La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) rechazó este lunes por unanimidad, en un plenario de secretarios generales, el desconocimiento de la paritaria salarial docente por parte del gobierno provincial y reclamó la constitución de una mesa de dialogo. La marcha de los maestros se producirá desde las 10:00, el próximo jueves 1 de febrero, cuando el gobernador Martín Llaryora, inicie las sesiones legislativas de 2024.
Cabe recordar que el pasado 26 de enero, en una audiencia realizada en la Secretaría de Trabajo de la Provincia, la Provincia ratificó que no cumpliría con el acta acuerdo salarial 2023 firmada por la administración del ex gobernador Juan Schiaretti, que determinaba la actualización automática por inflación de los sueldos de enero (IPC de diciembre de 2023) y febrero (IPC de enero 2024).
En el encuentro, los representantes oficiales informaron que proponían aplicar un aumento de 14.6% para el mes de enero y un porcentaje equivalente al 50% respecto del índice de inflación que publica la Dirección de Estadística y Censo de Córdoba para los meses de febrero y marzo, que podrá ser distribuida conforme particularidades del escalafón docente.
La UEPC rechazó ese ofrecimiento y exigió que “se cumpla el acta acuerdo salarial 2023 en todos sus términos, es decir, con la actualización automática por inflación”.
También reclamó que la discusión paritaria para este 2024 inicie a partir de febrero como establece “el acta antes mencionada”.
El resto de los gremios con actuación en el sector público aceptaron la propuesta oficial de desconocer la paritaria 2023 y establecer un nuevo acuerdo salarial para los meses de enero, febrero y marzo de 2024. Ese esquema fue firmado por el Sindicato de Empleados Públicos (SEP), la Unión del Personal Superior (UPS) y el Sindicato Vial provincial, entre otros gremios.
El Ejecutivo provincial instrumentó un fuerte ajuste que incluyó el despido a fin de año de al menos 1500 trabajadores contratados, de los cuales luego fueron reincorporados 800. La mayoría de las cesantías se produjeron en el sector salud.
Llaryora y el PJ cordobés son “aliados ligth” del oficialismo, incluso sumando varios funcionarios al gabinete nacional. El gobernador cordobés ha participado activamente de las negociaciones con JxC para garantizar la aprobación de la Ley Ómnibus, que facilita un fuerte ajuste económico nacional, un paquete de desregulación económica, y el otorgamiento, inconstitucional, de facultades legislativas al presidente Javier Milei.
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