El gobierno provincial habría dado de baja los contratos de 3500 trabajadores de distintas áreas del sector público. El sector más afectado sería el de salud, con entre 1500 y 2000 cesantías en toda la provincia. Si bien la antigüedad de los empleados despedidos es variable, muchos de los afectados hace más de una década que desempeñan sus tareas en el Estado. La estimación fue realizada por el secretario General del Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba (SEP), Sergio Castro.
“Nosotros estamos pidiendo que todos los compañeros y compañeras sean restituidos en sus tareas. Le envié una nueva nota al gobernador Martín Llaryora, para que se conforme una mesa de diálogo y podamos analizar caso por caso. También solicitamos la intervención de la Secretaría de Trabajo para que convoque a las partes”, explicó el dirigente gremial a ENREDACCIÓN.
Dijo que “en este momento estamos haciendo asambleas y quite de colaboración en todos los hospitales de la Provincia” y la comisión directiva “se encuentra en sesión permanente para tratar de resolver esta situación”.
Castro detalló que “en las asambleas también están participando compañeros de los gremios estatales. Hemos realizado asambleas en el Domingo Funes, en Santa María de Punilla, Villa Dolores, Río Tercero, Santa Rosa de Calamuchita y Oliva, donde estuve yo. Vamos a seguir con las asambleas y el quite de colaboración en el sector salud y el lunes voy a participar de un acto de protesta en Deán Funes”.
El titular del SEP explicó que “el registro que ya tenemos en el gremio es de 500 contratos caídos. Sin embargo, muchos, como están de vacaciones, no han entrado al CIDI -sistema informático de la Provincia- y no han visto la notificación. Hoy se produjeron cinco bajas en el hospital de Tulumba -150 kilómetros al Norte de Córdoba Capital-. En ese centro de salud no hay enfermeros suficientes para prestar el servicio. En Jesús María dieron de baja a un médico cirujano. En el hospital San Roque, en Córdoba Capital, bajaron a siete compañeros y compañeros de terapia intensiva. Se suma a que no hay personal suficiente para realizar esa tarea. El personal está recargado, acumula licencias y francos para que el servicio siga funcionando”.
Agregó que “por ejemplo, en Tulumba, la única fuente de trabajo es el sector público. Es personal capacitado que no tiene dónde insertarse. A su vez, las bajas afectan a la ciudad y sus habitantes porque hay menos servicios”.
El secretario General del SEP, Sergio Castro. (Foto: Gentileza).
¿En qué otras áreas se han producido caídas de contratos?
Hemos registrado 100 bajas en administración central. También en la Agencia Córdoba Cultura, donde por ejemplo han sido dados de baja integrantes del ballet de la provincia y personal de iluminación del Teatro Libertador. También hay contratos caídos en las agencias Córdoba Joven, Córdoba Turismo y Córdoba Deportes.
QUÉ DIJO EL GOBIERNO
El gobierno de la provincia informó el martes 2 de enero que todos los trabajadores con “contratos de servicios” en la Administración Pública fueron dados de baja a partir del 31 de diciembre. La información fue dada a conocer por el secretario General de la Provincia, David Consalbi, a través de un comunicado de prensa.
Dice el comunicado oficial que “la Secretaría General de la Gobernación informa que el pasado 31 de diciembre de 2023 vencieron los contratos de servicios de agentes que se encontraban vinculados en el ámbito de la Administración Pública Provincial”.
Agrega que “esta clase de contratos tiene vigencia por un tiempo determinado y posee fecha de caducidad, por el cual su término opera de pleno derecho y no debe sorprender a quienes se encontraron vinculados por este instrumento”.
También señala que “los responsables de cada jurisdicción evaluarán en su nueva estructura orgánica la necesidad del área y aquellos servicios que se consideren indispensables serán objeto de análisis”.
EL ESCENARIO
La medida es un nuevo capítulo del ajuste de las cuentas provinciales que puso en marcha el gobernador Llaryora pese a que la administración del ex gobernador Juan Schiaretti anunció que había dejado recursos en caja por valor de 932 millones de dólares.
El último miércoles de 2023, la Legislatura provincial aprobó una suba del 2% a los aportes de la Caja de Jubilaciones, con opción a otro porcentaje igual; y del 1% para el Apross -la obra social estatal-. La misma iniciativa faculta al Apross a establecer un aporte solidario regular y a constituir un fondo complementario con el aporte mensual de los afiliados y beneficiarios para atender enfermedades emergentes, tratamientos prolongados, prácticas y tecnologías innovadoras.
Por otro lado, si bien la Provincia pagó en diciembre el incremento inflacionario de 12,9% del mes de noviembre de 2023, en línea con la paritaria salarial firmada en septiembre de 2023, desconoció el acuerdo en lo relativo a la inflación de diciembre de 2023. Según distintas consultoras económicas, el IPC de diciembre podría llegar a un incremento de entre 25 y 30%. Ahora, el Gobierno convocaría a los sindicatos del sector público a una nueva negociación a partir del 15 de enero próximo.
El ajuste provincial es un coletazo del plan económico del gobierno nacional. La devaluación del peso de 119% en diciembre pasado, desató una fuerte escalada inflacionaria por la veloz traslación del dólar a precios internos. A ello, se agregaron las fuertes medidas de ajuste del gasto público nacional y la eliminación de la obra pública y de las transferencias a las provincias.
Este conjunto de políticas se suma a la disminución de los giros coparticipables al conjunto de los distritos por la eliminación del impuesto a las Ganancias de cuarta categoría a los trabajadores y la eximición del pago del IVA a productos de la canasta básica, disposiciones resueltas por el anterior gobierno nacional de Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa. La disminución de los envíos correspondientes a estos dos impuestos alcanza en Córdoba a los 7 mil millones de pesos mensuales.
El PJ provincial negoció la llegada de Osvaldo Giordano a la ANSES y Franco Mogetta a la Secretaría de Transporte buscando darle volumen político y sostén territorial al nuevo Gobierno. Al igual que el Pro liderado por el ex presidente, Mauricio Macri, forma parte del gobierno nacional. Se trata de un acuerdo de “baja intensidad”. En ese marco, los legisladores nacionales que responden al ex gobernador, Juan Schiaretti, y a Llaryora, los dos principales dirigentes del PJ cordobés, darían apoyo, en general, a la Ley Ómnibus que envío el gobierno nacional al Congreso, aunque rechazarán el capítulo referido a retenciones.
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