Epec lanzó un plan de jubilación anticipada para cerca del 20% de su personal. También dividirá la contabilidad de la empresa. Duras críticas de Quinteros.

El presidente de EPEC, Luis Giovine, segundo desde la izquierda, y el ministro Fabián López, en el centro.

Un silencio gélido suele acompañar el anuncio de los ajustes y las medidas contrarias al patrimonio público. Esta vez no fue la excepción. El ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Fabián López, comunicó seis medidas de ajuste y desguace de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) que podrían implicar la jubilación anticipada de alrededor de 800 de los casi 4000 empleados de la compañía estatal. Si bien el Estado nacional produjo ya despidos en dependencias estatales, INTI, CONICET, la mina de carbón de Río Turbio, FADEA, y las fábricas militares, un ajuste de la magnitud que se piensa aplicar en EPEC y su preparación para una eventual privatización son acciones inéditas en los últimos 17 años en el país.

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EPEC es la tercera empresa eléctrica del país por tamaño de mercado y conserva aún operación sobre tres áreas que están separadas en el resto del país: Generación, Transporte y Distribución. Por eso se la denomina “estatal e integrada”. La primera es como su nombre lo indica, generar energía a través de centrales térmicas o hidroeléctricas; la segunda llevar la energía adquirida al mercado mayorista a ciudades y pueblos de la provincia; y la tercera, la entrega de energía eléctrica a industrias, comercios y domicilios residenciales. La integración es justamente un concepto estructural, que básicamente permite compensar las debilidades en alguno de los tres sectores, con las fortalezas de otros, y a partir de su sincronía debería facilitar el desarrollo de la infraestructura eléctrica.

El gobierno nacional dispuso el año pasado a través del decreto 882/2017, la venta del capital estatal en Transener, la transportadora mayorista de electricidad, una decisión que podría beneficiar a uno o dos amigos del presidente: Nicolás Caputo o Marcelo Mindlin.

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El ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Fabián López.

A través del decreto 882 se faculta al Ministerio de Energía a “proceder a la la venta, cesión u otro mecanismo de transferencia, según corresponda”, de:

– Los activos correspondientes a las Centrales Térmicas de Generación Eléctrica “Ensenada de Barragán” y “Brigadier López”, así como la transferencia del personal y contratos relacionados con dichas centrales (que son las dos que saldrían a la venta junto a Transener).

– Los activos y los derechos correspondientes al proyecto Central Termoeléctrica Manuel Belgrano II.

– La participación accionaria de ENARSA en Compañía Inversora de Transmisión Eléctrica CITELEC SA (propietaria del paquete accionario en Transener).

También dispone la venta o cesión de las participaciones accionarias de titularidad del Estado Nacional en las siguientes sociedades: Central Dique, Central Térmica Güemes, Central Puerto, Centrales Patagónicas, Empresa de Transporte de Energía por Distribución Troncal de la Patagonia (Transpa) y Dioxitek.

La división contable de las tres áreas de EPEC (Generación, Transporte y Distribución) apunta a dividir la operación de la compañía en unidades de negocios separadas y con esto, habilita una eventual privatización por sectores, un paso que la dinámica del inminente acuerdo con el FMI puede alimentar y que iría en consonancia con la filosofía del decreto 882 del Ejecutivo nacional.

Schiaretti  en línea con el pensamiento económico del gobierno de Macri, apuesta a reducir la incidencia del gasto de EPEC en los recursos provinciales y convalida la política tarifaria del gobierno nacional, basada en la dolarización de las tarifas. Pero estas medidas no parecen explicarse sólo en esa idea: la división contable de las tres áreas de EPEC (Generación, Transporte y Distribución) apunta a dividir la operación de la compañía en unidades de negocios separadas y con esto, habilita una eventual privatización por sectores, un paso que la dinámica del inminente acuerdo con el FMI puede alimentar y que iría en consonancia con la filosofía del decreto 882 del Ejecutivo nacional.

VER Por qué las tarifas seguirán aumentando.

La usina de Pilar. Foto: Prensa Gobierno de Córdoba.

LAS SEIS MEDIDAS

1: “Restructuración operativa y nuevas tarifas de subtransmisión provincial, para las cuales se implementará una contabilidad regulatoria que permitirá analizar por separado las estructuras de costo y eficiencia de las tres diferentes áreas en que se compone EPEC como única empresa estatal integrada”.

2: “Las acciones de distribución que permitirán llevar adelante una modernización tecnológica en el área de tele medición para usuarios residenciales, lo cual va en línea con las necesidades de tener una infraestructura adecuada para que los usuarios sepan y puedan acceder a un nuevo mercado de generación distribuida, logrando tener un manejo más inteligente de las redes, con control de consumo por franja horaria”.

3: “Se refuncionalizarán las centrales Zanichelli y Las Ferias”.

4: “EPEC habilitará que sus agentes se acojan a la pasividad voluntaria anticipada. Un régimen que permitirá cobrar un porcentaje del sueldo actual para todos aquellos trabajadores que les falten 10 años para jubilarse o estén dentro de ese período como máximo”.

5 y 6: Se enviarán dos proyectos de Ley para modificar el Convenio Colectivo de Trabajo de Luz y Fuerza: el primero, tendente a regular todos los beneficios que tienen los agentes del Estado provincial en materia de servicios públicos. Básicamente, se limitará la cantidad de kilovatios/hora que los agentes de EPEC no pagan con su consumo mensual, debiendo ser abonado el excedente con la tarifa plana residencial. Y segundo, una iniciativa de ley que “elimina los aportes patronales a los fondos compensadores. Dado que, de acuerdo al último fallo del TSJ, eso queda plenamente garantizado con la Ley 10.333 y se torna innecesario el aporte patronal para garantizar el 82% móvil”.

“SCHIARETTI BUSCA COMPLICES”

El legislador del Frente Cívico Juan Pablo Quinteros.

El legislador provincial del Frente Cívico, Juan Pablo Quinteros, cuestionó las medidas anunciadas ayer por el ministro López.

“Hace dos años el ex presidente de la Epec, Jorge González, anunciaba con bombos y platillos la descentralización de la atención al usuario, que traería comodidad y practicidad a los vecinos mediante la apertura de 10 Centros de Atención Comercial (CAC) todo enmarcado dentro del plan quinquenal formulado por la empresa estatal. En el día de la fecha, con tan solo dos años de diferencia, se anuncia el cierre de 5 CAC, en los cuales se desembolsaron más de 200 millones de pesos”, precisa el legislador.

Agrega que “el Ministro anunció también, la “novedad” de la telemetría en la medición de los consumos de energía eléctrica, algo que según el “Régimen de Calidad para las Prestadoras del Servicio de Energía Eléctrica” ya debería tener un 100% de cobertura en la Provincia a fines de 2017, y con esto multar a EPEC cada vez que un corte de energía dure más de 3 minutos. Cabe acotar que el régimen de Calidad de Servicio se encuentra en plena vigencia y con nula aplicación”.

Quinteros sigue diciendo que “EPEC ha demostrado en los últimos años (los mismos que lleva gobernando UPC), tener una pésima gestión administrativa y financiera, y atado a esto, ahora demuestra una nula reacción para resolver los problemas en los que, por erróneas decisiones y manejos oscuros, sumieron a la empresa en los que es hoy: un barco a la deriva. El cierre de los CAC dejan claro que abrirlos fue una decisión tomada con nula planificación y eso le costó mucho dinero a los usuarios sin que nadie, absolutamente nadie se haga responsable de eso. Incurren en una habitual costumbre a los fines de legitimar sus intenciones, que es utilizar la mayoría en la legislatura para “legalizar” lo ilegalizable. No es posible desde el punto de vista de la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, la ley 20.744 (Ley de Contrato de Trabajo) y la Ley 14.250 de Convenciones Colectivas de Trabajo, modificar un “acuerdo de partes” que fuera homologado oportunamente por el Ministerio de Trabajo de la Nación”, como lo es un Convenio Colectivo de Trabajo”.

“No es posible desde el punto de vista de la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, la ley 20.744 (Ley de Contrato de Trabajo) y la Ley 14.250 de Convenciones Colectivas de Trabajo, modificar un “acuerdo de partes” que fuera homologado oportunamente por el Ministerio de Trabajo de la Nación”, como lo es un Convenio Colectivo de Trabajo”.

Finalmente afirma que “con la empresa de energía sumida en una crisis financiera, con un conflicto con sus trabajadores que evidentemente no saben resolver y con un nivel de facturación impropio para una empresa que lejos está de mostrar eficiencia, el gobernador Juan Schiaretti, con marcado sesgo autoritario, intenta que se apruebe una ley violando todo el orden jurídico vigente. La situación por la que atraviesa EPEC es exclusiva responsabilidad de haber usado a la empresa como permanente “centro de negocios” de la política. Ahora, en la desesperación, buscan “culpables” y acuden a esta legislatura buscando “cómplices”. 

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