El servicio público de transporte automotor que brindan los taxis en Córdoba viene sufriendo un angustiante y preocupante deterioro, a causa de distintos motivos. Diera la impresión de que no hubiera una clara decisión política (tanto en el municipio cordobés y en el propio Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba), para dar solución a viejas problemáticas no atendidas ni resueltas por parte de distintas gestiones anteriores.
La crisis económica que atraviesa la República Argentina desde hace tiempo ha contribuido, entre otras cosas, para empeorar la delicada situación de la actividad.
El bestial ajuste económico implementado por el actual gobierno nacional, a través de una devaluación de la moneda respecto del dólar de casi el 120%; y la inflación mensual de diciembre (que ha sido el triple aproximado de inflación mensual que tuvo el gobierno nacional anterior), licuando el poder adquisitivo de salarios y de jubilaciones; han impactado negativamente en el número diario de viajes que hacen los taxis cordobeses, llevando a una reducción alarmante de viajes.
Pero como si eso fuera poco, en la Ciudad de Córdoba, no se observan controles de transporte ilegal de personas en automotores, en distintos puntos.
El Concejo Deliberante de Córdoba nunca aprobó la Ordenanza Municipal que expresamente prohíba el servicio que brindan ilegalmente aplicaciones extranjeras, que generan una grave y notable competencia desleal con el taxi, que no tributan ningún impuesto, que no tienen obligaciones, y que tienen a sus trabajadores con un simple monotributo -es decir en una situación de precarización laboral absoluta-.
El Sindicato de Peones de Taxi, durante varios años consecutivos, presentó en el Concejo Deliberante de Córdoba, un proyecto de Ordenanza sobre apps extranjeras de transporte automotor de personas en el que trabajamos, para ponerle un freno a esta situación que por estos días continúa y avanza a pasos agigantados, mientras que las autoridades legislativas locales y las gubernamentales, siguen mirando para otro lado con este tema.
Asimismo, no se ha puesto en marcha aún, por parte del Municipio cordobés, la tan ansiada App Municipal. Su funcionamiento pleno permitiría no solo ajustarse a la normativa vigente en la materia, sino que además ayudaría a modernizar el servicio de los taxis en Córdoba.
Por otro lado, el taxi viene sufriendo una discriminación total en materia de subsidios al transporte público.
Mientras que el servicio de transporte urbano de pasajeros (es decir, el que llevan adelante Empresas Privadas de colectivos con choferes, que brindan un servicio de transporte público en esta ciudad), percibe subsidios millonarios desde hace años; la actividad del taxi (es decir, la que llevan adelante titulares de licencias con choferes, que brindan un servicio de transporte público automotor también en esta ciudad), no percibe subsidio alguno al transporte.
¿Porqué unos sí los reciben, y los otros no? ¿Acaso en Córdoba existe un transporte público de primera y otro de segunda? Sin lugar a dudas, un subsidio al transporte para el sector del taxi, sería de gran ayuda tanto al titular de la licencia y para los peones de taxis que conducen el mismo.
En la actualidad, el ingreso de los peones de taxis en Córdoba está por debajo de la línea de la pobreza. Estamos hablando de mujeres y hombres sostén de familia, que cumplen jornadas de hasta doce (12) horas promedio por día conduciendo su vehículo.
El taxi, funciona las veinticuatro (24) horas del día, los trescientos sesenta y cinco (365) días del año, incluyendo sábados domingos y feriados.
Por lo tanto, el Estado debería velar para que las trabajadoras y trabajadores del taxi, tengan ingresos dignos como establece la Constitución Nacional en su Artículo 14 bis, lo que implica que le permita cubrir sus necesidades básicas alimentarias, de techo y atención médica como mínimo.
Por estos días, el sector del taxi necesita respuestas urgentes de las autoridades municipales y de quienes legislan en la ciudad. Ellas son: El control permanente del transporte automotor ilegal en toda la ciudad; una Ordenanza que declare ilegal expresamente el funcionamiento de las apps extranjeras de transporte automotor de personas en la ciudad de Córdoba; políticas que permitan mejorar los ingresos de las trabajadoras y trabajadores; e incluir al taxi a la hora de recibir subsidios para el transporte público en nuestra ciudad, por parte de la Nación.
La familia del taxi en Córdoba, necesita soluciones urgentes a estás problemáticas.
En las actuales condiciones, y de continuar sin respuestas a este sector por parte de la dirigencia política local, se podría poner al taxi, en riesgo de desaparecer como servicio de transporte público automotor.
* Carlos Emanuel Cafure es abogado.
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