En la primera audiencia de alegatos del séptimo juicio por delitos de lesa humanidad en Córdoba, las partes acusadoras solicitaran condenas de entre 12 años de cárcel y prisión perpetua. También adelantaron que pedirán absoluciones.

Fiscal Federal Facundo Trotta entrando a tribunales. Foto: Sebastian Salguero.

La causa “Pino Cano”, séptimo juicio por crímenes de lesa humanidad que se desarrolla en Córdoba, inicia hoy su etapa de alegatos. Tres abogados querellantes y dos representantes del Ministerio Público Fiscal valorarán la prueba y solicitaran tanto condenas como absoluciones para los tres militares imputados. Se trata de Víctor Pino Cano, Luis Alberto López y Enrique Pedro Mones Ruiz, a quienes se les atribuye haber participado de 17 fusilamientos de presos políticos de la Unidad Penitenciaria 1 de barrio San Martín, en 1976. Esta causa es un desprendimiento del Juicio Videla realizado en 2010, por el asesinato en “operativos ventiladores” de 31 detenidos de la penitenciaría.

La próxima semana será el turno de las defensas. Tras los alegatos, el Tribunal Oral Federal n°1  integrado por Julián Falcucci, José Vicente Muscará y José Camilo Quiroga Uriburu, podría dictar sentencia entre el 19 y 20 de abril.

Se trata de un juicio complejo, ya que los tres imputados habían sido sobreseídos por estos mismos hechos antes de 2010. Luego de las apelaciones, la Cámara Federal de Apelaciones resolvió revocar esos sobreseimientos y elevar a juicio. Sin embargo, la prueba sido analizada con diversas opiniones y eso, consideran las partes, hace que sea difícil acusar, por lo que podrían solicitarse varias absoluciones.

Los primeros en alegar serán los abogados querellantes Claudio Orosz, en representación de la familia de Pablo Balustra; Adriana Gentile, quien representa a la familia de Miguel Hugo Vaca Narvaja; y Gabriela Noemi Bautista, quien expondrá sus argumentos por José Ángel Puchetta.

Según adelantó Orosz, abogado de Hijos y Familiares de Desaparecidos de Córdoba, solicitará la absolución del jefe de regimiento de la Infantería Aerotransportada II, Pino Cano, acusado de ordenar, el 11 de octubre de 1976, el traslado de los detenidos Pablo Alberto Balustra, Jorge Oscar García, Oscar Hugo Hubert, Miguel Ángel Ceballos, Florencio Esteban Díaz y Marta Juana González de Baronetto. Todos fueron asesinados en un falso intento de fuga. Para Orosz, las pruebas expuestas en el juicio no alcanzan para determinar la culpabilidad del imputado.

“Reivindicaremos a Emilia Villares de D’ambra (ex titular de Familiares, recientemente fallecida) que nos enseñó que nosotros no somos como ellos, que buscamos justicia, memoria y verdad, y si no tenemos pruebas suficientes, o hay dudas, pues pedimos absolución”, explicó el abogado. “Esa actitud es la que ha hecho que nuestros organismos de derechos humanos y estos juicios sean admirados en todo el mundo”, agregó.

Los fiscales Maximiliano Hairabedian asumirán caminos similares. Según pudo saber ENREDACCIÓN, solicitaran la absolución de Pino Cano en algunos de los hechos, aunque consideran que hay pruebas para pedir prisión perpetua por uno de los operativos. En tanto, para Mones Ruiz no pedirán condena.

Distinto es el caso del ex subteniente del regimiento de Infantería Aerotransportada Luis Alberto López, quien enfrenta por primera vez un juicio. Para él, el fiscal Facundo Trotta solicitará 12 años de prisión por considerarlo cómplice secundario del “traslado” que terminó con la vida de José Pucheta y Carlos Sgandurra. Según consta en el auto de elevación a juicio, López recibió y firmó una orden de traslado de los dos detenidos, pero en lugar de llevarlos a su destino, los habría entregado a una brigada del Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba. El 28 de mayo de 1976, ambos detenidos aparecieron acribillados. En el enfrentamiento fraguado en el que los fusilaron, también mataron a José Osvaldo Villada, un desaparecido al que hicieron pasar como un miembro del “bando atacante”.

Tal como explicó el abogado Claudio Orosz, las absoluciones obedecen a que (a criterio de las partes) la prueba no alcanza para acreditar certeramente la participación de los imputados en algunos hechos, lo que no niega la matanza de presos bajo la tutela del Poder Ejecutivo Nacional durante la dictadura, y el rol que cumplieron las cárceles.

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