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Bouwer: Le negaron la domiciliaria pese a un embarazo de riesgo, terminó perdiendo el bebé y casi muere

Cintia Vanesa Santamarina perdió su embarazo a sólo 7 días de la fecha de parto. La Justicia no le había concedido la domiciliaria. (Foto: Facebook).

Tenía fecha para el 7 de agosto. Pero el bebé se adelantó. Como suelen adelantarse muchos embarazos de riesgo.

Cintia Vanesa Santamaría no era una madre primeriza. Ya había pasado seis veces por esa situación. Claro que había una diferencia categórica: con sus seis hijos anteriores lo había hecho en libertad. Pero esta vez estaba detenida en Bouwer, desde fines de septiembre de 2018, hace casi dos años.

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Con 35 años en la actualidad, la mujer cayó por una causa vinculada a tenencia de drogas para comercialización. También fue apresado su marido. “Típica causa de estas familias humildes, que son buscadas por los narcos para que les tengan droga. Y cuando llega la Justicia, cae sobre ellos, pero jamás investiga a los pesados”, relató un allegado de la familia, quien no les quitó ni un gramo de responsabilidad por el proceso penal que atraviesan.

Aún con esa situación, que de hecho no ha llegado a juicio, lo que no se entiende es por qué la mujer estaba en prisión efectiva. La ley de Ejecución Penitenciaria es clara, al prever la prisión domiciliaria “a la mujer embarazada”, y “a la madre de un niño menor de 5 años” (Ley 24660, artículo 32 incisos e y f).

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El criterio adoptado desde el 20 de enero de 2009 busca básicamente garantizar el interés superior del niño y el principio de trascendencia mínima a terceros de la pena criminal. El sentido es que los niños menores de 5 años no pueden ser separados de sus madres si éstas están detenidas. Y tampoco pueden vivir en prisión.

Para eso se prevé específicamente la prisión o detención domiciliaria. Y por eso mismo cuesta entender la razón por la cual la Justicia no concedió ese beneficio a los niños desde un primer momento. Mucho menos se entiende esa negativa, cuando notificó su embarazo, ni cuando cumplió los tres meses que los procedimientos exigen para conceder este beneficio, pensado para los niños -aún en gestación-.

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“Pero justo cuando cumplía los tres meses de embarazo y pidió la domiciliaria, arrancó la pandemia y la cuarentena, y el pedido cayó en la Cámara de Receso Extraordinario”, la famosa “Cámara Covid”, relató el mismo allegado.

El pedido, que debió haber sido un trámite, no fue acompañado por el defensor oficial, ni mucho menos por la infranqueable Cámara Covid, famosa por su negativa automática a tomar decisiones transitorias que contribuyeran a deshacinar nuestras bochornosas cárceles, valiéndose de casos como éstos.

Probablemente la decisión judicial se haya visto influenciada por la mediática construcción de una realidad en la que se aseguraba de que se estaban “liberando a miles de presos”. Y así fue como Cintia, pero sobre todo su niño en el vientre materno, permanecieron en prisión.

Una anemia crónica que padecía la madre fue determinante para que el embarazo fuera considerado “de riesgo”, según apuntó una fuente del Servicio Penitenciario, con estrecho conocimiento del caso. De ese modo, tampoco así se le permitió seguir el curso gestante en su hogar, o internada preventivamente. La decisión judicial fue que completara todo el embarazo en prisión.

JUGAR AL FILO Y TERMINAR CON UNA MUERTE

Previsiblemente, ese “jugar al filo” decidido por la Justicia terminó en tragedia. Al mediodía del jueves 30 de julio, la mujer comenzó a sentir malestares y a desarrollar trabajo de parto. Cursaba la semana 32 de su embarazo. Recién ocho horas más tarde su ambulancia entraría a la Maternidad Provincial. Demasiado tarde: el bebé nació muerto.

Cintia Santamaría perdió mucha sangre por el desprendimiento de su placenta, y permaneció en grave estado en terapia intensiva. Recién el domingo comenzó a estabilizarse y ya el lunes la trasladaban de nuevo al Complejo de Bouwer. Ahora con su vientre vacío y silencioso.

Entre medio, la sensación de que hay vidas que poco valen, que la Justicia no es tan ciega como declama y que parece estar más pendiente de lo que le dictan los medios de comunicación que de aquello que le marcan las leyes.

No hubo miramientos para los seis hijos de la mujer (de 2, 3, 4, 5, 11 y 16 años), ni mucho menos para el que aún no había nacido. Una muerte silenciosa, sepultada por la agenda de la pandemia y la cuarentena que tiene tan ocupada a la agenda pública.

Cintia junto a su marido y sus hijos. Foto tomada de su perfil de Facebook.

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