El Ministerio Público fiscal considera que hay “prueba más que suficientes” para mantener la acusación contra los ex funcionarios acusados de violar los derechos humanos.

Carlos Gonella y Facundo Trotta. Llega el turno del alegato de los fiscales. Foto: Sebastián Salguero.
Municipalidad de Río Cuarto-Parque Sarmiento

Los miembros del Ministerio Público Fiscal comenzaran a alegar hoy en el “Juicio a los Magistrados”, que tiene como acusados a cuatro ex jueces, fiscales y defensores federales por delitos de lesa humanidad. Carlos Gonella y Facundo Trotta mantendrán la acusación contra los cuatro imputados y pedirán penas mayores a las solicitadas por la querella, que dio su alegato la semana pasada.

Para Gonella, “hay elementos suficientes para arribar a una condena a partir de la prueba que se ha producido en el debate. (…) No sólo los testimonios sino principalmente la documentación en la que está acreditada la violaciones sistemáticas a los deberes funcionales a los acusados”, dijo a ENREDACCIÓN.

Los ex funcionarios judiciales, Antonio Cornejo (ex fiscal federal), Miguel Ángel Puga (ex juez federal N°2), Carlos Otero Álvarez (ex secretario del Juzgado Federal N°1) y Ricardo Haro (ex defensor oficial), están acusados por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y las omisiones de realizar la persecución e investigación de delitos, y el cese de detenciones ilegales. Por razones de salud evitaron llegar a juicio el ex fiscal Alí Fuad Alí y el ex defensor oficial Luis Eduardo Molina.

Los ex funcionarios están en el banquillo de los acusados por 75 víctimas, 31 de las cuales fueron fusiladas en falsas fugas en 1976 en la cárcel UP1 del barrio San Martín. Esos homicidios fueron juzgados en 2010 en la denominada causa UP1, recibieron condenas a prisión perpetua en cárcel común el ex dictador Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez.

Los acusados eran los responsables de velar por la seguridad de los detenidos políticos. Debían, entre otras funciones, investigar las denuncias que los detenidos hacían por las vejaciones recibidas en el establecimiento penitenciario.

Este, el primer juicio por delitos de lesa humanidad contra funcionarios judiciales, se caracteriza por no tener participación de los organismos de derechos humanos más tradicionales y, porque del lado de la defensa, están los abogados más cotizados del país.

Los abogado querellantes Patricia Chalup, Jorge Chalup y Adriana Gentile plantearon su alegato en representación de los familiares de las víctimas de Hugo Vaca Narvaja, Miguel Ángel Ceballos y Marta Juana González de Baronetto. La semana pasada solicitaron cinco años de cárcel para Carlos Otero Álvarez, ex secretario penal del Juzgado Federal n°1 y juez hasta el 2009; y tres años de prisión para el ex juez federal Miguel Ángel Puga y el ex fiscal Antonio Cornejo. Es la única querella que participa del juicio.

Ahora los fiscales alegaron por todas las víctimas y deberán evaluar 118 hechos. A los ex magistrados Cornejo y Puga se les atribuyen siete hechos, por los delitos de “abuso de autoridad y omisión de perseguir a los delincuentes”, señaló Gonella.  Haro suma ocho delitos de abuso de autoridad.  En que más acumula es Otero Álvarez, con 92 hechos, por abuso de autoridad y omisión de hacer cesar una detención ilegal.

Las víctimas que estaban imputadas en esa época por infracción a la ley 20840 permanecían bajo su custodia. No obstante, no tomaron en cuenta las denuncias que los presos políticos efectuaban durante las indagatorias que les realizaban en los juzgados y en las cárceles.

Los días 10 y 11 de octubre próximos expondrán los abogados defensores Carlos Lescano Roqué  y Ángel Ignacio Carranza (Cornejo y Puga); Julio Deheza y Marcelo Brito (Otero Álvarez) y Benjamín Sonzini Astudillo (Haro). En tanto que el lunes 23, se llevaran a cabo las réplicas entre las partes. Se estima que el 6 de noviembre los imputados tendrán la oportunidad de ejercer el derecho a la última palabra para luego dar paso a la lectura de la sentencia.

El juicio comenzó el 25 de julio con bajo perfil y escasa trascendencia mediática. Gracias al accionar de la corporación judicial, los acusados evitaron ser juzgados en 2010 junto a Videla y Menéndez.

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