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El gobierno provincial se presentó a la Justicia frente a la sospecha de que se pagaron coimas por los gasoductos

Odebrecht dejó un tendal de acreedores en Córdoba.

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El fiscal de Estado, Jorge Eduardo Córdoba, y el procurador del Tesoro, Pablo Reyna, presentaron ayer ante la Fiscalía General de la Provincia que conduce Alejandro Moyano, documentación sobre el proyecto de los gasoductos troncales que se adjudicó Andrade Gutiérrez en septiembre de 2009 y que finalmente no se concretó, dando origen al actual plan de los gasoductos troncales, seis de los cuales están siendo construidos por la brasileña Odebrecht y cuatro esperan ganador de la re-licitación efectuada por el gobierno provincial.

El Gobierno tomó esta medida luego de que el diario La Voz del Interior publicara, el domingo 18 de junio, un informe en el cual se señala que en la causa denominada Lava Jato, en Brasil, hubo cuatro menciones a ese proyecto de los gasoductos, que nunca avanzó y finalmente se canceló.

La información de los pagos de coimas realizados por OAS en 2008 se suma a la que fue publicada por ENREDACCIÓN el 6 de junio, aunque con tres pagos y no cuatro, como señaló La Voz del Interior el domingo, y sin los números telefónicos que figuraban en la planilla en la que se registraron los sobornos. A su vez, el nombre de uno de los receptores de los pagos ilegales, identificado como Luis Leandro, ya había sido publicado por el periodista Juan Manuel González en el diario Día a Día en 2015. Y el mismo La Voz había dado a conocer en 2016, que Youssef había mencionado a Córdoba entre los lugares donde se habían abonado sobornos, aunque sin la precisión de estos días.

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Los funcionarios que se presentaron ayer llevaron los contratos que se firmaron en 2009 con la compañía brasileña Andrade Gutiérrez, pero que luego fueron cancelados en el año 2015, cuando se cayó, por falta de avales del gobierno nacional, el crédito por el 79% del monto de la obra de los gasoductos que iba a proveer el Banco Nacional de Desenvolvimento Económico y Social (BNDES) de Brasil.

Técnicamente, los gasoductos licitados en 2008 tiene diferencias con los que está construyendo Odebrecht desde este año, pero en lo sustancial buscan el mismo objetivo: proveer de gas natural a buena parte del territorio provincial.

Por su parte, el ministro de Inversión y Financiamiento, Ricardo Sosa, remarcó ayer algo que también publicó La Voz del Interior en la edición del domingo pasado: el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, aseguró que no existía una causa judicial sobre la licitación del nuevo proyecto de los gasoductos, en la cual Odebrecht ganó seis tramos.

Lo cierto, es que hasta ahora, la Justicia Federal nacional no investigó el capítulo cordobés.

En declaraciones a Radio Cadena 3, Sosa manifestó que el gobierno de la provincia de Córdoba desconoce cualquier hecho de los que fueron mencionados como objeto de investigación por la actuación de Odebrecht en el orden nacional. “Es una irracionalidad pensar que una empresa que ha perdido una licitación, haya pagado una coima. No tiene sentido”, dijo Sosa, en relación a los pagos que habría hecho OAS, una de las constructoras brasileñas investigada en la operación Lava Jato, y según la planilla del arrepentido Alberto Youssef. “Nos parece ridículo que se pretenda manchar al gobierno provincial con sospechas de coimas por una obra que esa empresa nunca ganó y tampoco se concretó. En el año 2010, la Nación no dio la garantía y no se concretó la operación de financiamiento y tampoco la obra de gasoductos. Se batalló mucho pero en ese momento el gobierno de los Kirchner no quiso poner la garantía”.

La obra de los gasoductos que iba a construir Andrade Gutiérrez estuvo casi siete años en stand by, con una adecuación de precios en el medio por más de 70 millones de dólares, hasta que se dio por caída en 2015.

Increíblemente, Sosa indicó en la entrevista radial: “No deben confundirse los gasoductos troncales de Córdoba, que paga la Provincia, con los gasoductos del Noroeste Argentino (NOA), que encaró la Nación”. Ninguna de las publicaciones, ni la de ENREDACCIÓN, ni la de La Voz del Interior confunde las obras. El arrepentido brasileño Youssef se refiere con toda precisión a los gasoductos cordobeses.

El arrepentido, Alberto Youssef.

Cuando fue consultado por la radio, sobre si los gasoductos se terminarían, el ministro advirtió que “los gasoductos se construirán porque nada ha ocurrido, no tenemos nada que ocultar. Es una operación absolutamente transparente”.

LO QUE SE SABE

-Las fechas en que están asentados los sobornos en la lista de Alberto Youssef, son el 8 de octubre de 2008 y el receptor de la coima es alguien que se identifica como Jos Edilson Cruz. El trabajo se denomina: “Gasoducto Córdoba Argentina”. La otra coima está anotada el 15/12/2008, y el receptor es Luis Leandro. Tampoco hay una cifra de lo que habría sido abonado, pero indica “Conc. Inter. Gasoducto Córdoba (Sistema Norte-Leste). Y Luis Leandro es finalmente quien habría percibido los poco más de 37 millones de dólares también el 15 de diciembre de 2008. Es precisa nuevamente la referencia: “Conc. Inter. Gasoducto Córdoba (Financ. BNDES)”.

-De la licitación original en 2008, en Córdoba, participaron dos UTEs (empresas asociadas): la ganadora estaba integrada por la brasileña Andrade Gutierrez (su presidente, Otávio Azevedo fue condenado por la Justicia y su pena reducida a cambio de lo que en Brasil se llama “delación premiada”), IECSA (la que fuera empresa de la familia Macri) y Britos S.A, esta última relacionada con Horacio Miró, un ex funcionario ligado a José Manuel De la Sota. Britos S.A., finalmente, se bajó de la sociedad luego de que la obra fuera adjudicada por el Gobierno provincial. En la otra UTE, la perdedora de la licitación por los gasoductos, estaban la brasileña OAS (cuyo presidente, José Aldemario Pinheiro Filho, fue detenido y condenado en la Operación Lava Jato) y la cordobesa Electroingeniería.

-En Brasil, Youssef y otro cambista, Leonardo Meirelles son dos de los “delatores premiados” que derrumbaron los sobornos de las compañías constructoras que aceitaron la adjudicación de obras de Petrobras, recursos con los que se financiaba el funcionamiento de los partidos políticos brasileños y que sirvió para enriquecer a muchos de sus dirigentes y funcionarios del Estado. En Córdoba, ningún integrante del Poder Judicial pidió la declaración del arrepentido o pruebas de sus testimonios, pese a que fue pedido por el legislador Juan Pablo Quinteros (Frente Cívico), Liliana Montero (Córdoba Podemos) y Aurelio García Elorrio (Vecinalista).

– OAS, Andrade Gutierrez y Odebrecht son los socios principales del club de la obra pública en Brasil. Para el fiscal de la operación Lava Jato, Carlos dos Santos: “Existen indicios concretos de que las dos firmas (Andrade Gutierrez y Odebrecht) tenían dominio de todo”.

-Los legisladores Juan Pablo Quinteros (Frente Cívico), Liliana Montero (Córdoba Podemos) y Aurelio García Elorrio (vecinalista) denunciaron a la Justicia en 2015 que, al operar juntas todas las empresas brasileñas denunciadas en este caso, es relativo que la obra fuera adjudicada la primera vez Andrade Gutiérrez (en 2008/2009) y la segunda a Odebrecht (2015/2016). Dicho de otro modo, habría una continuidad del hecho inicial hasta la adjudicación en 2016 y los beneficiarios serían los mismos.

 LOS INTERROGANTES

-¿Por qué OAS habría pagado un soborno que luego no se materializó en una concesión de obras? ¿OAS habría encubierto un pago de otra de las empresas del “club de la obra pública” que funcionaba en Brasil? ¿O alguien se quedó con ese dinero en el camino? Sin embargo, en el caso de que haya sido un pago encubierto (en favor de Andrade Gutiérrez), la obra finalmente no se hizo. La pregunta sigue abierta: ¿Qué pasó entonces, con los 37 millones de dólares que Youssef dice haberle entregado a Luis Leandro? ¿Por qué Odebrecht resultó adjudicado luego, en 2016, con la obra de los gasoductos? ¿La adjudicación formaba parte del viejo acuerdo del “Club de la Obra Pública” brasileño?

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