Efectivo de la Policía Antinarcotráfico de Córdoba.
La Cámara 3° del Crimen de Córdoba necesitó una semana para analizar si condena o no a las nueve mujeres y tres hombres acusados de integrar una organización dedicada a la venta minorista de estupefacientes, en el barrio Chaco Chico, al noreste de la ciudad. Según la instrucción, los acusados hicieron “una verdadera ocupación territorial” de la zona, con “un tráfico intenso, a toda hora y frente a todos”.
Los alegatos fueron el 30 de marzo pasado. Hoy los acusados tendrán la posibilidad de dar su última palabra, antes de que la Cámara de a conocer el veredicto.
Para a justicia se trata del mayor juicio por narcomenudeo realizada desde 2012, cuando la venta minorista pasó al fuero provincial. En las audiencias, el panorama era dramático. El banquillo de los acusados era un cuadro de la situación social que viven algunos sectores: entre los acusados, ninguno declaró trabajos formales y sólo dos de ellos habían terminado la escuela secundaria. Seis de las mujeres imputadas, de entre 26 y 45 años, son madres y tenían entre 6 y 11 hijos cada una. Lo complejo, es que varias de ellas eran reincidentes en el delito del tráfico minorista de drogas, un delito que creció, especialmente, entre las mujeres.
LOS PEDIDOS DE PENA
Sus abogados defensores solicitaron en los alegatos, la “nulidad de todo lo actuado” y cuestionaron al policía que realizó la investigación. En cambio, el fiscal de la Cámara 3° del Crimen de Córdoba, Marcelo Hidalgo, pidió penas de hasta 10 años y seis meses.
En el alegato, el fiscal introdujo una novedad: solicitó que sean condenados por “confabulación”, además de la imputación con la que llegaron a juicio, que es comercialización agravada de estupefacientes. Es la primera vez que se postula este delito incluido en el artículo 29 bis de la ley provincial de estupefacientes y equivale al de “asociación ilícita” en el ámbito de la Justicia Federal.
“Lo incluimos porque entendemos que hubo un virtual copamiento territorial que, lamentablemente se da también en otros barrios, y necesitamos dar un mensaje muy fuerte desde la política represiva para evitar esto”, dijo Hidalgo.
Para los investigadores, entre los imputados había alguien que llevaba “la punta”. Se trata de Romina Díaz, de 26 años, madre de siete hijos, para quien el fiscal solicitó 10 años y 6 meses de prisión, más lo que le resta cumplir por una condena anterior. Para Oscar Abraham Sabir y Marta Soledad Sánchez pidió 10 años de prisión; para María del Valle Sánchez Bustamante demandó 8 años de prisión que se acumulan a un fallo anterior y la revocatoria de la condicional.
Para Ricardo Gauna y Elida Eugenia Díaz, 9 años de prisión; para Paola Andrea Juncos, 8 años de prisión; para Vanesa de Lourdes Álvarez, Verónica Inés Bustamante, Débora Romina Martín, Romina Saires y Alejandro Tisera reclamó 7 años y 6 meses de prisión.
En el caso de Sabir y Marta Sánchez, la acusación fue por el delito de comercialización de estupefacientes agravado por ser en perjuicio de menores. Y a los restantes fue por los delitos de confabulación y comercialización de estupefacientes agravado.
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