La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) planteó este martes que “el Gobierno de la Provincia de Córdoba insiste con la precarización y las sumas no remunerativas: anunciaron un bono en negro de 10 mil pesos, en un contexto de salarios de miseria y de una crítica falta de personal que hace que cada trabajador de la salud se encuentre extenuado, cansado y, en el peor de los casos, enfermo producto de la desidia estatal”.
El sindicato estatal afirma que “para agravar aún más el cuadro, como “premio”, el Gobierno desprecia a aquellas trabajadoras que se contagiaran de COVID-19 eliminándolas de la lista de quienes percibirán este “incentivo” al no haber permanecido “operativos” durante todo el mes y excluye de su otorgamiento a áreas que él mismo declamara “esenciales” como -entre tantos otro– los trabajadores del Complejo Esperanza, dependientes del Ministerio de Justicia y DD.HH. de la Provincia de Córdoba que no percibirán esta suma”.
Señala luego que “ya deberían haber resuelto como prioridad la falta de personal para cubrir las licencias y/o vacaciones, y la contratación de más trabajadoras/es en condiciones dignas para cubrir la demanda creciente de atención sanitaria producto del COVID y demás patologías por las que nuestro pueblo concurre al sistema de salud pública”.
Plantea luego que “esta suma no remunerativa no satisface el pedido que realizáramos el pasado 21 de diciembre en el Plenario de Delegados/as de Salud de ATE Córdoba, que constaba del urgente blanqueamiento de todas las sumas en negro, así como la perentoria necesidad de que el salario inicial alcanzara los $74.000 de bolsillo, en blanco”.
Finalmente denuncia que, “al día de hoy, nuestro patrón el gobernador Juan Schiaretti, el ministro de Salud, Diego Cardozo, y el Secretario General del SEP y legislador de Hacemos por Córdoba, José Pihen -socio y líder de una línea gremialista obsecuente a la que le abren la puerta para acordar acerca de nuestros derechos-, no han logrado encontrar ninguna estrategia para mejorar las condiciones laborales ni resolver la atención hacia la comunidad. Todo lo contrario, permitieron el colapso sanitario dejando a la comunidad con un sistema de salud sin recursos humanos. La solución para ellos es disminuir el presupuesto en salud, hacer protocolos discriminatorios entre la comunidad y el personal de salud, permitir que las ART no nos protejan, otorgar dádivas económicas en lugar del derecho al salario digno, y condenarnos a la falta de insumos”.
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