Por estos días el Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) se encuentra en conflicto con el Departamento Ejecutivo Municipal, encabezado por el intendente Martín Llaryora.
Esta disputa encuentra a les cordobeses como actores obligados a tomar partido, como ocurrió desde el gobierno de German Kammerath, quien causalmente por entonces formaba parte de la misma alianza que hoy gobierna la ciudad capital de Córdoba.
Como toda disputa política, social o sindical; la comunicación y los productores de los mensajes buscan la adhesión de la opinión pública, de ciudadanes que en la lógica neoliberal son solo consumidores del mensaje, pero que sin embargo, son sujetos y actores políticos relevantes del conflicto, ya que están involucrados directamente. Son en definitiva, los destinatarios de las consecuencias que implican los conflictos políticos y gremiales de una ciudad.
Por estos días, hemos escuchado al intendente en una posición dura con empleados públicos, impartiendo sanciones sin sumarios, ni trámite administrativo como corresponde en un sistema democrático, más allá del delito o infracción que pueda haber cometido el trabajador. Podemos ver un Palacio Municipal custodiado por decenas de policías de la Provincia de Córdoba, móviles y carros antimotines; como así también carencia y escasez de servicios que brindan los empleados públicos.
Vale recordar que el conflicto de les municipales con el gobierno de la ciudad comenzó a los pocos días de decretada nacionalmente la cuarentena, con la decisión unilateral por parte de la gestión de gobierno de modificar el Estatuto: reduciendo su jornada laboral, recortando salarios e impidiendo que asistan a cumplir sus funciones, que tanto necesitaban y necesitan les ciudadanes cordobeses.
Luego de un tiempo de negociaciones, la capacidad de dialogo parece haberse agotado por incumplimientos de los acuerdos por parte del Ejecutivo Municipal y rigidez ante la planta de personal de la administración pública, que por expresiones de funcionarios y concejales oficialistas, se sustenta en prejuicios desvalorizantes de las capacidades de les trabajadores, en objetivación de las personas como “capital humando”, y porque no, desconocimiento respecto a lo que significa la gestión pública en democracia.
En otro sentido, en la última semana de octubre la ciudad entró en default (1) por los compromisos financieros que administraciones anteriores (en particular la de Ramón J. Mestre) adquirieron para gestionar sus presentes, tomando recursos del futuro. Toda una dificultad que reduce los márgenes de acción de la actual administración. Los escasos servicios que se brindan son a fuerza de tercerizaciones; que parecen construir una estructura paralela de la administración municipal, encriptada entre entes y empresas contratadas por estos, que impedirían la transparencia en la identificación de los recursos públicos.
En simultaneo, mientras les municipales no pueden volver a sus puestos de trabajo, proliferan grupo de personas con chalecos celestes, que ante la crisis económica legítimamente acuden a trabajar en condiciones de precariedad salarial y de contratación, para pintar y repintar cordones y bancos de plazas.
Desde hace décadas en Córdoba, hay una pelea material, discursiva y simbólica contra toda representación de la Córdoba del Cordobazo, materializada en el sindicalismo, los movimientos populares y de derechos humanos. La Córdoba del Orden (2) enfrenta esa sociedad que supo defenderse del autoritarismo de las fuerzas de seguridad y el avasallamiento de la dictadura, reivindicando su condición de trabajadores de una ciudad industrial y universitaria. La Córdoba del Orden, esa que se apega a la iglesia conservadora, a los rituales militares propios de las dictaduras y de los negocios financieros, combate a los sindicatos como representación material de las contraconductas, de los malos ejemplos.
En los últimos 20 años, el Cordobesismo del imaginario del Orden gobierna alternadamente la ciudad y continuamente la provincia, con referentes vinculados a las fundaciones de los empresarios y listas de candidatos que votan siempre a favor de los dueños de los campos, pero difícilmente a favor de los pueblos fumigados; votan a favor de los obispos pero difícilmente a favor de las mujeres católicas que mueren en los barrios populares por carencia de educación sexual, violencia de género y abortos mal practicados; votan a favor de los recortes jubilatorios pedido por el FMI, pero difícilmente para garantizar un sistema previsional que posibilite una vida digna a nuestres mayores; se horrorizan por los malos modales de les trabajadores que alzan la voz un acto de dignidad ante la recurrente perdida de sus derechos, pero destacan “la capacidad de dialogo” de empresarios y dirigentes que siempre, son respetuosos de la ley que los beneficia e incumplidores con las que los obliga a pagar impuestos y garantizar el ingreso de los que solo tienen su fuerza de trabajo; acusan al perejil que prendió el fosforo, pero nunca buscan al propietario del campo que se incendió y desmonta desde hace dos décadas. Son duros con los débiles y blandos con los poderosos.
El conflicto entre la Municipalidad de Córdoba y el SUOEM se extiende desde hace meses.
La ruptura que implicó la pandemia para las instituciones, también implica reacomodar las prioridades. En ese contexto, el Estado debe identificar lo que posibilita condiciones para la vida digna de la población y los sindicatos también deben cambiar sus métodos corporativos, para reconocer que les trabajadores son ciudadanos, conciudadanos de les demás trabajadores de la ciudad, lo que les hace compañeres.
El SUOEM, desde el discurso del oficialismo y los medios receptores de la pauta oficial, es el último mal ejemplo de un gremio que desde la diversidad política e ideológica se une sobreponiendo la condición de trabajadores de sus representados y que sabe defender sus conquistas laborales desde la recuperación democrática. Es un modelo de defensa colectiva que imposibilita la flexibilización laboral que se implementa de facto (o legalmente si es necesario) por la crisis económica en muchos espacios del mercado de trabajo. Como siempre desde el imaginario del Orden, a los malos ejemplos se desea acabarlos, aunque estos se vuelvan en su propia contra y terminen expandiéndose.
* Darío Gómez Pucheta es licenciado en Trabajo Social y Doctor en Administración y Políticas Públicas.
1: Córdoba en “default”: Llaryora acelera la renegociación de plazo y tasa con los bonistas http://argentinamunicipal.com.ar/argentina/cordoba-en-default-llaryora-acelera-la-renegociacion-de-plazo-y-tasa-con-los-bonistas/
2: Gómez Pucheta, D. (2020) Córdoba y el Derecho a la Ciudad ¿Quién tiene el poder? Córdoba. Ed. Brujas.
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