El legislador provincial Walter Gispert (Frente Cívico) presentó un proyecto de resolución en la Legislatura de Córdoba solicitando al Poder Ejecutivo provincial que, a través del Ministerio de Justicia y el Servicio Penitenciario de Córdoba, se arbitren los medios necesarios para garantizar la seguridad e integridad física del ex concejal y funcionario municipal, Guillermo Kraisman, detenido en Bouwer.
Kraisman está acusado de tentativa de defraudación calificada a la administración pública. El escándalo estalló cuando en enero fue a un banco a retirar dinero con un DNI de Virginia Martínez, ahora conocida como la “empleada fantasma” de la Legislatura. La causa es instruida por el fiscal anticorrupción, Franco Mondino.
El pedido surge a raíz de una publicación de Cadena 3 del pasado 28 de mayo, que informa sobre un sorpresivo cambio en la postura procesal de Kraisman, quien habría desistido de acogerse a la figura del imputado arrepentido contemplada en el artículo 360 ter del Código Procesal Penal. Señala Gispert que “según la nota, dicho cambio podría estar motivado por presiones externas, lo que genera gran preocupación en torno a su libertad de conciencia y a la transparencia del proceso judicial”.
“Resulta indispensable que el Sr. Kraisman pueda decidir con plena libertad su estrategia legal, especialmente si esa decisión conlleva la posibilidad de colaborar con la Justicia en el esclarecimiento de hechos de corrupción que podrían involucrar a personas con poder en la provincia”, expresó el legislador juecista.
Advirtió, además, que “la sospecha de coacción, amenazas o propuestas económicas para modificar el testimonio de un imputado en una causa tan sensible, no solo compromete el derecho individual del acusado, sino que daña la confianza del pueblo en las instituciones democráticas”.
El legislador provincial, Walter Gispert (Frente Cívico). (Foto: Gentileza La Jornada / Archivo).
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