Cuatro ex jueces y fiscales están acusados de encubrir torturas y ejecuciones en la dictadura. Por “íntima amistad” el tribunal se integró con jueces de otra provincia.

El ex juez Carlos Otero Álvarez, uno de los acusados en la causa de los magistrados. (Archivo).

La causa “maldita” de la Justicia de Córdoba parece encaminarse, por fin, a juicio oral. Si nada lo impide, a mediados de agosto comenzarán a ser juzgados cuatro ex jueces y fiscales de la Justicia Federal de Córdoba acusados de encubrir torturas y ejecuciones durante la última dictadura cívico-militar. La llamada “Causa de los magistrados” puede avanzar gracias a que, luego de varios intentos fallidos por parte de la Cámara Federal de Casación Penal, la semana pasada pudo ser designado el juez que faltaba para conformar el Tribunal Oral Federal N°2.

Se trata de Jorge Sebastián Gallino, integrante del Tribunal Oral Federal  de la ciudad de Concepción del Uruguay y subrogante en la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. El TOF 2 se completa con Julián Falcucci (presidente) y Camilo Quiroga Uriburu, de la Rioja.

Falcucci definirá hoy la fecha concreta de inicio. El magistrado adelantó a ENREDACCIÓN que habrá un día y medio de audiencia por semana para, explicó, permitir a sus colegas regresar a sus provincias y continuar con sus agendas. A ese ritmo, con 28 testigos previstos, el proceso oral podría llegar a sentencia en noviembre.

Los acusados son el ex juez federal N° 2 Miguel Ángel Puga, el ex fiscal federal Antonio Cornejo, los defensores oficiales Ricardo Haro y el ex secretario penal del Juzgado Federal N° 1, Carlos Otero Álvarez. El expediente es un desprendimiento de la cauda de la UP1 (Unidad Penitenciaria 1, formalmente causa Videla), realizado en 2010. Deben responder por complicidad con las torturas y asesinatos de 31 presos políticos cometidos por el Ejército y la Policía entre abril y noviembre 1976. Uno de los presos fue ejecutado de un tiro en la cabeza en el patio de la Unidad Penitenciaria 1 (UP1) ante decenas de testigos. Otro murió luego de ser estaqueado a la intemperie en la helada noche del 14 de julio. Los demás, fueron acribillados en ocho fusilamientos colectivos presentados como “intentos de fuga”.

LA TERCERA

No por nada el expediente se ganó el mote de “la causa maldita”. Desde que el expediente fue iniciado, en septiembre de 2007, al menos una decena de funcionarios judiciales cordobeses decidieron apartarse o fueron recusados por “amistad íntima” con los acusados. Por eso el tribunal se conformó con jueces de otras provincias: José Quiroga Uriburu, de La Rioja, y, en un principio, Juan Carlos Reynaga, de Catamarca.

La fecha original era el 27 de abril de este año. Pero sucedió que, por la carga laboral afronta Reynaga, que también integra el tribunal tucumano que realiza el juicio por el Operativo Independencia, pidió ser apartado en marzo. Sin Reynaga, Falcucci intentó por todos los medios que la Cámara lo reemplace para no postergar el juicio, pero fue en vano.

Con la fecha de abril ya resignada, la Cámara propuso primero a María Ivón Vella y luego Beatriz Caballero de Barabini, pero ambas se excusaron argumentando que están llevando adelante otras causas.

Resignado, Falcucci solicitó que sea repuesto Reynaga, pero Benjamín Sonzini Astudillo, defensor del imputado Ricardo Haro, solicitó no se haga lugar al pedido. Con la designación de Galino, la “chicana” del defensor queda a un lado y se puede avanzar a un juicio oral.

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