La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito presentará por octava vez el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Será durante una conferencia de prensa que militantes y especialistas realizarán en el Anexo “C” de la Cámara de Diputados, y que será transmitida por pantalla en las afueras del Congreso.
El 28 de mayo fue la fecha elegida por ser el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres y, además, por cumplirse 14 años desde la primera presentación de la iniciativa, en 2007. La jornada será acompañada por una serie de talleres, que se brindarán de 15.30 a 17.30. Luego de eso se iniciará un “pañuelazo federal” y, después, un festival.
La nueva redacción recoge aspectos de la iniciativa aprobada en la Cámara baja y de los aportes que fueron fruto del extenso y ejemplar debate que se llevó a cabo a través de numerosas audiencias públicas. Se trata de una iniciativa radicalizada respecto a la que se debatió en 2018.
El artículo 1° del nuevo texto establece que toda mujer u “otras identidades con capacidad de gestar” tienen derecho a “decidir voluntariamente” y acceder a la interrupción de su embarazo hasta las 14 semanas, inclusive, del proceso gestacional.
Esta modificación se dio “en el marco de la ampliación de derechos respecto del reconocimiento y respeto de la identidad de género de cada persona, entendida como la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento”.
Respecto a la despenalización, la iniciativa es más precisa: “No es delito el aborto realizado con consentimiento de la mujer o persona gestante hasta la semana 14, inclusive, del proceso gestacional”. En la misma línea, añade que “la mujer o persona gestante que causare su propio aborto o consintiere que otro se lo causare en ningún caso será penada”.
Sobre las causales de la IVE más allá de las 14 semanas, ya no se encuentra la “inviabilidad de vida extrauterina del feto”, sino que quedan establecidos los casos en los que el embarazo fuera producto de una violación o si estuviera en riesgo la vida de la mujer o persona gestante.
Por otra parte, la cobertura de la práctica deberá ser “integral y gratuita” en los tres sectores del sistema de salud (público, de seguridad social y privado). Asimismo, no se requerirá autorización judicial y deberá realizarse “en un plazo máximo de 5 días corridos desde su requerimiento”.
Otro de los artículos indica que “si la interrupción voluntaria del embarazo se llevara a cabo en un establecimiento de salud, sus autoridades deben garantizar la realización de la práctica sin requerir autorización judicial previa”.
Este nuevo proyecto no contempla la objeción de conciencia para los profesionales de la salud, un punto que fue clave para alcanzar consensos durante la discusión en el Congreso.
Por último, la iniciativa exige la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral y asegura que “el contenido curricular sobre aborto debe ser enseñado como un derecho de las mujeres y personas gestantes, a través de contenidos científicos, laicos, confiables, actualizados y con perspectiva de género que puedan fortalecer su autonomía”. También insta a garantizar a la persona que demanda el aborto “información objetiva, pertinente, precisa, confiable, accesible, científica, actualizada y laica sobre los distintos métodos anticonceptivos disponibles, así como la provisión” de los mismos.
UN AÑO ATRÁS
El 14 de junio se cumplirá un año de la histórica media sanción en Diputados que se dio con 129 votos a favor, 125 en contra y una abstención. Luego, la ley fue rechazada en la madrugada del 9 de agosto en el Senado, por 38 votos en contra, 31 a favor y dos abstenciones.
