La Justicia Provincial, en el fuero Anticorrupción, admitió a Luz y Fuerza Córdoba y su secretario General, Gabriel Suárez, como querellante en una investigación que involucra al personal del Directorio de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec).
Se trata de una denuncia que fue presentada por el gremio con el patrocinio del abogado Claudio Orosz y está dirigida contra el gerente de Tecnología de la Información y Comunicaciones de EPEC, Luis María Balbuena Espindola, la subgerenta de Infraestructura, Sonia Doña y el directorio de EPEC. Los delitos que se investigan son “Fraude en perjuicio de la administración pública”, “administración fraudulenta” y “omisión de los deberes de funcionario público”. Es por la contratación directa de la empresa EMZT S.R.L. en 2018.
Que el gremio lucifuercista haya sido admitido como querellante, implica que podrá participar de la investigación como actor y promotor de acción penal a partir de que se ha visto perjudicado por un delito.
La resolución, que lleva la firma del fiscal Franco Mondino, señala que “el fraude es investigado en la contratación directa de la empresa EMZT SRL, para la provisión del servicio de soporte y consultoría especializado en redes y tecnología, en virtud de ser la única proveedora de este tipo de servicio y resultar de necesidad y urgencia de la empresa. Dicha contratación fue solicitada por Luis María Balbuena Espíndola en su calidad de Gerente de Tecnología de la Información y Comunicaciones, y Sonia Doña, como subgerente de infraestructura de la misma empresa, siendo finalmente autorizada por el directorio de la EPEC”.
Gabriel Suárez, secretario General de Luz y Fuerza Córdoba.
“Sin embargo, según lo denunciado por Gabriel Suárez, secretario General del SLyF, los argumentos esgrimidos por el directorio para contratar la empresa son falsos, dado que la empresa adjudicataria no es la única proveedora de dicho servicio en nuestro país y no obra ningún dictamen, valoración o demostración que justifique la necesidad ni mucho menos la urgencia de dicha contratación”, explica la resolución de Mondino.
“Además, dicha contratación habría sido autorizada por el directorio con fecha 19/10/2018, cuando aún no había vencido, una anterior contratación directa con dicha empresa, significando ello un costo económico de 726 mil pesos, que habría estado ya incluido en el contrato aún vigente, lo cual habría traído aparejado un perjuicio económico para la EPEC”, describe el fiscal.
Finalmente apunta que “la omisión de los deberes de funcionario público se habría configurado porque los gerentes mencionados y los miembros del directorio “habrían realizado y/o autorizado determinados actos administrativos, omitiendo respetar el procedimiento legal para la contratación del servicio en cuestión, conforme lo previsto por la Ley 10155 y el decreto 4018 que regular las contrataciones públicas”.
