La diputada nacional, Gabriela Estévez.
La diputada nacional Gabriela Estévez (FpV-PJ) presentó un proyecto de ley que aborda el problema de la violencia sexual contra niñas y adolescentes. El proyecto incorpora a la Ley de Protección Integral diferentes tipos de programas y protocolos para desarrollar una plataforma de protección para los jóvenes.
Entre las medidas más destacados se encuentran la inclusión, en los planes de formación docente, de la detección precoz de la violencia sexual contra niñas y adolescentes; el diseño, en el marco de las acciones prioritarias de políticas públicas, de protocolos específicos de detección precoz y atención integral de violencia sexual contra niñas y adolescentes, prioritariamente en las áreas de atención primaria de salud; la conformación de espacios de formación específica para profesionales del derecho sobre violencia sexual contra niñas y adolescentes; entre muchas otras medidas; y la promoción, en el marco de las acciones prioritarias de políticas públicas, acuerdos con la Superintendencia de Servicios de Salud u organismo que en un futuro lo reemplace, a fin de incluir programas de prevención y asistencia integral de la violencia sexual contra niñas y adolescentes, en los establecimientos médico-asistenciales, de la seguridad social y las entidades de medicina prepaga, los que deberán incorporarlas en su cobertura en igualdad de condiciones con otras prestaciones.
Por otra parte, la iniciativa advierte que, a través de los medios masivos de comunicación y otras formas de distribución cultural, “se fomenta una cultura de silencio generalizada, en la que las niñas y adolescentes no pueden hablar de la violencia sexual que han sufrido, los adultos no hablan del riesgo de violencia sexual en el hogar y no saben qué hacer o decir si sospechan que alguien a quien conocen está abusando sexualmente de una niña o adolescente”.
En este sentido, Estévez destacó que la violencia sexual entre niñas y adolescentes es una problemática que requiere un abordaje integral y el compromiso del Estado y la sociedad civil. Por último señala que “resulta imperioso contar con marcos normativos y políticas públicas que puedan constituirse en herramientas efectivas para la prevención y sanción de la violencia sexual hacia niñas y adolescentes, así como el debido acompañamiento a las víctimas y sus familias”
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