El impuesto inmobiliario Rural representó apenas el 0,35% de los ingresos tributarios de origen provincial en 2015, cuando en 2003 había representado el 6,84%. Esto es, una disminución de 6,49% en doce años. De allí surge otro dato sustancial: los productores agropecuarios pagan impuestos a fondos específicos para obras que mejoran sus propiedades (caminos, canales, etc.) que en 2003 no existían y en 2015 representaron un 5,32% de los ingresos provinciales. Es decir, que Rentas Generales de la Provincia “privatizó” o transfirió recursos destinados al conjunto de la población a un sector específico de la producción como es el campo.
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Si se midiera el total de impuestos pagados por el campo en la provincia de Córdoba, en 2003 representaban el 6,84% y en 2015 alcanzaron un 6,32%, sumado el Inmobiliario y los Fondos específicos y sin contar sellos por otras operaciones. Es decir, que además se redujo levemente su incidencia sobre los ingresos de carácter provincial en un 0,52%, un achicamiento de 7,6% en los 12 años estudiados.
Los datos forman parte del trabajo de Fundación Otra Córdoba (FOC), titulado “Córdoba: Análisis de la situación fiscal 2003-2015 y los desafíos del presente”.
Dicho de otro modo, la provincia subsidió el desarrollo de infraestructura del sector agrario administrando los fondos específicos, pero restando por esa vía recursos para el uso general de la población y de otros sectores productivos: En 2003, el 6,84% de los recursos propios (recaudados por la provincia, excluidos los nacionales) estaban técnicamente disponibles para el conjunto de la sociedad. En 2015, ese porcentaje había caído a apenas el 0,35%.
Agricultura y Ganadería representaron en 2015 el 12,65% del Producto Bruto Geográfico.
A su vez, el Inmobiliario Rural no evolucionó en la misma proporción que el incremento del valor de la tierra que grava. Según estimaciones del sector, entre 2002 y 2015, en la zona núcleo de la provincia de Córdoba, el precio por hectárea había saltado 3.250% y en la zona productiva media, 2.600%. Sin embargo, el aumento de la valuación fiscal en 2017 sólo había sido de 1.700%.
En 2015, los recursos transferidos al campo para obras de infraestructura fueron de 1.381 millones de pesos.
El trabajo de FOC señala que “(la recaudación del impuesto rural) enmascara el hecho de que el valor de la tierra rural cordobesa ha crecido fuertemente en el período bajo análisis. Así, según datos publicados en López Accotto, Martinez y Mangas (2014), tal valor era en 2011, un 707% superior al observado en 2003, mientras que en dicho período la recaudación del impuesto inmobiliario rural (y fondos conexos) había crecido solamente un 362%, por lo que la brecha entre la valorización real de la base imponible y la presión fiscal efectiva, se había duplicado”. O dicho de otro modo, los productores pagaban en 2011 la mitad de lo que abonaban en 2003.
“Es obvio -explica el trabajo de FOC-, que la pérdida de participación del impuesto se debió a (…) una valuación fiscal y base imponible desfasada y alejada totalmente de los valores de mercado, más palmaria en la planta rural”.
También analiza que “la evolución de la recaudación del impuesto inmobiliario rural “puro” en la participación de los impuestos provinciales sufrió grandes alteraciones a la baja en toda la serie, y en contrapartida los “fondos” asumieron un rol preponderante en la imposición patrimonial”.
Finalizan los autores del estudio, diciendo que “(…) daría la impresión que la única forma que encontraran las autoridades cordobeses de sostener la imposición patrimonial rural es garantizándole a los propietarios rurales que la mayor parte de los recursos recaudados por esa vía iban a ser volcados para su propio beneficio”.
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