Este miércoles 26 de marzo, una multitudinaria marcha de jubilados, con el apoyo de sindicatos, partidos políticos y organizaciones sociales, se congregó frente a un Congreso vallado para exigir mejores jubilaciones, en una protesta que como ya es habitual, fue reprimida por las fuerzas de seguridad desplegadas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Efectivos de Prefectura Naval Argentina (PNA) reprimieron a manifestantes y como resultado de la violencia desatada terminaron gaseadas una niña pequeña, una anciana y un fotógrafo de la Agencia Noticias Argentinas. Sobre la chica, se desconoce si participaba junto a algún mayor de la movilización o pasaba justo por ahí, debido a que muy cerca del lugar hay una escuela primaria. En cuanto al fotógrafo agredido, se trata de Damián Dopacio, de la agencia NA, quien fue reprimido con gas pimienta, al igual que una anciana en el momento en que los manifestantes circulaban por la vereda, respetando el protocolo antipiquetes.
Dopacio relató que “estábamos caminando por la vereda cuando un prefecto nos tiró gas pimienta de cerca. Algo incomprensible. Una locura absoluta”. El reportero fue asistido por personal de primeros auxilios de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presente en el lugar.
La represión no es un hecho aislado. Las movilizaciones de jubilados han enfrentado una escalada represiva en las últimas semanas. El 12 de marzo, una protesta similar terminó con un saldo de 46 heridos y 124 detenidos tras una fuerte intervención de las fuerzas de seguridad. Entre los heridos se encuentra el fotoperiodista Pablo Grillo, quien permanece en terapia intensiva en el Hospital Ramos Mejía luchando por su vida. En aquella ocasión, se reportaron detenciones masivas, aunque los arrestados fueron liberados posteriormente. Estos antecedentes han generado una creciente indignación.
Los jubilados reclaman mejoras en sus haberes, el regreso de la cobertura gratuita total de medicamentos y la reinstauración de la moratoria previsional, que permitía a trabajadores con aportes insuficientes acceder a una jubilación mínima. “Estamos en la lucha por nuestros derechos que tanto nos costaron conseguir. Nos están matando sin remedios ni alimentos. Nos dan la cuarta parte de lo que necesitamos para vivir”, denunció Alberto Schocron, miembro de Jubilados Insurgentes, una organización que aboga por pensiones dignas.
Horas antes de la protesta, el Gobierno había anunciado un aumento del 2,4% en las jubilaciones a partir de abril, elevando la pensión mínima a 285.820 pesos (unos 260 dólares). Sin embargo, esta cifra queda muy por debajo de la canasta básica para adultos mayores, estimada en 1.200.523 pesos (aproximadamente 1.100 dólares), lo que condena a la mayoría de los jubilados a la pobreza. Además, el Ejecutivo mantuvo en 70.000 pesos (unos 64 dólares) el bono de refuerzo por la emergencia económica, un monto que no se actualiza desde enero de 2024.
El Plenario de Trabajadores Jubilados advirtió que la decisión del Gobierno de no prorrogar la moratoria previsional, vigente hasta este domingo, agravará la situación. Se estima que en 2025, más de 243.000 personas en edad jubilatoria (150.000 mujeres y 93.000 hombres) no podrán acceder a una jubilación por no contar con 30 años de aportes. Su alternativa será la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), equivalente al 80% de la mínima (actualmente 279.121 pesos), una suma insuficiente para salir de la indigencia.
“Con la caída de la moratoria nadie va a poder jubilarse”, alertó el Plenario en un comunicado. Este ajuste, sumado al congelamiento de jubilaciones y la quita de medicamentos gratuitos, posiciona a los jubilados como uno de los sectores más golpeados por las políticas económicas del gobierno de Javier Milei, representando el 35% del recorte fiscal libertario.
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