Rubén Daniele en una asamblea de los trabajadores municipales.
El conflicto municipal tiene sus escenarios en las reparticiones comunales y también en tribunales. Mientras prosigue el trabajo a reglamento extremo resuelto en la última asamblea general de los trabajadores municipales, hoy, a partir de las 10 de la mañana, se desarrollará una asamblea de trabajadores de los CPC de la ciudad en el CPC de Argüello.
Las protestas forman parte del plan de lucha dispuesto por el Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) de Córdoba en rechazo a la difusión de datos personales, laborales y salariales en la Web de la Municipalidad de Córdoba.
Puntualmente, la Web de Transparencia brinda información sobre la repartición en la que trabaja cada empleado, su DNI, Nombre y Apellido, y salario mensual, además de una serie de datos administrativos y contables internos.
Justamente, por ese motivo, el sindicato realizó una presentación penal por violación del artículo 157 bis del Código Penal, que “prohíbe la difusión de los datos personales que afectan la privacidad, la seguridad personal y la seguridad patrimonial” en contra del intendente Ramón Mestre, y tres funcionarios: el secretario general de la comuna, Daniel Arzani, el director de Planificación, Coordinación y Capacitación, Matías Bosio, y el secretario de Modernización, Comunicación y Desarrollo Estratégico, Marcelo Cossar.
La presentación fue realizada por los abogados del SUOEM, Feliz López Amaya y Roberto Najera.
Este recurso se encuentra en manos del fiscal de la Cámara de Acusación, Jorge Leiva, que debe resolver en las próximas horas quién debe investigar este caso. Es decir, si le corresponde la competencia al fiscal de instrucción Gustavo Dalma o a su par del fuero Penal Económico y Anticorrupción, Hugo Amayusco.
El tramo del artículo 157 bis del Código Penal que se vincula a este planteo judicial del SUOEM, señala lo siguiente:
“Será reprimido con la pena de prisión de un (1) mes a dos (2) años el que:
- Ilegítimamente proporcionare o revelare a otro información registrada en un archivo o en un banco de datos personales cuyo secreto estuviere obligado a preservar por disposición de la ley.
Cuando el autor sea funcionario público sufrirá, además, pena de inhabilitación especial de un (1) a cuatro (4) años”.
Para el intendente no hay delito alguno y asegura que sólo cambiará su decisión si se lo pide la Justicia. A esta velocidad, es probable que la cuestión se demore -al menos- algunas semanas.
Como contrapartida, el secretario General del SUOEM, Rubén Daniele, fue imputado por el fiscal Guillermo González, de “incitación a la violencia colectiva”. La resolución del funcionario judicial surge a partir de sus dichos durante la última asamblea general en el Palacio 6 de Julio. Allí expresó que “en dos o tres meses la ciudad va a ser un quilombo”. También agregó que “esta infamia, esta canallada, este intento por pisotear nuestra dignidad este ataque a nuestra seguridad y la de nuestras familias, le prometo que lo va a pagar caro; vamos a responder con toda la fuerza”, afirmó en esa oportunidad el dirigente sindical.
El delito del que se lo imputa, tiene una pena que va de tres a seis años de prisión. En 2012, Daniele debió dictar clases de apoyo escolar en Matemática y Contabilidad en la escuela María Saleme de Bournichón, ubicada en Ituzaingó y Rondeau, en el barrio de Nueva Córdoba, para evitar el juicio oral por la misma causa. Ése antecedente, le juega en contra ahora y, en caso de que fuera hallado culpable, ya no podría evitar una pena.
De acuerdo a lo que pudo establecer ENREDACCIÓN de fuentes sindicales, el tema era estudiado por el equipo jurídico del SUOEM. Sin embargo, consideran que es una cuestión constitucional y no penal. Plantearían que no hay incitación a la violencia y que se está sancionando el ejercicio de la libertad de expresión y de la libertad sindical.
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