Gotero. Brenda Chignoli muestra la medicina de Magalí, que fue recuperada el sábado. Foto: Sebastián Salguero.
Afuera la llovizna enfría el aire de la mañana del sábado 8 de abril. El guardia de la puerta tiene la gorra mojada y hunde sus manos en los bolsillos de la campera gruesa. Adentro, en el edificio de la Policía Federal de Córdoba, Magalí Trujillo, de 14 años, se desparrama en una silla y duerme su segunda siesta, aunque recién son las 11. Enfrente suyo, sobre un escritorio viejo y astillado, hay un paquete envuelto en papel madera. Es del tamaño de una bolsa con un cuarto de criollitos, pero no tiene criollitos. Tres mujeres con camperas de la Federal no le sacan los ojos de encima. “Acá está, esto es suyo”, dice una de las uniformadas, haciendo una seña con la cabeza. Entonces Nancy Ávila, la mamá de Magalí, toma el paquete y comienza a romperlo. Se impacienta, como una niña que abre los regalos en su fiesta de cumpleaños. Tironea el papel hasta destrozar los rótulos con inscripciones judiciales que lo sellaban y logra por fin extraer lo que vino a buscar desde Catamarca: un gotero con aceite cannábico, la medicina que usa su hija para hacerle frente al síndrome de West.
Lo levanta como un trofeo, y dice: “Esto es histórico. Quedará como el día en que la Policía le entrega droga a las narcotraficantes, o sea, a nosotras”. Su amiga Brenda Chignoli, la activista a favor del autocultivo de cannabis para uso medicinal, la abraza y larga una carcajada. Hasta las uniformadas ríen, menos Magalí, que duerme indiferente a la escena.
La ironía de Nancy, en los hechos, es la concreción de una resolución judicial inédita en el país. La que emitió el juez federal N°2 Alejandro Sánchez Freytes a favor de devolver parte del aceite incautado por la Policía de Córdoba, en un operativo realizado el 29 de marzo en la propiedad de Chignoli. En su casa de Villa Esquiú, Brenda cultiva y fabrica aceites para más de 150 pacientes de todo el país, que encuentran en los derivados de la planta un paliativo para sus dolencias.
UN BLANQUEO PARA LOS CULTIVADORES
Todo sucedió en diez días claves para el activismo cannábico. Mientras aún restan 60 días para que se reglamente la Ley nacional de cannabis medicinal, la resolución reconoció a los pacientes, priorizando el derecho a la salud por encima de los intereses punitivos de la ley de drogas, declarada inconstitucional en 2009.
Además sirvió para “blanquear” el trabajo de los cultivadores, en este caso de Brenda Chignoli y su pareja Sergio Moyano, que desde hace año cultivan y producen –en la ilegalidad- aceite cannábico con fines terapéuticos. “Magalí llegó a la Justicia a pedir su aceite de la mano de un cultivador, no de otra persona. Y es un punto de referencia, porque la nueva ley no permite el autocultivo, es una ley para importar aceites de las grandes droguerías extranjeras”, dice Moyano a ENREDACCIÓN.
Moyano cree que la resolución es también un resguardo ante el avance policial sobre los cultivos de los activistas. “Entraron a mi casa sin orden de allanamiento y perjudicaron a más de 300 personas que esperaban su medicina. Ahora la Policía lo va a pensar dos veces”, sostiene.
El pedido de otras 40 familias que esperaban el aceite incautado sigue sin resolverse en el Juzgado Federal N°2. Los usuarios cuentan con el apoyo del Ministro de Salud de Catamarca, Ramón Figueroa Castellanos, quien se ofreció a recibir en nombre del Estado los aceites que están en poder de Sánchez Freytes. La entrega podría efectivizarse este miércoles.
CONSULTAS POLICIALES
Trámite. Tres efectivos de la Policía Federal preparan la restitución de la medicina a Magalí. Foto: Sebastián Salguero.
Nancy Ávila ha viajado toda la noche junto a sus hijas, Cinthia y Magalí, para buscar un frasco que se le acabará en un mes. Desde que su hija comenzó a usar el cannabis, hace diez meses, redujo a la mitad las más de mil convulsiones diarias y dejó de consumir las 16 pastillas que, cuenta, le provocaba “un revoltijo en la panza” a la niña. “Es todo gracias a Brenda, ella me devolvió algo de mi hija”, dice.
En la oficina de la Federal, una de las mujeres uniformadas se acerca y le habla despacio a Chignoli en el oído. Le cuenta que tiene un hijo con autismo. “Está acá, en la oficina de al lado. ¿Quiere verlo?”, pregunta. Puerta de por medio, un niño de diez años dibuja sentado en el piso. Brenda y la policía se pierden por unos minutos. “Es la primera vez que no me maltratan como si fuera una narco en una comisaría, si no que me hacen consultas”, dirá después.
Una vez afuera, la lluvia termina de despabilar a Magalí. “Está para cagarse de frío”, es lo primero que dice. Las mujeres caminan apuradas. A las 14 deben tomar el colectivo de vuelta. Las frena un móvil de Canal 10. Van a dar una nota. Entonces Magalí arranca el micrófono de la manos de la movilera y comienza a cantar la canción de Pasión de Gavilanes, su novela favorita: “Mírame yo soy la otra –entona y se contonea–, la que tiene fuego, la que sabe bien qué hacer”. Nancy la apura: “Cantás hermoso, pero devolvé eso porque es caro. Rajá, mové las patas que llegamos tarde a la terminal”, le dice. Cruzan la calle y suben a un taxi que se pierde.
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