(Por Juan Carlos Domínguez). En marzo último, el gobierno nacional lanzó, con bombos, platillos y hasta “fuegos de artificio”, el denominado “Plan Maestro” que no es otra cosa que lo que aconseja el Banco Mundial (BM) y que denomina “Grandes Maestros”. El plan pone en jaque, claramente, a la escuela pública, a la educación pública, a los docentes y, seguidamente, a los gremios.
En aquel mes de marzo el presidente Mauricio Macri, en su discurso, habló de “la crisis y emergencia educativa” en el país y, por lo tanto, adelantó que enviaría al Congreso un proyecto de Ley para formalizar un plan de metas educativas para el decenio 2016-2026. Debe quedar en claro que, el Presidente, habla de “emergencia educativa” pues si los legisladores nacionales no aprueban dicho proyecto quedará habilitada la vía de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).
El “Plan Maestro”, tal las palabras de Roberto Baradel (Secretario General de Suteba) en este mismo espacio, “es un plan sin maestros” ya que no existió “el debate público, ni la participación de docentes o entidades educativas en su elaboración”. En ese sentido se afirma que el proyecto del gobierno nacional pretende que el sistema educativo pase a ser un mero formador de recursos humanos y fomente sólo la competitividad.
Además, propone iniciativas que son contrarias al orden legal vigente, como la Ley Nacional de Educación. Por ejemplo, postula un segundo sistema de carrera docente por “Acuerdo Marco”, contrario a las legislaciones actuales y flexibilizando el trabajo docente; deja de lado la Paritaria Nacional Docente; elimina la Ley de Financiamiento Educativo (conquista de la Carpa Blanca); no reconoce la Ley 26.058 de Educación Técnico Profesional y los instrumentos que la fundamentan; quita responsabilidad al Estado Nacional, generando desigualdades educativas en el país; responsabiliza sólo al Docente respecto del aprendizaje de los/as alumnos/as; y, entre otras cosas más, propone elaborar un ranking de instituciones educativas y estudiantes, en una forma de competencias entre escuelas.
Se debe destacar también que en el proyecto en cuestión hay una ausencia clara de cuestiones que podríamos resumir en: Ley de Educación Sexual Integral; Educación en Derechos Humanos; poco y nada de Educación de Adultos y de la Diversidad; y educación en contexto de encierro. Por todo ello, desde el sector gremial a este proyecto se lo señala como una “clara propuesta economicista”. Pero, en definitiva, los sindicatos han puesto la voz de alerta pues entienden que de la mano de esto llega la flexibilización laboral y, además, la pérdida de la estabilidad laboral en las escuelas públicas. Y aunque no se vea, ya se está ejecutando en la provincia de Córdoba, de la mano de expresas directivas que surgen del ministro de educación cordobés, Walter Grahovac.
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