(Por Pablo Tissera *). El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 179/2025, aprobado días atrás por la Cámara de Diputados con 129 votos a favor y 108 en contra, faculta al Gobierno Nacional a negociar un nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La votación fue posible debido a una amplia alianza que incluyó además del oficialismo nucleado en la LLA, a legisladores del PRO, la Coalición Cívica, un sector de la UCR y otros bloques provinciales, con algunas excepciones.
La oposición, encabezada por el bloque Unión por la Patria no llegó a juntar los votos necesarios para impedirlo, mientras que fuera del Parlamento veíamos una gran movilización con jubilados y jubiladas al frente, que a pesar de encontrar una ciudad sitiada por la policía, hacían fuerza para que el acuerdo no avanzara.
¿POR QUÉ NO?
– Porque se solicita apoyo para un “Programa de Facilidades Extendidas” que aún no existe, como dijo el Dip. Nac. Carlos Heller en el recinto, “existe una falta de transparencia”, estamos ante una “democracia del secreto”.
– Porque no se conocen los detalles. Es inaceptable aprobar a libro cerrado un acuerdo en el que se desconoce el monto, las condiciones, la tasa de interés, los elementos que lo componen. Se está firmando un cheque en blanco.
– Porque más allá de las generalidades, no se ha explicado con claridad ni cuál es la necesidad ni cuál es la urgencia. ¿El DNU justifica su urgencia en situaciones de “grave trastorno” para la economía, pero existen tales urgencias? dado que los pagos al FMI no vencen hasta 2026.
– Porque el DNU delega al Ministerio de Economía la capacidad de suscribir acuerdos sin restricciones, lo que excede los límites razonables de delegación de poderes.
– Porque el nuevo acuerdo resultará en una reducción de la deuda, argumentando el cambio de un tipo de deuda por otra, pero con condiciones más onerosas, se habla de una tasa de interés en dólares un 100% más cara que la de referencia de Reserva Federal, lo que no garantiza estabilidad económica.
– Porque tampoco queda claro cómo se hará para que la nueva deuda no se transforme en fuga de dólares al exterior, tal como sucedió en otras ocasiones y como probablemente suceda ahora.
– Porque la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, vigente desde 2021, requiere la aprobación legislativa de las dos cámaras para cualquier operación de crédito público con el FMI. Esto hace que el DNU sea ilegal y anticonstitucional.
– Por último, y no menos importante, porque los acuerdos con el FMI siempre traen condicionamientos aparejados. La dependencia económica conlleva una pérdida de soberanía política en las decisiones económicas y sociales, y como siempre caemos en que el ajuste lo paguen las mayorías populares.
EL FMI Y LA CONTINUIDAD DEL MODELO
Estamos en presencia de un gobierno que pone principal énfasis en demostrar a los mercados su capacidad de conseguir los dólares para sostener su esquema económico, basado en un modelo extractivista, desindustrializador y de especulación financiera.
Sabemos que un nuevo programa del FMI que incluya desembolsos adicionales va a agravar las grandes problemáticas del sector externo, ni que hablar de la situación socio-económica de la ciudadanía argentina. Cómo dice el comunicado firmado por senadores y senadoras de Unión por la Patria, dirigido a la directora y a los funcionarios del FMI, “la aplicación de las mismas recetas basadas en políticas de ajuste, atraso cambiario y especulación financiera permanente, sólo traerán los mismos resultados negativos.” ¡Ya la vivimos!
EL PROBLEMA Y EL NECESARIO CAMBIO DE RUMBO
El problema de fondo es el modelo que, basado en el fundamentalismo del mercado, con foco en la destrucción del Estado, pone a nuestros valiosos recursos naturales y estratégicos, a merced de capitalismo y el tecnofeudalismo internacional.
Debemos retornar al sendero de la protección del mercado interno, que va a garantizar el fortalecimiento del círculo virtuoso: más trabajo, más consumo, más producción nacional, más inversión local y más desarrollo sostenible y sustentable.
Esto será posible con un nuevo Estado, siempre presente, transparente, eficaz y eficiente, articulador con el sector privado y promotor del desarrollo local y comunitario.
Para ello debemos apelar a la unidad en un sentido amplio de los diversos sectores sociales, sindicales, religiosos, políticos. Cómo así también a la organización, a la formación de cuadros políticos, a la divulgación, a nuevas formas de llegar a la ciudadanía sin dejar de lado los pasados modos de militancia.
¡Es posible, es necesario, es urgente!
* Pablo Tissera es dirigente cooperativista y presidente del Partido Solidario Córdoba.
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