(Por Claudio Callieri*). EPEC es una empresa estratégica para el desarrollo provincial. Su escala, su capacidad operativa, su despliegue territorial y su densa tradición institucional la califican para erigirse en una herramienta central de política pública.
Comenzando por lo más evidente, el manejo de la oferta energética moldea un aspecto significativo del gasto de los hogares y de los costos y opciones tecnológicas de las empresas.
Es muy importante que la empresa, en lo que respecta a la actividad eléctrica, se haya mantenido integrada abarcando generación, transporte y distribución. Esta integración, dándose en el ámbito de la propiedad pública, permite que la política energética provincial pueda diseñarse con autonomía de cambiantes circunstancias de contexto, como la actual escalada de tarifazos propiciada desde el Gobierno Nacional.
La numerosa dotación de personal, actualmente unos cuatro mil cargos en planta permanente, se inscribe en una fuerte cultura gremial y con la riqueza simbólica de haber contado con el protagonismo histórico del gran dirigente sindical Agustín Tosco. Esta dotación fundamentalmente dedicada a las diversas funciones técnicas requeridas por la actividad principal, es el activo más valioso de la empresa en marcha. Expresa una formidable capacidad de hacer, disponible en todo momento.
Esta dotación de personal fundamentalmente dedicada a las diversas funciones técnicas requeridas por la actividad principal, es el activo más valioso de la empresa en marcha. Expresa una formidable capacidad de hacer, disponible en todo momento.
En una valoración favorable a la equidad en la distribución del ingreso, es muy positivo que existan gremios fuertes y con significativo número de afiliados, que logren buenos niveles salariales y condiciones dignas de trabajo. Su funcionamiento tiene un valioso efecto demostración para el conjunto del movimiento sindical, y contribuye a resistir a la siempre activa presión del capital por incrementar el nivel de explotación laboral.
Desde una perspectiva popular, los aspectos de gestión de la empresa, que son importantes, deben situarse en el contexto amplio de la política pública, y particularmente en lo que respecta a los objetivos de la inversión en infraestructura, y a los criterios para su financiamiento.
En la actual coyuntura se plantea desde el gobierno provincial un análisis de los problemas de gestión de la empresa, que no se corresponde con la consideración del interés general de los ciudadanos cordobeses.
Se pretende trasladar a los usuarios de EPEC el fuerte incremento de las tarifas de generación habilitado a lo largo de los últimos dos años por el Gobierno Nacional, que ya acumula cerca de un mil por ciento de variación y continuaría este año. Por otra parte se plantea desde la publicidad oficial que el problema de déficit operativo sería la consecuencia de privilegios indebidos contenidos en el Convenio Colectivo de Trabajo con Luz y Fuerza, que en realidad son beneficios laborales económicamente poco significativos: por ejemplo el acceso del personal a energía subsidiada tiene un costo anual que no supera los $ 120 millones, sobre un presupuesto de erogaciones de más de $ 24 mil millones anuales. Adicionalmente se anuncia que se dictará un nuevo marco regulatorio eléctrico, del cual los lineamientos que han trascendido, en rigor se encuentran ya formalmente vigentes en la ley actual, Nro. 8837 sancionada en el año 2000, en particular en lo que respecta al Fondo Compensador de Asimetrías Regionales.
La publicidad oficial que el problema de déficit operativo sería la consecuencia de privilegios indebidos contenidos en el Convenio Colectivo de Trabajo con Luz y Fuerza, que en realidad son beneficios laborales económicamente poco significativos: por ejemplo el acceso del personal a energía subsidiada tiene un costo anual que no supera los $ 120 millones, sobre un presupuesto de erogaciones de más de $ 24 mil millones anuales.
El marco regulatorio vigente está fuertemente impregnado de los propósitos privatistas que animaban al gobierno provincial al momento de su impulso, enfatizándose en su articulado la apertura para la incorporación de capital privado en las empresas del Estado cordobés, y la posibilidad de dar tratamiento diferencial, en el sector eléctrico, a las diferentes funciones integradas en EPEC: generación, transporte y distribución.
El desmembramiento y privatización total o parcial de la empresa se frustró principalmente por la resistencia gremial interpuesta por el Sindicato de Luz y Fuerza, que en tres oportunidades logró impedir el desguace de la empresa, que atravesó un intento de privatización en 1992 con Eduardo Angeloz, otro en 1996 con Ramón Mestre y un tercero con José Manuel De la Sota en 2001.
Esta política gremial contrasta fuertemente con lo ocurrido con el sector eléctrico en Buenos Aires, donde un sindicalismo de organización burocrática consintió la política de desintegración y privatización, e incluso asumió en forma directa, como sindicato, algunas de las actividades empresariales involucradas en el sector. Pasados más de veinte años de aquellas decisiones, la diferencia es que en Córdoba se conserva la empresa y su potencial para la política pública, mientras que en Buenos Aires el devenir del sector está librado a las decisiones micro de los operadores privados.
El gobierno provincial ha definido la necesidad de modificar el Convenio Colectivo para reducir costos y flexibilizar la operatoria empresarial. Si bien la empresa no suministra públicamente información detallada de su contabilidad, los datos contenidos en el presupuesto provincial 2018 muestran que la incidencia del costo laboral es relativamente reducida, equivalente al 53 % de los ingresos presupuestados por venta de energía, Otra medida anunciada que resulta impropia es el recorte del ya de por sí exiguo plan quinquenal de inversiones, que preveía desembolsos por unos 1500 millones en 5 años. La reducción se presenta con el supuesto objetivo también de reducir el volumen de erogaciones.
La comunicación oficial no da cuenta de las causas realmente determinantes del déficit operativo, entre las cuales se destacan la compra de energía a terceros, y la incidencia en las cuentas de la empresa de los gastos financieros, incluidos los servicios de la deuda originada en algunas grandes inversiones de años anteriores, como es el caso de la Central Pilar.
La usina de Pilar. Foto: Prensa Gobierno de Córdoba.
Desde una perspectiva estratégica, la empresa integrada puede diseñar un criterio de largo plazo para obtener un costo medio de generación inferior al del mercado mayorista, y es un criterio plenamente racional financiar las inversiones necesarias para ello con el presupuesto general para inversión pública de la Provincia.
Las posibilidades concretas de promoción del desarrollo regional que posee una empresa como EPEC son inmensas. Estas abarcan desde el desarrollo de proveedores hasta el fomento de la economía social. De hecho, la empresa viene sosteniendo una operatoria permanente con 205 cooperativas de toda la provincia, y ha cumplido un rol específico en el Plan de Desarrollo del Noroeste provincial. La masa crítica que le otorga su escala permitiría diseñar y sostener una estructura propia de investigación y desarrollo, con la consiguiente participación en actividades innovadoras. De hecho algo de esto ya se ha venido introduciendo con la operatoria de EPEC Telecomunicaciones, el proyectado tendido de fibra óptica superpuesto sobre la red de gasoductos, y la participación en proyectos de energías renovables.
Las pautas del vigente marco regulatorio eléctrico de sesgo privatizador, que ahora parece querer reflotarse, indicarían un viraje de alejamiento de todas esas posibilidades estratégicas y virtuosas para el desarrollo provincial.
Las pautas del vigente marco regulatorio eléctrico de sesgo privatizador, que ahora parece querer reflotarse, indicarían un viraje de alejamiento de todas esas posibilidades estratégicas y virtuosas para el desarrollo provincial. En cambio, su inspiración parece más bien originada en la orientación general del Gobierno Nacional, que en un decreto de hace algunos meses habilitó al Ministerio de Energía a privatizar las empresas de generación y otros activos del sector energético que aún conserva el estado nacional. Es notorio que, ante la inyección de rentabilidad derivada de los incrementos tarifarios, los valores patrimoniales de las empresas energéticas que operan en la Argentina se han multiplicado, y se ha configurado así un nuevo escenario de potenciales negocios privados de gran significación, pero que por otra parte son incompatibles con una concepción del sector empresarial del estado al servicio del desarrollo regional.
* Claudio Callieri es coordinador y presidente del Consejo de Administración de la Fundación Otra Córdoba.
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