Los bloques peronistas de Córdoba presentaron un proyecto para provincializar AySA, un paso previo para privatizarla. Forma parte del ajuste pedido por el FMI.

El gobernador Juan Schiaretti saluda a trabajadores que construyeron un gasoducto en Sierras Chicas. Foto: Prensa Gobierno de Córdoba.
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El gobernador Juan Schiaretti parece haber encontrado las anotaciones de su paso por el gabinete de Carlos Menem en los años ’90. Ayer, los diputados y senadores del PJ cordobés presentaron un proyecto para “provincializar” las distribuidoras eléctricas de Buenos Aires y el GBA (EDENOR y EDESUR), ambas concesionadas por el Estado Nacional; y AySA, la mini-Obras Sanitarias de la Nación (OSN) que construyó el kirchnerismo para prestar servicios sólo en la Ciudad de Buenos Aires y el GBA. Probablemente, la prestadora del servicio de agua y cloacas en el mayor conglomerado urbano del país, termine privatizada.

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EDENOR Y EDESUR ya fueron concesionadas a operadores privados en los ’90. Mientras que AySA nació cuando los franceses de Lyonnaise Des Eaux partieron de regreso a su país dejando Aguas Argentinas en el pasado. El Estado Nacional la estatizó en 2006, hasta ahora, que es cuestionada por Schiaretti y parte del ala neoliberal del peronismo. Un detalle: la empresa francesa era la principal accionista de Aguas Cordobesas, que aquí fue reprivatizada, y pasó a manos, entre otros, del Grupo Roggio, principal accionista en la actualidad.

La iniciativa surge en medio de la negociación con el Ejecutivo Nacional con las provincias para frenar el proyecto anti-Tarifazo aprobado en Diputados (ahora, en el Senado, el gobierno nacional tomó la propuesta del mandatario cordobés y su par de Salta, Juan Manuel Urtubey, para reducir el IVA al 50% en las tarifas de servicios públicos) y el ajuste de las cuentas públicas que impone el FMI para acceder a su ayuda financiera. Si bien Schiaretti, al igual que otros gobernadores afines, señala que no cogobiernan, y que el acuerdo con el Fondo es potestad del gobierno nacional, lo cierto es que es que este sector del PJ está dispuesto a colaborar en el ajuste del Estado.

Para Schiaretti, una de las claves pasa por reducir “el gasto” del Estado Nacional. Explica que las cuentas públicas provinciales -de los 24 distritos- tienen una pérdida equivalente al 0,5% del PBI, contra el 6% de la administración nacional. Dentro de ese esquema, desempolvó  la inequidad de los subsidios que se brindaban a los usuarios de la CABA y el distrito bonaerense con respecto a los del interior. Ahí entra la “provincialización”, esto es que pasen a la órbita de los gobiernos de Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, y que sus gestiones se hagan cargo, eventualmente, de financiar ese déficit vía subsidios. AySA explica apenas el 0,95% de los 6 puntos de rojo de las cuentas nacionales.

Se trata de una vieja receta. OSN fue dividida en empresas provinciales en 1980 y a principios de los ’90 casi todas las mini-OSN en manos de las provincias fueron privatizadas. La de Córdoba también, pero un poco más tarde, durante la gestión de Ramón Mestre (el 7 de mayo de 1997 y por 30 años, esto es hasta 2027).

La iniciativa de Schiaretti, con el pomposo título de “Ley de Equidad Federal de Servicios Públicos”, fue presentada en la Cámara de Diputados y en el Senado. Lleva las firmas de diputados del Peronismo Federal, entre ellos, los cuatro que responden al gobernador: Martín Llaryora, Alejandra Vigo, Paulo Casinerio y Juan Brügge. Y en la Cámara Alta, la propuesta fue firmada por los senadores Carlos Caserio (Córdoba); Omar Perotti (Santa Fe); Carlos Espínola (Corrientes) y Pedro Gustavino (Entre Ríos).

El proyecto contempla la transferencia de la “concesión del servicio público de distribución y comercialización” celebrado por el Estado y las empresas a la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Establece para todos los casos que “la transferencia de servicios dispuesta por la presente ley, queda cumplida con la percepción de tarifas, bienes y derechos derivados de los servicios respectivos”.

Y resalta finalmente que “no será necesaria transferencia de recurso alguno del Tesoro Nacional a las jurisdicciones respectivas”. El plazo propuesto es de 90 días a partir de la sanción de la Ley.

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