El jueves 28 de abril, a partir de las 17:00 se realizará en el Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba una audiencia pública en defensa de las libertades democráticas. La misma es convocada por la concejala del FIT- Partido Obrero, Cintia Frencia.
Según explica en un comunicado de prensa, contará con la presencia de Soledad Díaz, dirigente del FIT-PO y abogada, y Emanuel Berardo, dirigente del Polo Obrero. También participarán representantes de la Mesa de Trabajo por los DD.HH. de Córdoba; Elia Espen, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Carmen Verdú (Encuentro Memoria Verdad y Justicia); Viviana Alegre (mamá de Facundo Rivera Alegre), junto a familiares de casos de gatillo fácil; César Arakaki y Sebastián Copello, activistas sociales procesados por luchar; luchadoras por el derecho a la vivienda reprimidas y procesadas por reclamar tierras y servicios esenciales; abogadas de APEL (Asociación de Profesionales en Lucha); activistas de la asamblea de Paravachasca; abogadas del caso de Cecilia Basaldúa; dirigentes del movimiento piquetero; y referentes del Frente de Izquierda Unidad.
Frencia explicó que “convocamos a esta audiencia en respuesta a las iniciativas presentadas tanto por el bloque de Hacemos por Córdoba, como por el concejal Juan Negri, tendientes a reforzar el Código de Convivencia en materia represiva, aumentando multas y sanciones, contra las organizaciones sociales y sectores populares que se movilicen en la ciudad”.
La concejala dijo que “se trata de un grave acto de discriminación contra el pueblo pobre, que viola derechos democráticos esenciales, como el derecho a peticionar ante la autoridad, el derecho a huelga, o a organizarse y luchar. No es un problema de circulación. Los que reclaman ‘mano dura’ para los trabajadores no tienen empacho en subirse a los tractores de la sociedad rural que colapsaron el tránsito en CABA o en Córdoba días atrás”.
Plantea que “Esta iniciativa tiene lugar en un contexto de recrudecimiento de la política represiva contra los sectores populares. A las condenas a prisión efectiva de Cesar Arakaki y Daniél Ruíz por haber participado de las masivas movilizaciones de diciembre del 2017 contra la reforma jubilatoria del macrismo, se suma el encarcelamiento de Sebastián Copello y una decena de activistas en Jujuy por reclamar trabajo y asistencia social, o la reciente imputación de Víctor da Vila y Martín Rodríguez en Mendoza por haber participado del multitudinario acampe piquetero nacional”.
Por último, expresa que “con esta audiencia damos un impulso al proyecto presentado por el FIT para derogar toda legislación contraria al derecho a la protesta, ratificando la defensa irrestricta de las libertades democráticas, conquistas que le han costado sangre al pueblo argentino”.
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