“Se trata de una ley que busca proteger y priorizar a las empresas domiciliadas en el país que cumplen con todos los tributos argentinos”, dijo el diputado nacional, Pablo Carro (Frente de Todos), respecto del proyecto de Ley de prohibición de ayuda económica a empresas domiciliadas en paraísos fiscales o aquellas con probada evasión fiscal.
La iniciativa que fue presentada por el propio Carro, lleva las firmas de los diputados del Frente de Todos, Walter Correa, María Rosa Martínez, Patricia Mounier, Claudia Ormachea, Carlos Ponce, Ayelén Spósito, Hugo Yasky y Juan Emilio Ameri.
El proyecto tendrá tratamiento en la Comisión de Presupuesto y Hacienda este martes y el texto original, según informó el propio Carro, será “trabajado” junto al presidente de dicha comisión Carlos Heller y el presidente del bloque de Diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner.
A causa de la irrupción de la pandemia de Covid-19, el Estado Nacional tomó la decisión de asistir a empresas y a particulares afectados por las consecuencias del aislamiento en la economía. Dichas empresas recibieron ayudas tales como la ATP (Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción) para completar salarios, entre otras medidas. La iniciativa presentada por el legislador cordobés apunta justamente a regular la ayuda financiera brindada por el Estado, en resguardo de las empresas nacionales.
“En este marco sostuvo debe haber una ley que proteja y priorice a las empresas domiciliadas en el país que habiendo cumplido con todos los tributos argentinos puedan recibir asistencia financiera en el ámbito de situaciones de emergencia, catástrofe o fuerza mayor, respecto de aquellas domiciliadas en paraísos fiscales o que ha sido comprobada su evasión fiscal por parte de la AFIP”, explicó Carro.
“Durante este año, países como Canadá, Polonia, Dinamarca, Francia y España avanzaron en iniciativas que van en el mismo sentido, es decir, la restricción al acceso de ayudas públicas a todas aquellas empresas con sedes en paraísos fiscales o que utilicen esas jurisdicciones para evadir impuestos”, agregó en un comunicado de prensa.
Por último recordó que “la investigación que versa sobre 950 cuentas off shore que la AFIP descubrió recientemente, evidencian la protección de la gestión nacional anterior a grandes evasores. Las empresas que realizan estas prácticas, no pueden beneficiarse con la ayuda del Estado”.
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