La Federación de Inquilinos Nacional, filial Córdoba, solicitó al diputado nacional, Eduardo Fernández (Frente de Todos), la presentación de un proyecto de ley que contemple la aplicación en todo el territorio nacional de un impuesto a la vivienda sin uso con el objetivo de mejorar la oferta de viviendas en alquiler. La presentación la efectuó el representante de la organización en Córdoba, Miguel Pavlovsky.
“Que existan viviendas ociosas representan, sin lugar a dudas, un problema social porque implican una traba concreta para que los ciudadanos logren acceder a un hogar”, señala el planteo de la Federación de Inquilinos.
Precisa además que “urge afrontar las distorsiones del mercado inmobiliario y las preocupantes dificultades de enormes sectores para poder acceder a una casa. Estamos hablando del acceso a un techo para miles de familias argentinas, porque de eso se trata ni más ni menos.”
También, desde la Federación de Inquilinos Nacional manifestaron su voluntad de ponerse a disposición del legislador “para evaluar la viabilidad técnica de la posible legislación”.
Tras el encuentro, Pavlovsky declaró que “es necesario entender que algo hay que hacer, porque ante la existencia de un gran volumen de viviendas desocupadas que se están reteniendo y no se ofrecen para el alquiler, achica en la práctica la disponibilidad de casas y esto deriva automáticamente en una suba en el precio de los alquileres”.
Agregó que “si en nuestro país hay unas 2 millones de viviendas vacías, es porque cumplen fines especulativos y generan aumentos de precios”.
También dijo el dirigente que “anunciar hoy una reforma a la ley de alquileres fue apresurado sin haber contado antes con los datos del próximo Censo 2022. Por primera vez el Indec realizará un ‘censo de derecho’, lo que significa que las personas serán contabilizadas en el lugar que residen la mayor parte del tiempo durante la semana. Y es fundamental que diputados y senadores cuenten con ello, porque será una herramienta muy importante en términos estadísticos y de información”.
Recientemente, la agencia Télam, distribuyó un informe con experiencias de políticas públicas en otros lugares del mundo respecto al tema de las viviendas ociosas.
El caos más difundido es el de Berlín, en Alemania, donde la ciudadanía dio el visto bueno a una iniciativa para expropiar a las grandes inmobiliarias cientos de miles de viviendas vacías y que una empresa pública gestione los alquileres.
Otros casos, son los siguientes:
– Francia: desde 1999 tiene un impuesto a las viviendas vacías por más de dos años, inicialmente para las ciudades más pobladas. El tributo sube a medida que pasa el tiempo. También se aplican subvenciones y desgravaciones fiscales para los dueños que rehabiliten las propiedades y la pongan después en alquiler.
En febrero del año pasado, el presidente Emmanuel Macron anunció un plan para incentivar a los propietarios de inmuebles a alquilar, iniciativa que contemplaba como último recurso la expropiación a bancos o aseguradoras. Se apuntaba también a que las grandes corporaciones transformaran los espacios de oficinas sin uso en lugares residenciales. La pandemia dejó el proyecto en stand by.
– Reino Unido: desde 1992 existe la Empty Home Agency, que se ocupa de intermediar con incentivos fiscales o penalizaciones. Suele acordar con bancos para usar viviendas embargadas para alquiler social. Y en 2013 dispuso también un impuesto a la vivienda vacía, con resultados que mostraron una baja importante de propiedades ociosas. Los gobiernos locales tienen la obligación de publicar cada año un informe sobre su parque de viviendas vacías y qué medidas adoptaron para atacar el problema.
– Alemania: En municipios con más de 10% de viviendas vacías el gobierno local puede demoler las que no se pueden alquilar, y los propietarios pueden ser obligados a recuperar las construcciones para ofrecerlas al mercado.
– Dinamarca: tiene un límite de apenas seis semanas para que una vivienda esté desocupada. Después se cobra un impuesto. Y hay multa, directamente, si no se informa a la comuna que una propiedad está libre.
– Países Bajos: tiene la legislación más radicalizada por una ley de 1981 que establece que la ocupación de una vivienda vacía no es criminalizada si la propiedad lleva al menos un año ociosa. Vuelve a su dueño si demuestra que no volverá a estar vacía.
– Uruguay: en 2018 se dictó una ley que establece un procedimiento de ejecución judicial sobre los inmuebles urbanos vacíos y degradados, si están deshabitados al menos dos años, deteriorados o en ruinas y ubicados en zonas urbanas. Un año antes la Intendencia de Montevideo había creado un impuesto a la vivienda vacía, que detecta a través de un relevamiento al consumo de electricidad y/o agua.
– Canadá: la ciudad de Vancouver tiene desde 2017 un impuesto a la vivienda deshabitada, que equivalía entonces a 1% de la valuación fiscal, pero el éxito de la medida impulsó que ese tributo subiera a 1,25% el año pasado.
– Suecia: las comunas suelen ofrecer alquileres a muy bajo precio para combatir las desocupaciones. Es usual que se demuelan edificios enteros si están vacíos.
– Italia: se tributa por inmueble vacío, a las alcaldías, 9 por mil del valor catastral.
– Estados Unidos: Washington tiene un impuesto de cinco dólares por cada 100 del valor tasado de una vivienda libre, y uno de 10 dólares por cada 100 del valor tasado si la propiedad está abandonada. Desde 2018, Oakland, en California, tiene una Ley del Impuesto de Propiedad Vacante, aprobada en una consulta para 20 años. Las casas que están en uso menos de 50 días al año pagan una tarifa común de 6.000 dólares.
– España: es un caso complejo, porque el grado de autonomía de cada comunidad les permite aplicar medidas propias. Por lo pronto, Cataluña, Navarra, las Baleares y el País Vasco penalizan con tributos las viviendas ociosas.
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