Macri decidió vender el 52% de las acciones del Estado en Transener, la empresa que transporta electricidad a todo el país. El radicalismo se opuso -con las firmas de los cordobeses, Mario Negri y Jorge Sappia-, pero el presidente igual siguió adelante. Con ella y tres centrales térmicas, espera recaudar entre 1000 y 1200 millones de dólares.

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Transener es la compañía que administra las redes en extra alta tensión por las que corre la electricidad hacia todas las provincias. Es un distribuidor mayorista de electricidad. Allí, el 52% de las acciones pertenecen a Citelec, donde el Estado posee el 50% del paquete accionario. El gobierno estima que por Transener puede recaudar alrededor de 350 millones de dólares. Para diseñar y conducir el proceso de privatización, como ocurriera durante la década menemista, regresarán los bancos internacionales.

La compañía opera alrededor de 8.800 kilómetros de líneas de transmisión propias  y 5.500 kilómetros de líneas que componen la red de la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos Aires Sociedad Anónima (Transba S.A), que es su controlada.

Lo llamativo es que la UCR en pleno le expresó a Macri su oposición a la venta de la compañía eléctrica, dado su carácter estratégico. El documento donde explican la postura lleva la firma del presidente del radicalismo, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo y de dos cordobeses: el titular de la Convención Nacional, Jorge Sappia y el presidente del interbloque de Cambiemos en la Cámara de Diputados de la Nación, Mario Negri. A ellos, se le sumó el presidente del bloque de senadores radicales, el ex gobernador chaqueño, Ángel Rozas.

Luego del cierre de una planta fabril de Fabricaciones Militares (FM) y el achique de personal y producción del resto del complejo, la privatización de Transener es el segundo paso para reducir la presencia del Estado como actor productivo en la economía.

El titular del interbloque de Diputados Nacionales de Cambiemos, Mario Negri, es uno de los firmantes del documento contra la privatización de Transener.

La venta de Transener no es un hecho aislado. Forma parte de un paquete por el que el Gobierno apuesta a recaudar entre 1.100 y 1.200 millones de dólares. La política privatizadora fue habilitada con el decreto que habilitó al ministro de Energía, Juan José Aranguren, a vender las centrales eléctricas que opera Enarsa y las acciones del Estado en las eléctricas y otras compañías energéticas. El decreto 882 fue publicado en el Boletín Oficial el 1 de noviembre de 2017. Entre esas compañías se encuentra la cordobesa Dioxitex.

Se trata del mismo decreto que habilitó a cambiar el nombre de Enarsa por el de “Integración Energética Argentina SA” y que le restituyó el viejo nombre a las dos centrales hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz: “Cóndor Cliff” y “La Barrancosa”, en lugar de “Jorge Cepernic” y “Néstor Kirchner”.

En el decreto se faculta al Ministerio de Energía a “proceder a la la venta, cesión u otro mecanismo de transferencia, según corresponda”, de:

– Los activos correspondientes a las Centrales Térmicas de Generación Eléctrica “Ensenada de Barragán” y “Brigadier López”, así como la transferencia del personal y contratos relacionados con dichas centrales (que son las dos que saldrían a la venta junto a Transener).

– Los activos y los derechos correspondientes al proyecto Central Termoeléctrica Manuel Belgrano II.

– La participación accionaria de ENARSA en Compañía Inversora de Transmisión Eléctrica CITELEC SA (propietaria del paquete accionario en Transener).

También, se dispuso la venta o cesión de las participaciones accionarias de titularidad del Estado Nacional en las siguientes sociedades: Central Dique, Central Térmica Güemes, Central Puerto, Centrales Patagónicas, Empresa de Transporte de Energía por Distribución Troncal de la Patagonia (Transpa) y Dioxitek, aún en funcionamiento en el barrio de Alta Córdoba. La empresa está construyendo una nueva planta en Formosa, donde trasladará sus operaciones, pero tiene permiso de operación aquí hasta fines de 2018.

El decreto 882/2017 también habilita la privatización de Dioxitek, aún en funcionamiento en el barrio de Alta Córdoba.

Dioxitek S.A. es una sociedad anónima estatal que fue creada por el Poder Ejecutivo Nacional para garantizar el suministro del dióxido de uranio que se utiliza en la fabricación de los elementos combustibles para las centrales nucleares argentinas. Sus acciones pertenecen a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) (99%) y a la Provincia de Mendoza (1%). La planta industrial de Dioxitek comenzó a operar en 1982. Su entrada en producción le permitió a nuestro país completar el Ciclo del Combustible Nuclear y lograr la autosuficiencia en su aprovisionamiento para las centrales nucleares de potencia (Atucha y Embalse), que han generado entre el 10 y el 17% de la energía eléctrica disponible en el mercado eléctrico nacional en los últimos veinte años. También produce Cobalto 60 para uso médico.

El citado decreto no establece de qué modo se garantizará el control estatal en un sector estratégico y sensible como el nuclear.

Además, el decreto 882/2017, estableció la venta de los derechos que correspondan al Estado Nacional en relación con las siguientes centrales de generación eléctrica, las sociedades de igual nombre y los fideicomisos relacionados: Termoeléctrica Manuel Belgrano, Termoeléctrica José de San Martín (Central Timbúes), Termoeléctrica Vuelta de Obligado y Termoeléctrica Guillermo Brown.

El presidente Mauricio Macri. Foto: Presidencia de la Nación.

Para justificar la medida, Ejecutivo argumentó que “con el propósito de racionalizar y tornar más eficiente la gestión pública relacionada con actividades del sector de la energía, limitando la participación del Estado a aquéllas obras y servicios que no puedan ser asumidos adecuadamente por el sector privado, se estima necesario efectuar las adecuaciones pertinentes respecto de las sociedades de capital estatal que desarrollan actividades del sector energético”.

LAS DOS CENTRALES TÉRMICAS

Además de Transener, el Gobierno tiene previsto vender las acciones (un 8 por ciento) que tiene en Central Puerto, una compañía que se encuentra en manos de Nicolás “Nicky” Caputo, el mejor amigo de Macri. También saldrían a la venta las centrales térmicas “Brigadier López”, en la provincia de Santa Fe, y en “Ensenada de Barragán”, en Buenos Aires.

OPOSICIÓN RADICAL

La conducción de la Unión Cívica Radical le planteó al presidente Mauricio Macri y al ministro de Energía, Juan José Aranguren, que no avalará la privatización de la transportadora eléctrica mayorista Transener.

El ministro de Energía, Juan José Aranguren. Foto: Presidencia de la Nación.

El partido, que es aliado del gobierno en Cambiemos, se sumó al reclamo que había hecho el ex diputado Ricardo Alfonsín la semana pasada: “Espero que la UCR persuada al Gobierno de que sería un grave error privatizar Transener. Se trata de un monopolio natural en un sector estratégico para la economía de los argentinos. No hagamos algo de lo que, cómo en el caso de la venta YPF en los ’90, nos vanos a arrepentir”.

Los radicales advirtieron sobre un posible conflicto de intereses, si se concreta la transferencia de las acciones del Estado. Puntualmente señalan que la publicación en el Boletín Oficial, lleva la firma del subsecretario de Coordinación Administrativa del Ministerio de Energía, Marcelo Pedro Blanco, que “ha sido miembro del Directorio de Pampa Energía” hasta diciembre de 2015. Pampa Energía del empresario Marcelo Mindlin es propietaria del otro 50% de Citelec.

La carta de los radicales, también dice que el decreto 882 plantea distintas opciones: “(…) venta, cesión u otro mecanismo de transferencia según corresponda” de la participación en Citelec. Sin embargo, agregan, “llama la atención entonces por qué la decisión administrativa 527 E-2017 solo se limitó a analizar la venta y no la cesión ni otro mecanismo de transferencia según claramente expresa el artículo 6 del decreto 882”.

Finalmente interrogan “de dónde surge el presupuesto de 24 millones de pesos para la contratación de consultoría para la enajenación que determinó la disposición administrativa”.

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