El edificio central de la EPEC, en Córdoba.
Los números son odiosos, pero le dan entidad a las políticas que se llevan adelante, en este caso con un profundo sesgo de inequidad. Señala la presentación judicial que usuarios de EPEC con el patrocinio de Ciudadanos contra el Tarifazo y los abogados Horacio Viqueira y Valentina Enet, realizarán hoy: “la “tarifa residencial” aumentó desde enero de 2018 a noviembre de 2018, un 53%; sin embargo al haber eliminado la “tarifa solidaria” y aplicar la “Tarifa Social Provincial” (TSP) en el mismo periodo, la factura de los usuarios carenciados aumento un 269% y la factura de los indigentes un 234%, lo que explica la conmoción social que han generado”.
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¿De dónde surgen los incrementos?
“La “tarifa solidaria: carenciados” establecía como beneficios, que el cargo fijo, costo de infraestructura y los primeros 150 kw/h mensuales eran sin costos; los 50 kw/h siguientes pagaban una tarifa equivalente al 11% de la tarifa residencial escalón 1, los 100 kw/h una tarifa equivalente al 40% de la tarifa residencial y el excedente de los 300 kw/h una tarifa que representaba el 82% de la tarifa residencial 1”, explican los demandantes.
Señalan que “la “tarifa solidaria: indigentes” determinaba como beneficios que el cargo fijo, costo de infraestructura y los primeros 100 kw/h mensuales eran sin costos; los 50 kw/h siguientes pagaban una tarifa equivalente al 11% de la tarifa residencial escalón 1; los 50kw/h una tarifa equivalente al 40% de la tarifa residencial, los 100 kw/h una tarifa equivalente al 40% de la tarifa residencial y el excedente a una tarifa equivalente al 83% de la tarifa residencial escalón 1”.
Con la puesta en marcha de “la tarifa social provincial (TSP) no (se) hace la distinción entre carenciados e indigentes, cobra el cargo fijo (normal), sólo le brinda sin costo los primeros 150 kw/h, los siguientes 150 kw/h, la tarifa que deben abonar es el 26% de la tarifa residencial 1 cuando antes era el 11%; los siguientes 150 kw/h cobran una tarifa superior a la tarifa que pagan los usuarios residencial 1 en un 10% y por los 200 siguientes la tarifa que le cobran es superior a la tarifa residencial en un 18%”.
Concluyen Viqueira y Enet, que “queda evidenciada la “quita” de los derechos que han sufrido aquellos usuarios que estaban comprendidos dentro de la tarifa “solidaria”, por lo que corresponde que sea declarada ilegal y se ordene a la EPEC que deje sin efecto la aplicación de la “tarifa social provincial” y liquide las facturas con la tarifa solidaria”.
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