Fuerte respuesta popular y política al intento del gobierno de romper el pacto democrático de 1983

La Argentina que abraza el pacto democrático de 1983, el de la convivencia en democracia, sin dictaduras ni autoritarismos, en libertad, y con respeto de los derechos humanos, salió a expresarse este 24 de marzo, a 48 años del golpe de Estado cívico-militar de 1976. Salió a ponerle un límite claro y definido al gobierno ultraderechista de Javier Milei y Victoria Villarruel. Salió a disputar no sólo una agenda política, sino a mostrar la existencia de una sociedad convencida de que no puede haber marcha atrás en este territorio, porque es el espacio común, en paz y sin violencia.

Las movilizaciones fueron multitudinarias en todo el país. En la Plaza de Mayo y en las provincias. También tuvieron una potente luz política, porque tomaron parte los sectores que siempre impulsaron el reclamo de “memoria, verdad y justicia”, y se sumaron, entre otros, la UCR completa en algunos lugares o de sectores de ella, en otros. De la CGT y una enorme cantidad de sindicatos que se plegaron a la convocatoria de los organismos de DD.HH. Y de la gente, que tomó este domingo como un domingo importante para tratar de frenar la ofensiva fascista que desconoce el Terrorismo de Estado y el genocidio perpetrado en el país, desde 1974 hasta 1983.

El país se desayunó con un vídeo documental de propaganda, recortado arbitrariamente, y con el objetivo de construir un engaño, de orquestar una acción a partir de una mentira. El problema es que el video no fue de un director trasnochado, sino del gobierno nacional, uno de los poderes del Estado. La pieza propagandística busca revisar la historia y los fallos de la justicia argentina. Plantea que hubo una guerra en los ‘70, no Terrorismo de Estado, ni genocidio. Niega la cifra de 30 mil desaparecidos, plantean una fake news histórica al señalar que todo se hizo por dinero, y señala que el 24 de marzo es el “Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Completa”. Es decir, la famosa teoría de “los dos demonios” y de los militares y genocidas que, en los juicios, argumentaban que habían ganado en el campo de batalla, pero habían perdido la guerra política y cultural, que por eso habían sido juzgados. Intenta equiparar, burdamente, delitos comunes con el Terrorismo de Estado, algo que no es correcto y que ya ha sido saldado por la Justicia.

Hijos Córdoba publicó este 24 de marzo un tuit muy claro al respecto: “Aclaración para distraídxs: Los genocidas no están presos por “combatir el terrorismo”. Están en cana por robar bebés, secuestrar, torturar y asesinar personas indefensas, en reiteradas ocasiones, actuando en banda, con armas largas, utilizando para esto recursos del Estado”.

Mientras que el periodista Alejandro Fabri recordó un dato del juicio a las Juntas: “La Justicia en su fallo ejemplar sobre la Junta Militar dijo que no hubo una guerra. Un detalle básico: Si el 62% de los secuestros de personas se produjo mientras dormían en sus domicilios, ¿De qué guerra estamos hablando?”

Se trata de explicaciones simples, pero decisivas. Sobre todo, luego del vídeo de este 24 de marzo y de las declaraciones de la vicepresidenta Victoria Villarruel al canal TN la semana pasada, cuando dijo que en los 70 “un gobierno democrático había dado una orden y luego esos agentes del Estado fueron inculpados, y hoy tenés gente que está pagando penas más gravosas que (Jorge Rafael) Videla o (Emilio) Massera. Si el Estado da una orden, después debe hacerse cargo de las órdenes que da”. Para la vicepresidenta y para la furia tuitera del presidente Milei y su corte de Trolls, caprichosa y falazmente, no hubo Terrorismo de Estado.

Está claro que los militares, marinos, aviadores, policías y otros miembros de fuerzas de seguridad y civiles que han sido condenados, lo fueron por secuestrar, torturar, matar y desaparecer personas. Esto es, por cometer delitos de lesa humanidad.

Los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles para el derecho internacional. Argentina está obligada a perseguirlos porque adhirió e incorporó todos los tratados universales de DD.HH. a su Constitución en 1994 y, en consecuencia, a su sistema normativo interno. Los autores de crímenes de este tipo, deben ser perseguidos hasta que se haga justicia, en su propio país o en cualquier otro lugar del planeta. Un caso de este tipo, que modificó para siempre la aplicación de los tratados internacionales de DD.HH. y su alcance sin fronteras, fue la detención de Augusto Pinochet en Londres, el 16 de octubre de 1998.

EL MENSAJE DE CARLOTTO

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto leyó un extenso documento este 24 de marzo y remarcó que “Son 30.000 (los desaparecidos). Están presentes. Fue genocidio. Y este pueblo ya dijo nunca más”.

“Nuestros familiares, compañeros y compañeras luchaban por una sociedad más justa, igualitaria, solidaria y soberana. Por eso se los llevaron. Las mismas banderas tomamos los organismos de derechos humanos en pleno genocidio, cuando salimos a enfrentar a la dictadura más sangrienta. Y así lo hacemos hoy, porque el gobierno de Milei viene por todo: por nuestros derechos, por nuestra soberanía y por nuestra libertad”, resaltó.

Dijo también que “los partícipes civiles del terrorismo de Estado continúan en su mayoría impunes. Son el poder económico y empresarial del genocidio. Para ellos también exigimos juicio y castigo ya”.

Agregó que “la democracia argentina tiene una enorme deuda: restituir la identidad de unas 300 personas, la mayoría nacidas en las maternidades clandestinas de la dictadura, que hoy son adultos de entre 41 y 49 años. Ayudemos entre todos a las Abuelas de Plaza de Mayo y a sus familias legítimas a encontrarlos. Ayudemos a que todas las personas que tengan dudas acerca de su origen se acerquen a ellas y puedan transitar el camino de la verdad”.

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo propuso además y en respuesta a los planteos del gobierno, “una ley contra el negacionismo”. Según explicó, esta iniciativa buscará “sancionar a funcionarios, funcionarias y representantes elegidos que desestimen los crímenes y sus víctimas. Vamos a seguir defendiendo las políticas de Estado de Memoria, Verdad y Justicia, construidas sobre consensos democráticos y sostenidas por trabajadores y trabajadoras”.

La presidenta de Abuelas de Plaza Mayo, Estela Carlotto. (Foto: Prensa).

UNA DISPUTA DE FONDO

Una disputa política, económica, cultural y social, está en juego. Por primera vez, el poder financiero global tiene el control de la gestión del Estado e intenta construir una hegemonía que le permita imponer una estructura económica en línea con sus intereses. Javier Milei es el encargado de ejecutar esas políticas, es el representante de esos intereses.

Llegó al poder en alianza con sectores de la derecha neofascista vernácula, cuya cabeza en el gobierno es Villarruel. La vicepresidenta tiene una agenda reivindicatoria de los genocidas de las Fuerzas Armadas que viola el derecho argentino e internacional y para lograrlo procura forzar los acuerdos básicos del sistema político democrático argentino. Sin embargo, ninguno de los dos llegó al poder sólo para reescribir la historia o para lograr alguna reivindicación moral, si no, fundamentalmente, para crear las bases represivas que sostengan una economía desregulada, abierta al mundo, con clara preeminencia del capital sobre el trabajo, extranjerizada, alineada con Estados Unidos en la confrontación geopolítica mundial, y capaz de sostener ese dominio-control sin regresos incómodos de fuerzas populistas.

Para esos fines, es necesario reescribir los libros, construir un nuevo consenso político alrededor del rol de tutoría de las Fuerzas Armadas y Seguridad sobre la democracia, eliminar las disidencias todo lo que sea posible, y aislar a los sectores que proyecten otro modelo de país. Según las expresiones y acciones, este gobierno está dispuesto a hacerlo por las vías que sean más efectivas -Red X, censura, extorsión o criminalización de la protesta- y a las que pueda echar mano -como tratar de meter al Ejército en la lucha contra el narcotráfico-. A todo eso, este domingo 24 de marzo, los argentinos empezaron a decirle que no.

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