Un total de 13 policías serán sometidos desde este miércoles a un juicio con jurados populares por el crimen de Blas Correas, el adolescente de 17 años asesinado de un balazo durante un operativo de control de seguridad, en agosto de 2020, en la ciudad de Córdoba.
La apertura de la audiencia pública está prevista para las 9 del miércoles, en la sede de tribunales de la capital cordobesa, y estará a cargo del tribunal técnico de la Cámara 8va. del Crimen y con un jurado popular, 8 titulares y 8 suplentes.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación tendrá participación como ‘amicus curiae’ (asesores jurídicos voluntarios del Tribunal), en tanto que Amnistía Internacional solicitó ser admitida como ‘observador’ del juicio.
“En este juicio se va a demostrar la responsabilidad institucional de la policía y la culpabilidad de los efectivos, pero lamentablemente no van a estar los responsables políticos que tienen mucho por para decir”, dijo a Télam Soledad Laciar, la mamá de Blas.
“Hay trece acusados que, con distinto grado de responsabilidad, arrebataron a mi hijo. Hay pruebas de sobra para que sean condenados. Yo regreso a mi casa sin él, pero que la lucha sirva para que no vuelva a pasar”, destacó la mujer, que estará representada por el abogado Alejandro Pérez Moreno.
También se manifestó con expectativas de que durante el juicio “puedan surgir elementos de pruebas para investigar sobre otras responsabilidades”.
De acuerdo a los datos de la instrucción de la causa, en la madrugada del 6 de agosto del 2020 Juan Cruz Camerano Echevarría (20) conducía un Fiat Argo junto a cuatro amigos compañeros de colegio (Blas, C.T., C.B.C. y M.N.), todos de 17 años en aquel entonces y quienes habían acordado encontrarse para ir a un bar.
Cuando circulaban por avenida Vélez Sarsfield y Romagosa, del barrio Colinas, en el sur de la capital cordobesa, se cruzaron con un control policial de prevención donde los efectivos hicieron señas al conductor para que descienda la velocidad, aunque al acercarse al puesto de seguridad aceleró la marcha. En su testimonio, Echeverría dijo que se asustó porque cuando estaba por detenerse observó que uno de los policías empuñaba un arma y lo apuntaba a la cabeza.
Mientras los efectivos notificaban a los comandos y móviles, el cabo 1° Lucas Damián Gómez (37) efectuó cuatro disparos con su arma reglamentaria contra el auto que se movilizaban los jóvenes “con intención de matarlos”, según describió la pieza procesal de elevación a juicio.
Por su parte, el cabo 1° Javier Catriel Alarcón (33), que también se encontraba en el puesto de control, “en acuerdo tácito (con Gómez) y aportando al plan común de dar muerte a los ocupantes del vehículo”, efectuó dos disparos sobre el vehículo en marcha “a sabiendas que no había justificación legal para ello”.
La acusación sostuvo que “Gómez y Alarcón desplegaron las conductas supra descriptas abusando de su función, en contra de la normativa que regula el debido uso de las armas reglamentarias por parte de las fuerzas de seguridad”.
A su vez, las pericias determinaron que uno de los cuatro disparos efectuados por el suboficial Gómez impactó sobre la zona de la escápula derecha de Valentino, que le ocasionó lesiones en el lóbulo inferior del pulmón derecho, la vena cava inferior y el ventrículo derecho, determinándose que la causa eficiente de la muerte fue por el traumatismo de tórax provocado por el proyectil.
Mientras que los demás ocupantes del auto no sufrieron heridas; no obstante, uno de los disparos traspasó el apoyacabeza y la capucha del adolescente C.B.C., a milímetros de su cráneo.
Posteriormente, y con el objetivo de simular un enfrentamiento con un grupo armado, los policías ‘plantaron’ un arma en las cercanías del lugar.
Ante de ser detenidos por la Policía, los amigos llevaron al adolescente hasta el sanatorio Aconcagua, donde se negaron a atenderlo, y por esa desatención se tramita otra causa que fue elevada a juicio.
En esa causa hay tres empleados de ese sanatorio (Sergio Casalino, Guadalupe Moya y Paola Andrea Mezzacapo) están imputados por ‘abandono de persona’ y ‘omisión de auxilio’.
En tanto, los suboficiales Gómez y Alarcón llegan al juicio como ‘coautores de homicidio calificado por haber sido cometido en abuso de su función y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego, homicidio calificado por abuso de su función en grado de tentativa reiterado -cuatro hechos- y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego en grado de tentativa reiterado -cuatro hechos”.
Y los restantes acusados, todos policías, son Sergio Alejandro González, Wanda Micaela Esquivel, Yamila Florencia Martínez, Walter Eduardo Soria, Enzo Gustavo Quiroga, Jorge Ariel Galleguillo, Leonardo Alejandro Martínez, Rodrigo Emanuel Toloza, Ezequiel Agustín Vélez, Leandro Alexis Quevedo y Juan Antonio Gatica.
Los cargos que enfrentan estos últimos son ‘falso testimonio, encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la calidad funcional y omisión de deberes de funcionario público’.
Durante el debate, serán los fiscales Fernando López Villagra y Marcelo Hidalgo quienes buscarán probar estas acusaciones.
> Con información de TÉLAM.
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