El empresario Aldo Roggio.
La declaración de Aldo Roggio, el jefe del grupo constructor más antiguo del país se produjo el miércoles. Fue en el marco de la causa de Los Cuadernos del chofer Oscar Centeno. Con ella pudo acceder a la condición de “imputado colaborador” y seguir su vida en libertad pese a admitir un delito de “cohecho” y sin que aún, por lo que se conoce, se hubieran reunido pruebas suficientes para determinar la veracidad o no de sus afirmaciones. Ayer renunció a la presidencia de Clisa y Benitto Roggio e Hijos S.A, que quedó a cargo de su hermana Graciela Amalia Roggio.
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Aldo Roggio también abrió un capítulo diferente en el caso que investiga el juez Claudio Bonadio, ya que hasta el momento no se conocían hechos relacionados al pago de coimas en el sector Transporte producto de la denuncia del chofer de Roberto Baratta. Llamativamente, su declaración parece estar enfocada sólo en los años del kirchnerismo, ya que tanto antes como después de los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández, su empresa no habría pagado coimas (Desde 1994 hasta 2003 fueron presidentes Carlos Menem y Fernando De la Rúa y en el caso de los subtes, desde 2011, la concesión pertenece al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo jefe de Gobierno hasta 2015 fue el actual presidente Mauricio Macri).
Para comparar con un caso similar como el Lava Jato brasileño, allí los empresarios no quedaron en libertad, sino que negociaron reducciones de condena y debieron afrontar, en la mayoría de los casos el proceso de investigación detenidos. La clave del asunto es que como toda investigación, requiere de corroborar los dichos con pruebas independientes. Se sabe que el imputado no está obligado a decir la verdad (como si lo está el testigo).
La conducta de Roggio se ubica dentro de lo establecido por el artículo 258 del Código Penal, que tipifica el delito de cohecho. El Código establece lo siguiente: “Será reprimido con prisión de uno a seis años, el que directa o indirectamente diere u ofreciere dádivas en procura de alguna de las conductas reprimidas por los artículos 256 y 256 bis, primer párrafo”.
El hecho que cabe aquí es el señalado en el artículo 256: “Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones”.
Roggio fue en tres oportunidades hasta Comodoro Py y recién en la última oportunidad pudo conseguir el estatus de “imputado colaborador”.
Roggio fue en tres oportunidades hasta Comodoro Py y recién en la última oportunidad pudo conseguir el estatus de “imputado colaborador”. El empresario cordobés se refirió al sistema que tuvo que afrontar la empresa Metrovías, concesionaria desde 1994 hasta ahora del Subterráneo porteño y el Ferrocarril Urquiza. Nombró como destinatario de las coimas a otro cordobés: Ricardo Jaime. El ex funcionario del Ministerio de Educación de Córdoba durante la gestión de José Manuel De la Sota (1999-2003) y ex secretario de Transporte del gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner cargo en el que estuvo en funciones entre 2003 y 2009. En cambio no mencionó a su sucesor Juan Pablo Schiavi (2009-2012).
La sede los tribunales federales porteños.
Jaime que está detenido, ha sido una especie de María Julia Alsogaray del kirchnerismo. Ya tiene encima tres condenas: Por ocultamiento de pruebas en una causa en su contra por supuesto enriquecimiento ilícito; por recepción de dádivas de empresarios del transporte que le pagaban el alquiler de su piso en Avenida Libertador y sus viajes en aviones privados; y por el accidente ferroviario de Once, donde se lo encontró responsable del delito de “defraudación contra la administración pública y descarrilamiento culposo”. En ese accidente murieron 51 personas.
Su coterráneo Roggio le enrostró haberlo “obligado” a entregarle el 5% de los fondos recibidos por su empresa vía subsidio para sostener la concesión. Señaló en su testimonio que lo hizo hasta 2011, cuando la concesión pasó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
De acuerdo a la información existente, Roggio declaró lo siguiente:
-“Se determinó un porcentaje del 5 % de los pagos recibidos”..
-“Se pagaba en dinero en efectivo, periódicamente y en la persona del Secretario de Transporte”
-“Los subsidios nunca implicaron una mejora contractual ni de ingresos”.
-“No tuvimos oportunidad de negarnos a esta exigencia”.
-“Soportamos la presión hasta el límite de nuestras posibilidades, máxime teniendo cuenta que se trata de un servicio esencial y la gran incidencia del rubro personal (70% del total) en los costos de operación del servicio”.
-“El esquema duró hasta el año 2011”.
A su vez, el comunicado del grupo explica que “debió acceder a la exigencia de efectuar pagos al Secretario de Transporte, por su expreso pedido, a partir de una reunión mantenida en su despacho al inicio de la gestión”.
El subte porteño. La concesionaria porteña peretenece al Grupo Roggio.
Detalla más adelante que “Metrovías es una concesión de 1994, otorgada por el Gobierno Nacional para la prestación del servicio de Subterráneos y del Ferrocarril Urquiza (un contrato por 20 años extendido por 4 años más, que concluyeron en 2017)”.
Índica que “la concesión se desarrolló normalmente hasta la crisis de 2002 que produjo el quiebre de la ecuación económico-financiera del contrato, afectada severamente por la devaluación de la moneda nacional y la hiperinflación desatada en ese entonces.
Se dispuso un régimen general de renegociación de los contratos (UNIREN) afectados por los episodios mencionados, que nunca se llegó a concretar. A partir de ese momento Metrovías tuvo que convivir con la modalidad de compensación a través del régimen de subsidios, que se mantuvo durante toda la gestión kirchnerista”.
Más adelante expresa que “esta herramienta fue utilizada para mantener el esquema de subsidios que daban lugar a los pagos que se exigían, con incluso la amenaza de rescisión del contrato de no cumplir”.
Aldo Benito Roggio. Foto: YouTube.
El comunicado expresa que “en su explicación (Roggio) dio detalles sobre la situación de rehenes que esto entrañaba. Señaló que el procedimiento de subsidios estaba previsto en el contrato (cláusula 7.4.1.) como modalidad de ajuste sea a través de: Tarifa, Disminución del canon o vía Subsidio, a opción del Gobierno”.
Y en el párrafo siguiente afirma con ambigüedad que “se determinó un porcentaje del 5 % de los pagos recibidos, que se pagaba en dinero en efectivo, periódicamente y en la persona del Secretario de Transporte”. El uso de la conjugación verbal de “determinó” indica que hubo una negociación y un acuerdo, de lo contrario hubiera expresado, por ejemplo, “me fue exigido un…” o “me obligó a …”.
Luego trata de explicar su conducta utilizando un condicionante: “No tuvimos oportunidad de negarnos a esta exigencia. (…) habiendo soportado la presión hasta el límite de nuestras posibilidades, máxime teniendo cuenta que se trata de un servicio esencial y (por) la gran incidencia del rubro personal, (70% del total) en los costos de operación del servicio.”
Inmediatamente, detalla que “este esquema duró hasta el año 2011”, momento en que la concesión del Subte pasó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Hasta el momento no se conoce si apoyó sus declaraciones con documentación contable.
A continuación, respecto al origen del dinero, precisó que “la exigencia se afrontó siempre con el margen de rentabilidad de la empresa, luego de pagar todos los gastos relacionados con la operación segura de los servicios. Los subsidios nunca implicaron una mejora contractual ni de ingresos”.
En el cierre del texto de prensa justifica su confesión diciendo que “durante los últimos 40 años el ingeniero Aldo Roggio ha tenido una participación activa en la vida empresarial e institucional del país, y desde ese compromiso y con la certeza de que este proceso derivará en un mejor futuro para el mundo de los negocios y la sociedad en general, tomó la decisión de colaborar con un testimonio con aportes concretos en esta causa.
Para concluir manifestando que “este debería ser un punto final a esa cultura hostil y adversa en las que empresas como la que conduzco, en la que trabajamos 15.000 familias, hemos tenido que desarrollar nuestras actividades”.
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