La diputada nacional Blanca Osuna (Unión por la Patria, Entre Ríos) expresó su rechazo al “mal llamado Proyecto de Ley sobre “Buenas Prácticas Fitosanitarias”, que tuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos y que actualmente se encuentra en tratamiento en la Cámara de Senadores”.
Lo hizo a través de una presentación que resume aportes críticos, antecedentes de estudios científicos, fallos judiciales y observaciones al proyecto que impulsa el gobernador Rogelio Frigerio. El documento que dirigió a la presidenta del Senado y vicegobernadora, Alicia Aluani, y a los senadores Martín Oliva y José Vergara. Osuna destacó “la gravedad de las consecuencias de la ley que pone en riesgo la salud de docentes, estudiantes, familias y comunidades rurales de la provincia, y del ambiente”.
Osuna expresó que “este proyecto de ley no puede avanzar sin escuchar a quienes realmente padecen consecuencias del uso de químicos que están estrictamente prohibidos en muchos países por sus comprobados efectos nocivos. Los entrerrianos tienen derecho a ser escuchados y a ser protegidos. De darse la aprobación de esta ley, los legisladores y la comunidad deben saber que se esta habilitando una acción dañina y riesgosa para la vida humana, los seres vivos y el ambiente”.
La diputada nacional explicó que el Proyecto de Ley impulsado por el gobernador Frigerio favorece los intereses de los grandes laboratorios productores de agroquímicos, poniendo en peligro la salud de quienes viven en zonas rurales. “Quienes están en el tema saben los intereses en juego, el poder de grandes laboratorios que producen agroquímicos, el comercio afín y las redes vinculadas a ese negocio son quienes están desesperados en que esta ley salga pronto”.
Agregó que “estudios médicos y científicos han mostrado que la exposición a agrotóxicos está directamente vinculada con graves consecuencias para la salud, especialmente para la salud infantil. Esta ley no solo carece de una base científica sólida y de perspectiva amplia en cuanto a lo que debe considerar sino que también ignora los derechos fundamentales de los ciudadanos. Además, las organizaciones docentes y ambientales han advertido sobre los riesgos de la ley, que reduce las distancias de seguridad para las fumigaciones, y propone el uso de tecnologías como los drones, sin garantías probadas para la protección de la población”.
Denunció que “esta ley vulnera derechos constitucionales fundamentales, como el derecho a un ambiente sano y equilibrado y el derecho a la salud, consagrados tanto en la Constitución Nacional como en la de la Provincia de Entre Ríos”.
Cabe recordar que la iniciativa reduce las franjas de seguridad para la fumigación con agrotóxicos a solo 15 metros de las escuelas, lo que “contraviene contundentes fallos judiciales previos que establecen distancias mucho mayores”.
Por otra parte, el proyecto contempla “la creación de un Consejo Asesor Fitosanitario con una composición tendenciosa y desigual a favor de quienes se inclinan por el uso de eso productos peligrosos, y excluye premeditadamente a especialistas de salud. La participación de docentes y ambientalistas es significativamente minoritaria. Este Consejo, excluye a los afectados (…). Por eso se constituye en una excusa burlona de participación falsa. Permitir que los intereses del gran comercio de agrotóxicos prevalezca sobre la salud de nuestros niños y niñas está en manos de legisladores entrerrianos”.
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