Es la segunda provincia con más encarcelamiento preventivo del país. El promedio nacional es del 60%. La situación fue advertida en un documento elaborado por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA) de las Naciones Unidas.

El penal de Bouwer, en Córdoba. En esta cárcel son alojados los detenidos federales. (Archivo).
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La Justicia Federal de Córdoba está segunda en el ranking de encarcelamiento preventivo a nivel país. Hasta el 31 de marzo de este  año, 8 de cada 10 personas detenidas por causas federales en las cárceles de la provincia se encontraba sin condena firme. Así lo revela un informe del área de Registro y Bases de Datos de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), que fue presentado al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA) de las Naciones Unidas.

Para Ana Laura López, miembro del equipo encargado de realizar el estudio, la situación de encarcelamiento en Córdoba “es crítica y alarmante”.

“Los números significan dos cosas: que el nivel de uso de la preventiva es muy alto en Córdoba y que la Justicia Federal demora en dejar firme las condenas”, señaló en diálogo con ENREDACCIÓN.

Si se tiene en cuenta el promedio, Córdoba es la segunda provincia con más detenidos con preventiva, después de Santa Fe, que encabeza la lista con el 94%. El Informe señala que el 60% de los detenidos en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal del país se encuentran sin condena firme. Pero el promedio aumenta a 72% si se tiene en cuenta las provincias como Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos y Santa Fe, que no cuentan con establecimientos federales, sino que alojan a los detenidos en penitenciarias que dependen de los Ejecutivos provinciales.

Los casos de Córdoba y Santa Fe son alarmantes y se despegan considerablemente de provincias como Mendoza, cuyo promedio es del 60%.

En números absolutos, la Procuvin relevó -a través de las fiscalías federales de la provincia- 205 presos por causas federales en Córdoba. Sólo dos detenidos son jóvenes de entre 18 y 21 años. El 95% son varones y casi dos tercios están alojados en Bouwer y el penal de Cruz del Eje. Un año antes había 183 presos federales en la provincia. Si bien en términos absolutos el aumento de detenidos no parece alarmante, lo es a la hora de analizar los promedios. Significa un aumento anual del 11%. Si bien desde 2014 hay cada vez más personas presas en todo el país, el ritmo cordobés es vertiginoso.

La Justicia Federal persigue pocos delitos en comparación con el fuero provincial: lesa humanidad, trata de personas, secuestros extorsivos, narcotráfico y lavado de dinero, son los más usuales. En el informe de Procuvin no están detallados los delitos, puesto que -por no tener condena firme- no se consideran culpables.

CADENAS

La insistencia de Procuvin sobre las situación en las cárceles de Córdoba tiene larga data. En mayo de 2013 una comitiva encabezada por el fiscal Abel Córdoba visitó sorpresivamente los establecimientos de la provincia, tras reiteradas denuncias de abusos, y encontró cadenas de sujeción en el viejo Penal de San Martín. La visita suscitó la insólita denuncia penal de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Graciela Chayep, que acusó a los fiscales de entrar “sin orden de allanamientos” y de “robarse las cadenas”.

INTERNACIONAL

El trabajo de la Procuvin fue presentado al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA), en razón de su reciente visita a la Argentina. Durante su estadía en el país, el Ministerio Público Fiscal recibió a la comitiva,  en un encuentro organizado por la Dirección General de Derechos Humanos y del que participaron, además de la Procuvin, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y la Unidad Fiscal de Ejecución Penal (UFEP), entre otras áreas del organismo.

La información acercada por la Procuvin fue recogida por el GTDA, que en un comunicado expresó su preocupación en razón de que el marco legal vigente “no se refleja en las prácticas del Poder Judicial”, “que tiende a otorgar la mayor parte de las solicitudes de prisión preventiva”, a pesar de que se deben ordenar de forma excepcional.

El Grupo de Trabajo “notó que muchas veces se excedía el límite de dos años para la prisión preventiva, lo que constituye de por sí un período excepcionalmente largo, y encontró personas que pasaron de cuatro a seis años en prisión preventiva”.

Sobre esa cuestión, los expertos internacionales agregaron que “si bien la ley prevé la separación entre detenidos bajo prisión preventiva y los condenados, el Grupo de Trabajo también observó que en muchos centros no se cumplía con dicha separación debido a una falta de espacio y aquellos en prisión preventiva quedaban sujetos al mismo tratamiento que los condenados”, lo que configura “una pena de facto sin mediar condena alguna”.

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