El secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Federico Giuliani, confirmó que hasta este miércoles hay 83 trabajadores despedidos en el sector salud y 58 en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF). Por su parte, el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) no dio a conocer una cifra, pero pidió al Ejecutivo que “no se den de baja agentes de salud, educación y seguridad, áreas en las que sigue faltando personal”. Las cesantías se han producido en toda la provincia. La medida del gobierno de Martín Llaryora se produce en el marco de un plan de ajuste de las cuentas públicas provinciales.
ATE se declaró en estado de alerta y movilización y sumó la demanda de reincorporación de los despedidos a la jornada de lucha nacional convocada por ese gremio, el próximo 15 de enero. “Nos ponemos a la cabeza del reclamo por la reincorporación de los despedidos injustamente, exigiendo la urgente respuesta de devolver la fuente laboral a quienes han sido esenciales y hoy son tratados como descartables. Nos declaramos en estado de alerta y movilización hasta que haya una respuesta positiva al pedido de reincorporación”, señaló el gremio.
Mientras que el Sindicato de Empleados Públicos (SEP), reclamó al Gobierno provincial la conformación “de un ámbito para la revisión de las bajas producidas”. La información fue dada a conocer a través de un comunicado de prensa.
Allí, también plantea que el gobierno considere la “antigüedad, no sólo como contratado, sino también como monotributista, becario o cualquier otra forma precaria de contratación, ya que son numerosos los agentes que han trabajado años bajo estas formas antes de pasar a contrato”.
También solicita que se tenga en cuenta el legajo, “no dando de baja a agentes que no registran sanciones” y recuerda al Ejecutivo “la vigencia del art. 40 de la Ley 7233 que establece el pago de una indemnización igual a un mes de la mejor remuneración por cada año de servicio para los contratados que fueran dados de baja sin causa”. Por último, expresa que “no pueden ser dados de baja representantes gremiales electos (delegados y directivos) que cuentan con tutela sindical”.
La mayoría de los 141 empleados cesanteados por el gobierno tienen una antigüedad de entre 3 y 4 años, pero hay trabajadores con más años de trabajo, precisó Giuliani a ENREDACCIÓN.
El gobierno de la provincia informó el martes 2 de enero que todos los trabajadores con “contratos de servicios” en la Administración Pública fueron dados de baja a partir del 31 de diciembre. La información fue dada a conocer por el secretario General de la Provincia, David Consalbi, a través de un comunicado de prensa.
Dice el comunicado oficial que “la Secretaría General de la Gobernación informa que el pasado 31 de diciembre de 2023 vencieron los contratos de servicios de agentes que se encontraban vinculados en el ámbito de la Administración Pública Provincial”.
Agrega que “esta clase de contratos tiene vigencia por un tiempo determinado y posee fecha de caducidad, por el cual su término opera de pleno derecho y no debe sorprender a quienes se encontraron vinculados por este instrumento.
También señala que “los responsables de cada jurisdicción evaluarán en su nueva estructura orgánica la necesidad del área y aquellos servicios que se consideren indispensables serán objeto de análisis”.
La medida es un nuevo capítulo del ajuste de las cuentas provinciales que puso en marcha el gobernador Llaryora. El último miércoles de 2023, la Legislatura provincial aprobó una suba del 2% a los aportes de la Caja de Jubilaciones, con opción a otro porcentaje igual; y del 1% para el Apross -la obra social estatal-. La misma iniciativa faculta al Apross a establecer un aporte solidario regular y a constituir un fondo complementario con el aporte mensual de los afiliados y beneficiarios para atender enfermedades emergentes, tratamientos prolongados, prácticas y tecnologías innovadoras.
Por otro lado, si bien la Provincia pagó en diciembre el incremento inflacionario de 12,9% del mes de noviembre de 2023, en línea con la paritaria salarial firmada en septiembre de 2023, desconoció el acuerdo en lo relativo a la inflación de diciembre de 2023. Según distintas consultoras económicas, el IPC de diciembre podría llegar a un incremento de entre 25 y 30%.
El ajuste provincial es un coletazo del plan económico del gobierno nacional. La devaluación del peso de 119% en diciembre pasado, desató una fuerte escalada inflacionaria por la veloz traslación del dólar a precios internos. A ello, se agregaron las fuertes medidas de ajuste del gasto público nacional y la eliminación de la obra pública y de las transferencias a las provincias.
Este conjunto de políticas se suma a la disminución de los giros coparticipables al conjunto de los distritos por la eliminación del impuesto a las Ganancias de cuarta categoría a los trabajadores y la eximición del pago del IVA a productos de la canasta básica, disposiciones resueltas por el anterior gobierno nacional de Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa. La disminución de los envíos correspondientes a estos dos impuestos alcanza en Córdoba a los 7 mil millones de pesos mensuales.
El PJ cordobés negoció la llegada de Osvaldo Giordano a la ANSES y Franco Mogetta a la Secretaría de Transporte buscando darle volumen político y sostén territorial al nuevo Gobierno. Al igual que el Pro liderado por el ex presidente, Mauricio Macri, forman parte del gobierno nacional. Se trata de un acuerdo de “baja intensidad”. En ese marco, los legisladores nacionales que responden a Juan Schiaretti y a Llaryora, los dos principales dirigentes del PJ cordobés, darían apoyo, en general, a la Ley Ómnibus que envío el gobierno nacional al Congreso.
> ENREDACCIÓN trabaja con información de TÉLAM.
SUSCRIBITE A DOSSIER360.
HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.
RECIBÍ EL NEWSLETTER DE NOTICIAS DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.
CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.
