La “Triple A” (Alianza Anticomunista Argentina) fue una fuerza de ultraderecha que funcionó desde fines de 1973 a 1976, iniciando sus tareas a través de la publicación de listas negras de referentes populares y siguiendo su accionar con la ejecución por secuestro y asesinato de dirigentes y militantes de distintos ámbitos sociales. Financiada y armada por el ministro del Gobierno nacional, José López Rega, y comandada operacionalmente por los comisarios de la Policía Federal Alberto Villar y Luis Margaride, fue la organización parapolicial de la violencia terrorista que instrumentó el creciente discurso de exterminio de sus opositores desplegado por la derecha de esos años.
EL NAVARRAZO
En la Provincia de Córdoba el 27 de febrero de 1974 un golpe comandado por el Jefe de Policía Antonio Navarro destituyó al Gobierno constitucional de Ricardo Obregón Cano y Atilio López (Gobernador y Vice, respectivamente), quienes habían sido electos democráticamente por el pueblo de la provincia en abril de 1973. El “Navarrazo”, como se lo denominó, estaba inscripto en la ofensiva nacional de la derecha peronista que tenía por objetivo “purgar al movimiento de los infiltrados” y también era una revancha “anti-Cordobazo” para desmantelar la poderosa trama de organizaciones populares y su poder de movilización que la ubicaban como punto de referencia relevante de la política nacional.
Tanto la sedición policial, como la posterior intervención federal de la provincia de Córdoba, aceitaron la coordinación desde el espacio gubernamental de la represión política de estilo paraestatal que venía practicando la ultraderecha. A partir de allí se instituyó tanto en el Gobierno provincial como en la CGT regional a sectores identificados ideológicamente con la derecha, y se agravó la aplicación de la represión a los militantes del campo popular
En el marco político generado por el “Navarrazo”, sobre Córdoba también actuó la triple A, especialmente entre setiembre y noviembre de 1974 y produjo acciones determinantes en el rumbo antipopular de los acontecimientos.
El 10 de setiembre de 1974, la banda parapolicial Triple A ejecuto en Buenos Aires a Alfredo Curutchet, reconocido abogado de trabajadores y gremios combativos de Córdoba como Sitrac- Sitram (obreros de Fiat).
El 16 de setiembre del mismo año, la AAA ejecutó también en Buenos Aires al depuesto Vice Gobernador Atilio López, que había sido durante años Secretario General de la CGT regional y junto a Agustín Tosco lideró el Cordobazo de 1969.
LA CACERÍA DE TOSCO Y SALAMANCA
El 9 de octubre de 1974 una comisión de la Policía de Córdoba, salió en persecución, captura y detención de las conducciones de los Sindicatos de Luz y Fuerza y del Sindicato de mecánicos (Smata) iniciando una verdadera cacería de sus secretarios generales Agustín Tosco y Rene Salamanca respectivamente.
La comisión policial estaba comandada por su Jefe, el Comisario Héctor Luis García Rey y el Jefe de Información (D2) Alberto Choux, e integrada por decenas de policías de uniforme y de civil del Departamento de Informaciones, la Guardia de infantería, Comando Radioeléctrico y de las Seccionales Primera y Tercera.
En primer lugar, se dirigieron a la sede del SMATA, adonde ingresaron, sin exhibir orden judicial de ningún tipo, y virtualmente ocuparon el local sindical con la expresa intención de capturar y detener a Rene Salamanca y el resto de la comisión directiva. Al no encontrar a los mismos, se llevaron detenidos a un grupo de trabajadores.
Posteriormente, la misma comisión policial se dirigió al Sindicato de Luz y Fuerza. Al ingresar la Policía, lo hizo abriendo fuego de armas de distinto calibre, y sin exhibir orden judicial de ningún tipo. Varias decenas de policías, de civil y uniformados ocuparon y se mantuvieron en el lugar los días 9 y 10 de octubre, en los cuales sin control ingresaron armas, uniformes y material impreso. Detuvieron más de cien personas que se encontraban en el lugar, entre ellas una parte del consejo directivo del Sindicato.
De ese sitio, una parte de la comisión se dirigió al local central del Partido Socialista de los Trabajadores en la calle Humberto Primo, al cual también procedieron a allanar, ocupar y posteriormente llevar detenidos más de diez militantes sin orden judicial alguna
Otra parte de la Comisión Policial comandada por el Jefe García Rey y el Jefe del D2 Choux se dirigió al local central del Partido Comunista, al cual ocuparon, allanaron y se llevaron detenidos 49 personas, a las que mantuvieron detenidas varios días en dependencias del Departamento de inteligencia. Producto de las torturas a las que fue sometida, el 19 de octubre falleció en el Hospital San Roque la militante Tita Hidalgo.
En los locales partidarios ocupados, devueltos con posterioridad por la Policía de la Provincia, se pintaron inscripciones de la Alianza Anticomunista Argentina (AAA).
Los locales del Smata y Luz y Fuerza ocupados por la Policía no fueron entregados a sus autoridades legítimas.
Con posterioridad a estos hechos, la conducción nacional del SMATA intervino sin razón alguna, al SMATA de Córdoba e hizo cesar el mandato y tutela legal a toda la comisión directiva.
El Ministerio de Trabajo de la Nación, simultáneamente, de manera arbitraria nombró un delegado normalizador en el Sindicato Luz y Fuerza de Córdoba, haciendo cesar el mandato y tutela de todo el consejo directivo.
El Juez Federal Adolfo Zamboni Ledesma, empleando las actas fraguadas del D2, procesó y ordenó la captura de Tosco y Salamanca. Situación que obligo a los mismos, como a las respectivas comisiones directivas a ocultarse y funcionar clandestinamente.
La cacería iniciada por la Policía de Córdoba comandada por su Jefe García Rey significó un hecho que demostraba indubitablemente el involucramiento de los mandos policiales la represión ilegal y el accionar de las bandas fascistas de ultraderecha.
Ése 9 de octubre se empezó a cerrar el cerco que envió a la clandestinidad a Tosco y Salamanca (y que terminó con sus vidas) e intervino a los Sindicatos de Luz y Fuerza y Smata, que en ese momento eran dos de las organizaciones más fuertes y convocantes del campo popular de Córdoba. Abrió un proceso de persecución sobre todas las corrientes y posiciones sin diferenciar identidades, y de represión indiscriminada contra el pueblo.
Solo tres semanas después se decretó el Estado de Sitio (6/11/74) y se produjo el encarcelamiento, sin causa ni proceso judicial, de decenas y decenas de dirigentes y militantes trabajadores, estudiantiles, barriales y de organizaciones populares.
MENÉNDEZ
En septiembre de 1975 Luciano Menéndez asumió a cargo del Comando del 3er cuerpo de Ejército y tomo un giro definitivo la organización del aparato represivo contra el pueblo. Impuso bajo su mando la coordinación unificada de todos los grupos parapoliciales y paramilitares ejecutando a fines de 1975 y enero de 1976 la desaparición forzada de 59 personas.
Esta fue la antesala preparatoria del Terrorismo de Estado instaurado por la Dictadura cívico-militar a partir del 24 de marzo de 1976.
* Carlos Vicente es abogado y co-presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Regional Córdoba.
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