La entidad Consumidores Libres rechazó el aumento tarifario de gas, denunció que el incremento propuestos por las empresas “oscila entre 300% y 700%”, y consideró que la suba “es incompatible con la situación de emergencia social” en la que se encuentra el país.
Así lo planteó la entidad en un comunicado difundido este martes, tras participar de la audiencia pública convocada por el Gobierno para tratar el régimen tarifario transitorio del servicio público de gas que busca aplicarse a partir de febrero.
Su apoderado, Ariel Caplan, advirtió que “la audiencia pública no puede cumplir su cometido puesto que se carece de la información necesaria para abordar la cuestión y sólo se cuenta con información suministrada por las empresas interesadas en los aumentos sin ningún análisis ni convalidación del Enargas”.
“Tampoco se pudo ver el proyecto de Adecuación Tarifaria Transitoria (ATT) elaborado por la autoridad pertinente, que se encuentra elaborado y oculto, ni se ha determinado ni sometido a debate el valor del gas en boca de pozo (PIST) durante el período de aplicación de esta ATT”, ahondó Caplan.
Ante ello, Consumidores Libres solicitó que se decrete un cuarto intermedio hasta tanto se ponga a disposición del público dicho material por un plazo razonable y luego se reanude la audiencia.
Al finalizar la jornada, presentó un documento en el que manifestó su oposición a “todo tipo de ajuste tarifario hasta tanto se trate en audiencia pública con la información omitida” y a la “aplicación de aumentos mensuales y automáticos de tarifas por aplicación de índices de actualización solicitados por las empresas por resultar incompatibles con los ingresos de los usuarios que no están sujetos a actualización mensual”.
Exigió “que se determine y realicen audiencias públicas para determinar el valor del gas en boca de pozo (PIST) y su ulterior incidencia en las tarifa” y que “se fije una tarifa social para los usuarios residenciales en situación de vulnerabilidad”.
Asimismo, la entidad solicitó “que los aumentos sean paulatinos y proporcionales a los ingresos de los usuarios tratándose en forma diferenciada y más favorable a las tarifas residenciales”, y que, a su vez, “se realicen exclusivamente sobre los cargos variables sin incrementar los fijos”.
También pidió que “se exija la renuncia de las empresas prestatarias a cualquier reclamo al Estado por la aplicación del régimen tarifario transitorio considerado en la audiencia pública 104” y “la participación de las asociaciones de usuarios en la Revisión Tarifaria Integral (RTI) que fije la tarifa ulterior al régimen tarifario transitorio en análisis en la audiencia pública 104 y que debiera regir por cinco años”.
Otro de los puntos en los que Consumidores Libres hizo hincapié es en la garantía de “un adecuado nivel de servicio y que se resguarde la salud y seguridad de los usuarios”.
En tal sentido, exigió “la eliminación inmediata de la carga impositiva sobre las tarifas de los usuarios residenciales de menores recursos y la disminución paulatina del resto de los usuarios residenciales” y “la limitación del principio de neutralidad impositiva a ‘los impuestos sobre las tarifas’ excluyéndose del mismo cualquier otra carga tributaria, en especial la de las tasas (art. 41 Ley 24.076)”.
Por último, la entidad solicitó que “se consideren los ingresos y utilidades de las subsidiarias de las prestadoras a los efectos de analizar la ecuación económico financiera de los contratos cuando las subsidiarias fueron conformadas con los ingresos y recursos de las licenciatarias como es el caso de Metroenergía en relación con Metrogas”.
Asimismo, expresó oposición “a que se considere al ‘gas natural no contabilizado’ (pérdidas de gas en su transporte y distribución) como un costo para la determinación de la tarifa, tal como lo solicitan las prestadoras por ser un riesgo empresario asociado a la eficiencia del prestador”, concluyó el comunicado difundido hoy.
Por su parte, el integrante de Consumidores Responsables, Juan Diego González Morales, sostuvo que es “irrazonable y confiscatoria” la suba solicitada por Camuzzi Gas Pampeana, y adelantó que “van a resultar imposible de pagar boletas con estos aumentos”.
“Nadie va a poder pagar la factura de gas en los próximos meses”, aseguró, y al mismo tiempo denunció que “los planteos son abusivos e irresponsables”.
Gonzales Morales aseveró en diálogo con Radio Provincia que “hay que cambiar el paradigma de la discusión tarifaria, ya que siempre se plantea cuánto necesita aumentar una empresa para generar inversiones, en tanto que la discusión se tiene que dar desde el usuario, ser más humana y concreta, y preguntarse cuánto puede pagar el usuario porque se pretende pagar un servicio que es un derecho humano porque es un servicio público esencial”.
En otro sentido, reconoció que de aplicarse este esquema de las empresas y el gobierno “el aumento va a ser confiscatorio porque va a tener un ingreso demasiado alto para pagar las tarifas de servicio público”, y agregó que “en este contexto económico es tirar nafta al fuego”.
Por último, dijo que a pesar de los pedidos de informes, no se sabe el valor del precio del gas a la entrada del sistema de transporte.
También consideró que la construcción del gasoducto debería mejorar el servicio y bajar el valor del precio del gas a la entrada, pero reconoció que hoy “los usuarios pagan el 17% porque el resto está subsidiado” y con los cambios tarifarios “van a pagar el 100%”, una situación que, dijo, “le pega en los dientes a los usuarios”.
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