El legislador provincial, Dante Rossi (Juntos UCR) insistió en la necesidad de que la legislatura trate el proyecto de reforma a la ley de seguridad. Con ese objetivo, pidió este lunes su rehabilitación.
Rossi afirmó que “Córdoba tiene cerca de 22 mil policías, pero de lo que carece es de un plan en materia de seguridad
Pretenden mejorar la seguridad de los cordobeses con mucho marketing y publicidad”.
Agregó en ese sentido, que “anunciaron hace unos años la creación de la Policía de proximidad o barrial, que era una buena idea y que ha fracasado porque abandonaron el plan, En los barrios no conocen al policía que los cuida en el cuadrante”.
La iniciativa radical propone, entre otras medidas, la “creación de una comisión de modificación de la ley de seguridad pública, a los efectos de involucrar a los municipios de más de 30 mil habitantes a la tarea de prevención en materia de seguridad y una Dirección General de Seguridad para cada uno de esos municipios, estableciendo que su nombramiento será ad referéndum de los concejos deliberantes locales”.
También impulsa “avanzar concretamente y con participación activa de los municipios en la organización de la Policía de la Provincia bajo el concepto de proximidad social” y plantea que “los ascensos de los encargados de los cuadrantes se debe realizar con una audiencia previa barrial, con participación de vecinos y ONG vinculadas a la seguridad”.
Promueve la “colocación de buzones del ciudadano en cada uno de esos cuadrantes”, un “plan de colocación de alarmas comunitarias con un crédito a tasa cero para su compra, otorgado por el Banco de Córdoba”, “centros de monitoreo de las cámaras de seguridad controladas con participación de los municipios”, y la “creación en la órbita municipal de agentes de vigilancia sin portación de armas”.
Finalmente, pide la “implementación de un programa de jornada alterna a la escolar en los lugares donde se detecte mayor índice de delitos, con participación de los clubes de barrio”, y la “creación de un centro de evaluación, financiamiento y puesta en marcha de proyectos de prevención social que elaboren universidades, centros educativos y el sector privado”.
—