Un empleado de la Clínica Aconcagua de la ciudad de Córdoba fue condenado a dos años y seis meses de prisión por abandono de persona en el caso de Blas Correas, el adolescente de 17 años baleado por la policía en agosto de 2020, y reconoció que no estaba capacitado para asistir a ese tipo de víctimas, informaron fuentes judiciales.
Se trata de Fernando Gabriel Casalino (44), quien trabajaba para la Clínica Aconcagua de la capital cordobesa y recibió una pena de ejecución condicional en el marco de un juicio abreviado.
Asimismo, el presidente de la Cámara Octava del Crimen, Marcelo Jaime, le aclaró que deberá cumplir una serie de pautas y condiciones hasta finalizar la pena, y le ordenó realizar un curso en reanimación cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios; además de realizar trabajo comunitario durante dos horas semanales por seis meses.
Semanas atrás, otras dos empleadas administrativas de la Clínica Aconcagua, Paola Mezzaccapo y Guadalupe Moya, fueron sobreseídas luego de abonar una compensación económica.
En el debate de este martes, el acusado admitió la culpabilidad y le pidió disculpas a la mamá de la víctima, Soledad Laciar, a quien intentó explicar que él no sabía qué hacer porque no tenía capacitación y dijo que trató de ayudar a su hijo cargándolo en el auto para que fuera al Hospital de Urgencias.
Al finalizar la jornada, Casalino se acercó a Laciar y dijo: “Soledad sos una luchadora y valoro la garra y esfuerzo que le ponés a esta causa. Hice todo lo que estaba a mi alcance esa noche”.
“Hubiese querido que actuaras de otra manera, no sé si Blas estuviera con vida hoy, pero quizás hubiese podido morir dignamente y no como un perro como lo dejaron morir los policías adentro de ese auto”, respondió la mujer.
Y agregó: “Creo que hiciste lo que pudiste, creo que fuiste la única persona que, aunque sea erróneamente, al menos tomó una decisión”.
Correas fue asesinado en la madrugada del 6 de agosto del 2020 cuando transitaba con cuatro amigos, también adolescentes, en un auto y al evadir un control policial en la zona sur de la capital cordobesa, dos efectivos dispararon contra el rodado y uno de los proyectiles le impactó en la espalda y le ocasionó la muerte.
El 31 de marzo de este año la misma Cámara, con jurado popular, condenó a 11 de los 13 policías enjuiciados por ese hecho y le aplicó la pena de prisión perpetua para los cabos primero Lucas Gómez (37) y Javier Alarcón (35), los responsables de efectuar los disparos con su arma reglamentaria.
Mientras que el comisario inspector Walter Soria (43) fue condenado a cuatro años y nueve meses de prisión; el subcomisario Enzo Quiroga (34) y el comisario inspector Jorge Galleguillo, a cuatro años y ocho meses; la oficial ayudante Yamila Martínez (25) a cuatro años y tres meses; el subcomisario Sergio González (44) a cuatro años y diez meses; y el comisario Juan Antonio Gatica (46) y el cabo Alexis Quevedo (29) a cuatro años.
Por otro lado, la agente Wanda Esquivel (32), la que “plantó” el arma para simular un enfrentamiento y luego pidió disculpas por ese “error”, recibió una pena de tres años y diez meses de prisión, mientras que el oficial ayudante Ezequiel Vélez (23) a dos años y seis meses.
Por último, fueron absueltos el agente Rodrigo Toloza (27) y el cabo Leonardo Martínez (29), quienes estaba acusados de “encubrimiento y falso testimonio”.
En la sentencia también se resolvió remitir los antecedentes a la Fiscalía de Instrucción de José Mana para que se inicie investigación penal contra los responsables políticos que estaban a cargo de distintas áreas de seguridad al momento del hecho.
Entre ellos quien fuera ministro de Seguridad Alfonso Mosquera; el secretario de Seguridad Sebastián Mezzano; la actual jefa de la Policía provincial Liliana Rita Zárate Belletti; y el jefe zonal sur de la policía, comisario Gonzalo Cumplido.
> Con información de TÉLAM.
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