la declaración misma. El declarante será también responsable en cuanto a la exactitud de los datos que contenga su declaración, sin que la presentación de otra posterior, aunque no le sea requerida, haga desaparecer dicha responsabilidad”. Esto significa que la EPEC tendrá que pagar impuestos como si hubiera obtenido un resultado positivo, cuando según el Directorio ese resultado fue negativo por una declaración posterior, con una enorme de diferencia de $5.726.070.225″.
-“Responsabilidad de la EPEC, frente a la Provincia de Córdoba, porque los desvaríos de su Directorio, pueden activar el pago del bono en forma anticipada, ejecutando la garantía del Sistema de Coparticipación de Impuestos”.
HOY COMIENZA A DISCUTIRSE EL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO
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La ex viceministra de Trabajo, Noemí Rial, patrocinará a los gremios de Luz y Fuerza en la discusión del CCT.
Hoy se iniciará la negociación formal del Convenio Colectivo de Trabajo que rige la actividad de EPEC, denunciado por la empresa. Será en el Ministerio de Trabajo de la Nación, en la ciudad de Buenos Aires. EPEC también pidió que la negociación salarial se desarrolle en el marco paritario nacional.
En representación de EPEC, estarán el gerente general, Claudio Puértolas; el gerente de recursos humanos y desarrollo organizacional, Federico Maspoch; la gerenta de Asuntos Legales, Mariana Miseta, y los asesores Ramón Viramonte y Héctor García, un especialista en negociaciones colectivas de gas, energía e industria automotriz.
Los Sindicatos de Luz y Fuerza de Córdoba, de Luz y Fuerza de Río Cuarto y Sindicato Regional de Luz y Fuerza (SiReLyF) tendrán como representantes a Noemí Rial (ex viceministra de Trabajo del kirchnerismo), el abogado laboralista Mario Ackerman, el abogado Julio Luque, y los dirigentes sindicales Gabriel Suárez (Córdoba), Julio Chávez (Río Cuarto) y Máximo Brizuela (SiReLyF).
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