Una sesión de la Legislatura de Córdoba. Foto: Prensa Legislatura Córdoba.
Un proyecto contra la violencia laboral en la provincia de Córdoba “hace banco” desde hace casi dos años y aún no ha sido considerado en el ámbito de la Comisión de Trabajo y Legislación Social de la Legislatura provincial que preside el titular de la CGT regional, José Pihen. El legislador Ezequiel Peressini (FIT) y el autor de la iniciativa, el abogado Carlos Cafure, llevan adelante una campaña para que sea tratado en el cuerpo legislativo. Dentro de ese contexto, convocaron a una reunión pública para en la propia Legislatura para reclamar por su tratamiento. Será el próximo jueves 5 de abril, a las 18:00, en la sala 3 (Deán Funes 64) del edificio de la Legislatura, en la ciudad de Córdoba.
El proyecto fue presentado el 7 de junio de 2016, sin embargo descansa, sin tratamiento, en la Comisión de Trabajo y Legislación Social. La comisión es presidida por el secretario General del Sindicato de Empleados Públicos y jefe de la CGT regional, José Pihén. La iniciativa uenta con el apoyo de 25 sindicatos, de las dos CTA, organizaciones religiosas, el defensor del Pueblo, Mario Decara, y, entre otras, de las facultades de Derecho, Psicología, Artes y Arquitectura de la UNC.
ENREDACCIÓN entrevistó a Peressini y Cafure. Los principales tramos de la conversación son los siguientes.
-¿Cuál ha sido el argumento de los otros legisladores para no avanzar en el tratamiento de la iniciativa?
-(Ezequiel Peressini) En la Legislatura presentamos el proyecto hace casi dos años y hasta el momento, luego de reuniones, audiencias públicas y que la problemática siga extendiéndose, hasta el momento ningún legislador de los bloques mayoritarios se incorporó como coautor de la iniciativa, ni planteó el acompañamiento al proyecto presentado. Solo el Frente de Izquierda lo hizo. Esto debe cambiar, los bloques deben escuchar los reclamos populares y no a los presidentes de bloques que imposibilitan que las posiciones de algunos legisladores individualmente puedan expresarse.
El legislador cordobés, Ezequiel Peressini.
Los argumentos para esa negativa son variados, aunque falaces: por ejemplo que el proyecto “toca leyes de fondo como la Ley de Contrato de Trabajo y no es competencia de las legislaturas provinciales” o “que no podemos legislar para los trabajadores privados”, “que no es necesaria una Ley porque el Ministerio de Trabajo ya tiene protocolos específicos” o que “de eso se encarga la Justicia”. Estos argumentos son muy débiles por que otras provincias, como Entre Ríos, tiene una ley contra la violencia laboral aprobada en el ámbito público y privado. El problema es que en esa provincia no está reglamentada y no se cumple. La Ley que presentamos sólo habilita el derecho constitucional a “un ambiente sano de trabajo” y queremos que se cumpla garantizando que el denunciante y los testigos no puedan ser despedidos, cosa que sucede frecuentemente. Buscamos que se construya una oficina en la que se reciban las denuncias y que trabaje con equipos interdisciplinarios suficientes para intervenir e impedir que la violencia laboral se extienda y termine con la salud y calidad de vida de los trabajadores. Esto no sólo es necesario, sino urgente.
-¿Por qué considera que existe reticencia a avanzar en el tratamiento de una norma de este tipo?
-(EP) Todos estos falsos argumentos esconden una clara posición política: los bloques que en la Legislatura representan al gobierno nacional, como la UCR, el Frente Cívico o el PRO y también el bloque de Unión por Córdoba del gobernador Schiaretti, apuestan fuertemente a la precarización laboral y legislan para los grandes empresarios. En el fondo, cuidan a los punteros, funcionarios y personal jerárquico que son los mandos medios que imponen con violencia el ajuste que ambos gobiernos intentan profundizar. Por ejemplo: en las Salas Cuna no se cumplen las licencias, por enfermedad o embarazo, si la trabajadora la exige, las funcionarias a cargo amenazan con el despido: “si no te gusta ándate, nena”, y esto pasa en todas las reparticiones estatales. O en Tribunales: donde los insultos, las presiones excesivas y la descalificación en moneda corriente de mandos medios y altos hacia los trabadores y trabajadoras. O también en las Escuelas, donde los y las docentes deben hacerse cargo de los problemas de toda la sociedad. Allí son normales las patoteadas de inspectores, supervisores y algunos directores que piensan que en las escuelas pueden actuar como si fueran un “patrón de estancia”. Imagínate como se expresa esto en el trabajo no registrado o en negro; es mucho más duro y directamente el Estado abandona a los trabajadores.
El abogado Carlos Cafure.
-¿Cuál es la principal manifestación de la violencia laboral?
-(Carlos Cafure) Violencia laboral es toda forma de agresión física, acoso sexual y acoso moral o psicológico que se ejerza sobre una persona dentro de su lugar de trabajo. Generalmente, se caracteriza por ser llevada adelante de forma sistemática, no se trata de un hecho aislado. Es también un abuso de poder. La violencia laboral tiene por finalidad principal someter al trabajador o la trabajadora y en muchos casos, lograr que termine renunciando. La violencia laboral puede ser llevada adelante de forma vertical u horizontal. Cuando hablamos de forma vertical, puede ser ascendente o descendente. La primera es la que se ejerce desde los trabajadores a un superior jerárquico. Y la segunda, es aquella que se ejerce desde un superior jerárquico a uno o más trabajadores. Mientras que la violencia laboral horizontal es aquella que se lleva adelante entre compañeros del mismo rango o jerarquía. Hay que diferenciar la violencia laboral de lo que son los conflictos aislados.
-¿Existe en la actualidad algún tipo de protección frente a la violencia laboral?
-(CC) En relación a lo que es legislación general, un trabajador que es víctima de violencia laboral puede recurrir a disposiciones generales como por ejemplo, el artículo 14 bis de la Constitución Nacional o leyes nacionales como la Ley de Contrato de Trabajo o la de Riesgo de Trabajo, entre otras. También puede recurrir a normativa de carácter internacional para demandar por su situación. En la República Argentina algunas provincias han aprobado leyes locales contra la violencia laboral, que regulan esta forma de violencia específica, como es el caso de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y la CABA. Por eso es que estamos trabajando para que este proyecto, que ha sido presentado con un apoyo contundente, sea tratado, mejorado entre todos los legisladores y bloques de la unicameral, y obviamente aprobado.
-¿Qué cambiaría con la aprobación de una ley contra la Violencia Laboral??
-(CC) Muchas veces la clase trabajadora no toma noción de la importancia de la aprobación de leyes que nos beneficien, teniendo en cuenta que en los últimos años han salido muchas leyes que han ido en contra de nuestros derechos y en desmedro de los trabajadores en general. De ser aprobado este proyecto de ley contra la violencia laboral, significaría un paso muy importante a nivel legislativo para la clase trabajadora de Córdoba porque los activos de esta provincia tendrían una ley que prevenga y sancione esta forma de violencia con un cuerpo legal específico, por medio del cual desde el Estado se trabaje en la prevención y sancione a los violentos, algo que actualmente prácticamente no existe. Serviría también para hacer operativo el protocolo que ha sacado el Ministerio de Trabajo de la provincia hace unos meses atrás para que la gente haga denuncias en caso de hechos de violencia laboral. Sucede que el protocolo es una forma de reglamentar una ley y hoy, al no tener ley, hace prácticamente inaplicable este protocolo, pese a que es una muy buena herramienta. Es necesario que previamente tengamos una ley, por eso tener una ley nos beneficiaria mucho por este motivo y también, porque muchas veces, las víctimas de violencia laboral, a nivel administrativo no tienen una herramienta efectiva para que estas conductas tengan un cese y se sancione al violento.
-¿Según las estadísticas existentes, quiénes sufren más violencia laboral?
-(EP) Las últimas estadísticas son claras: el 88% de las denuncias de violencia son de tipo descendente o sea de un personal jerárquico hacia abajo; el reclamo laboral es uno de los principales desencadenantes de las situaciones de violencia, y las mujeres (y en particular las embarazadas) son, como en todos los ámbitos de la sociedad, quienes más sufren la violencia laboral, en particular la psicológica.
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