Soledad Laciar, la madre de Blas Correas, el adolescente asesinado durante un control policial en agosto de 2020 en la ciudad de Córdoba y por el cual 11 efectivos fueron condenados en marzo último, criticó la decisión de un fiscal provincial de derivar la investigación de funcionarios políticos vinculados al caso al Fuero Anticorrupción, y se manifestó “triste y decepcionada”.
Se trata del ex ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera; el secretario de Seguridad, Sebastián Mezzano; la actual jefa de la Policía provincial Liliana Rita Zárate Belletti; y el jefe zonal sur de la policía, comisario Gonzalo Cumplido.
A ellos se les adjudican presuntos delitos de “omisión a los deberes de funcionario público y encubrimiento por omisión de denuncia agravado por la calidad funcional, por la gravedad del hecho precedente y por haber sido cometido en ejercicio de sus funciones”.
Laciar, madre del joven asesinado en el marco de un caso de violencia institucional, cuestionó al fiscal de instrucción José Mana por derivar las actuaciones al Fuero Anticorrupción por tratarse de funcionarios políticos los sospechados.
“Me siento muy triste, indignada y defraudada porque lo que se está buscando es la impunidad de los responsables políticos del encubrimiento”, manifestó Laciar a Télam tras la decisión del fiscal Mana, quien había sido designado para ser el investigador de la segunda etapa del “Caso Correas”.
“En más de 20 años ese fuero no investigó ni condenó un solo caso de corrupción, por el contrario, fue creado para proteger a los funcionarios y políticos”, aseveró la madre del chico de 17 años asesinado de un balazo en un control policial cuando se movilizaba en un automóvil con cuatro amigos, hecho que ocurrió en la madrugada del 6 de agosto de 2020 en la capital local.
Durante un juicio, que había comenzado el 7 de setiembre de 2022 y concluido el 31 de marzo de este año, un jurado popular declaró culpables a 11 de los 13 policías que, con distintas responsabilidades, fueron acusados durante el proceso, entre ellos los cabos primero Lucas Gómez (37) y Javier Alarcón (35).
Tanto Gómez como Alarcón recibieron la pena de “prisión perpetua” por ser quienes efectuaron los disparos contra el vehículo en el que circulaba el grupo de amigos y uno de los proyectiles causó la muerte de Blas.
En el fallo también quedó probado que la conducta policial se enmarco delito de “violencia institucional”.
Los jueces de la Cámara 8va. del Crimen decidieron, además, remitir los antecedentes a la Fiscalía de Instrucción para que se inicie investigación penal contra funcionarios que estaban a cargo de distintas áreas de seguridad al momento del hecho.
“Necesito conocer toda la verdad, no solo una parte. El poder político entregó a la tropa policial y quiere la impunidad para los autores intelectuales del encubrimiento”, consideró Laciar, ante la decisión de poner en manos del Fuero Anticorrupción la “investigación clave para develar a los responsables políticos” de las maniobras que pretendieron encubrir el crimen de su hijo.
En el debate oral y público “quedó totalmente probado que hubo violencia institucional, es decir, que a Blas lo mató el Estado, por lo tanto desde la justicia del mismo Estado tiene que haber voluntad de cambio para que esto no vuelva a ocurrir. Si hay impunidad nada va a cambiar”, reprochó la mujer.
Asimismo dijo que la maniobra judicial tiene que ver con el contexto político electoral: “Quieren esconder el caso en un cajón del escritorio del Fueron Anticorrupción”, dijo la madre de la víctima. “Este acto de injusticia me anima más que nunca a seguir luchando. No me van a detener”, remarcó.
> Con información de TÉLAM.
