La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba (APDH Córdoba) reveló que sólo siete genocidas (12%) siguen alojados en cárceles comunes de un total de 58 represores condenados por haber cometido delitos de Lesa Humanidad desde 2008. Los otros 51 fueron beneficiados con la prisión domiciliaria y de ellos, seis fallecieron (10,34%).
El organismo de DD.HH. emitió un documento con la firma de sus cuatro co-presidentes, Mabel Sessa, Luis Baronetto, Alfredo Schclarek Curutchet y Carlos Vicente. Lo hizo al cumplirse un nuevo aniversario del golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976.
Dice la organización que “entendemos que la imprescriptibilidad de la persecución penal de los crímenes de Lesa Humanidad se funda en la necesidad de que no queden impunes, puesto que está comprometido el interés de la comunidad internacional, de la cual Argentina es parte” y plantea que “no queremos convivir con genocidas sueltos, sabemos que algunos no cumplen con la prisión domiciliaria, y no tienen la vigilancia que ameritan los graves crímenes cometidos por ellos”.
En esa línea, exigen que “el Estado nacional debe cumplir con los compromisos internacionales asumidos, en virtud del cual la garantía de la tutela judicial efectiva de los Derechos Humanos comprende, también el derecho de las víctimas y sus familiares al conocimiento de la verdad y el castigo penal de los autores de delitos de Lesa Humanidad”.
Agrega que “los compromisos del Estado ante organismos internacionales, incluyen la obligación de sancionar a los culpables de delitos de lesa humanidad, lo que implica no solo la condena judicial sino su cumplimiento efectivo. No se puede pretender válidamente separar la condena de su efectivo cumplimiento. Por ello, en el cumplimiento de la pena por un delito de lesa humanidad, también está comprometido el interés de la comunidad internacional, caso contrario el delito quedaría impune”.
LOS JUICIOS Y LOS CONDENADOS
Recuerda el pronunciamiento que “desde 2008, cuando se llevó adelante en los Tribunales Federales de Córdoba el primer juicio contra ex miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad por delitos de Lesa Humanidad -la causa “Brandalisis”-; hasta principios de este mes de marzo de 2023, que se inició el juicio por la causa “La Casa de Guiñazú”, se realizaron en esta provincia 13 juicios por delitos de terrorismo de Estado”.
Señala la APDH Córdoba que en base a la información aportada por el Ministerio de Justicia y DD.HH. de la Provincia de Córdoba, en estos 15 años fueron alojados en las cárceles provinciales dependientes del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC), un total de 58 genocidas condenados por los Tribunales Federales de Córdoba y de otras jurisdicciones.
Precisa, además, que “de ese total de condenados por delitos cometidos en el marco del Terrorismo de Estado desde 1975 a 1983 a penas de prisión efectiva alojados en cárcel común, sólo siete de esos 58 condenados, el 12%, sigue purgando condenas en establecimientos penitenciarios”.
MENÉNDEZ
Entre los 51 beneficiados con la prisión domiciliaria, se destacó el caso del genocida Luciano Benjamín Menéndez, jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, quién sólo por la megacausa La Perla fue condenado en 2016 a prisión perpetua, tras ser hallado culpable de la desaparición de 282 personas, 52 homicidios, 260 secuestros y 656 casos de tortura. “El mayor genocida de Córdoba, recibió 15 condenas por delios de lesa humanidad, de las cuáles, 13 fueron a prisión o reclusión perpetua”, reseña el informe de APDH.
Agrega que “cuando se inició el megajuicio, en diciembre de 2012, Menéndez estaba alojado en el complejo carcelario “Padre Lucchesse” de la localidad de Bouwer, al sur de esta Capital.
Sin embargo, en 2013, los integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal, los magistrados Eduardo Righi, Luis María Cabral y Angela Ledesma le otorgaron el beneficio de arresto domiciliario”.
Sigue diciendo que “en noviembre de 2012, días antes del inicio de la megacausa por el centro clandestino de detención La Perla, Menéndez y otros represores habían sido condenados por el asesinato de los sacerdotes riojanos Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville a la pena de prisión perpetua. Por este fallo en La Rioja, la defensa de Menéndez y de otro de los condenados, el comodoro Luis Estrella; no recusaron la condena en sí, sino el lugar de cumplimiento –la cárcel- y la Cámara Federal de Casación Penal ordenó que la condena se cumpla en los domicilios que los represores, atendiendo que ambos ya tenían más de 70 años de edad y su salud estaba deteriorada”.
El ex jefe del III Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez.
Resalta que “en agosto de 2016, cuando la Justicia Federal de Córdoba dio a conocer la sentencia a 38 represores por delitos de lesa humanidad cometidos en La Perla, entre ellos Menéndez, el ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército ya gozaba del beneficio de la prisión domiciliaria. El genocida murió en febrero de 2018 en el Hospital Militar Córdoba, donde había sido trasladado por sus familiares desde su domicilio de barrio Bajo Palermo, en Córdoba Capital”.
LOS FALLECIDOS
Además de Menéndez, entre los 58 genocidas condenados, hubo otros cinco que fallecieron gozando del beneficio de prisión domiciliaria. Son los siguientes:
-En enero de 2011 murió en su chalé del barrio Cerro de las Rosas, el último jefe del Ejército durante la dictadura militar, general retirado Cristino Nicolaides; el único cordobés acusado de haber apropiado ilegalmente bebés. En 2007, Nicolaides había sido condenado a 25 años de prisión, por la desaparición de seis militantes montoneros; pero la Justicia le permitió purgar su condena en su casa.
-El ex comodoro Luis Estrella –condenado por el asesinato de monseñor Enrique Angelelli y de los sacerdotes Murias y Longueville- murió en enero del año pasado en su casa de Ascochinga. -Otro de los genocidas fallecidos en prisión domiciliaria es el ex jefe de la Policía de Córdoba, Alberto Luis Choux.
-El sargento policial Calixto Luis “Chato” Flores murió en junio del año pasado en una clínica de la ciudad de Córdoba.
-En agosto de 2021, falleció el ex teniente coronel Jorge Eduardo Gorleri, quién se desempeñó como jefe de la División III de Operaciones del Comando de la Brigada de Infantería Aerotransportada IV, desde diciembre de 1977 hasta febrero de 1979. En abril de 1976, un mes después del golpe cívico militar del 24 de marzo, Gorleri encabezó la quema de miles de libros. Condenado a cadena perpetua, en enero de 2018 había sido beneficiado con prisión domiciliaria.
CON PRISIÓN DOMICILIARIA
Indica el trabajo de la APDH Córdoba que “entre los 45 represores que este 24 de marzo estarán en sus viviendas disfrutando del beneficio de la prisión domiciliaria por motivos de salud o por ser mayores de 70 años de edad, se destacan, entre otros, el ex capitán carapintada Ernesto Guillermo “Nabo” Barreiro y los oficiales del Destacamento de Inteligencia 141 del Ejército, teniente primero Carlos “El Principito” Villanueva y sargento Carlos “HB” Díaz, quienes están siendo juzgados actualmente por el Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba, por delitos de lesa humanidad como secuestros, torturas y homicidio cometidos en 1979 en la llamada causa “La Casa de Guiñazú”, una casa apropiada ilegalmente detrás del predio del Liceo Militar General Paz, donde operó un centro clandestino de detención desde 1977”.
Sobre Barreiro expresa, además, la posibilidad de que continué realizando tareas de inteligencia. “La gravedad del otorgamiento de este tipo de beneficios a represores condenados, radica en el riesgo procesal para el desarrollo de las investigaciones en curso, ya que este tipo de personajes, más allá de las dolencias reales o no en su salud, siguen siendo miembros activos del aparato represivo, como el mismo Barreiro lo confesó” en distintas entrevistas.
En diciembre de 2014, en una entrevista ante la TV chilena, dijo desde prisión había realizado tareas de inteligencia referidas a restos humanos hallados en el predio del CCD La Perla, en los hornos de la cantera “La Ochoa” y de excavaciones cerca de la localidad de Villa Ciudad de América: “Una investigación está dirigida a los lugares de enterramiento y entonces se trabajó sobre los hornos… Pero violentamente, se dirigieron a otros lugares que no llegaron a nada. Nosotros haciendo trabajo de inteligencia pudimos determinar que ese es uno de los lugares probables de los enterramientos. Tenían pistas de ello. Yo no soy testigo ni vi absolutamente nada. Hace dos meses, encontraron restos allá. ¿Me comprende? En otro momento, voy a volver a hablar de cómo se encontraron esos restos porque la versión oficial es mentira”.
En 2019, cuando recibió el beneficio de la prisión domiciliaria, el presidente honorario de la APDH, Rubén Arroyo, había advertido que “es muy grave el beneficio que se le otorga a este represor. En vez de purgar condena en una cárcel común, Barreiro está en un predio del Ejército como es Campo de Mayo. Y en su casa, dispondrá de mayor libertad para seguir realizando sus operaciones de inteligencia. No debemos olvidar el antecedente del genocida Miguel Etchecolatz y la desaparición de Julio López”.
Por último, Arroyo había apuntado que “Barreiro admitió que desde prisión había realizado tareas de inteligencia. Si las autoridades judiciales y penitenciarias no impidieron que este genocida realizara tareas de inteligencia, de lo que es experto, ¿cómo van a tratar de impedir que lo siga haciendo, con el riesgo que eso conlleva para la democracia?”.
