Reclaman el pago de una deuda de la BAE y el cese de las medidas de ajuste y la flexibilización del Convenio Colectivo de Trabajo.

Municipalidad de Río Cuarto-Parque Sarmiento

En medio de la crisis financiera del país y del acuerdo con el FMI, el gobierno provincial se apresta a chocar de frente con uno de los gremios que puso a Córdoba en la historia del país con el Cordobazo, en 1969. Justamente, el producto de aquella fortaleza y capacidad de demanda, el Convenio Colectivo de Trabajo de 1975, es lo que Juan Schiaretti intenta flexibilizar ahora. No hay marcha atrás en la imagen simbólica de lo que se está viviendo: es o no es. El gobernador es hoy el ariete de la Córdoba conservadora contra aquello que repudió, pero no pudo cambiar durante 49 años. Una buena pregunta quizá se produzca el 29 de mayo del año que viene, al cumplirse medio siglo de cuando los cordobeses dinamitaron las columnas de la dictadura de Juan Carlos Onganía. ¿Qué va a decir el gobierno de la provincia sobre aquella rebelión popular? Dicen que la historia suele ser caprichosa, pero es difícil de entender que un gobernador de signo peronista lleve adelante un deseo de los conservadores.

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Se le agrega el regreso a la tutela del FMI y el desbocado intento de la derecha económica y política de flexibilizar las leyes laborales. El gobierno de la provincia quedó parado de ese lado del mostrador. Ni Domingo Cavallo pudo tanto. Habrá que ver el resultado del choque, porque detrás de la discusión de los tarifazos se esconde la necesidad del modelo de restauración neoliberal de reducir el costo laboral argentino. De lo contrario, es un modelo inviable.

La estrategia particular del gobierno provincial para superar el desmanejo administrativo y la crisis financiera de EPEC -y ocultar la responsabilidad propia- pasa por llevar adelante un ajuste del costo laboral directo; flexibilizar el Convenio Colectivo de Trabajo; reducir las prestaciones operativas al estilo de Edesur o Edenor que tienen gravísimos incumplimientos de servicio por cortes; habilitar participación privada en el área de telemedición y otras operaciones de la empresa; y preparar EPEC para privatizar parte del parque de generación, en particular la central Bicentenario de Pilar. Esa política es la que motoriza un escenario de confrontación con los sindicatos.

El desmanejo administrativo y financiero de la empresa es notorio y ha sido denunciado por legisladores opositores como Juan Pablo Quinteros (Frente Cívico) o Javier Bee Sellares (UCR). Pero el drama de EPEC tiene que ver con el cambio de escenario producido por los tarifazos nacionales del ex ministro Juan José Aranguren, que dolarizaron las tarifas y elevaron el costo mayorista de la electricidad en un 1500 por ciento. A partir de allí, las cuentas de la empresa se fueron al demonio y quedaron al descubierto todos los errores de gestión.

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El conflicto entre la empresa y los sindicatos de Luz y Fuerza se inició con la decisión de cerrar centros de atención comercial en abril (medida que se aplicará ahora) y luego se extendió a un ajuste operativo en el funcionamiento de la compañía, incluyendo la reducción de horas extras, eliminación de viáticos, y modificaciones del sistema de reemplazos de jefes, entre otras medidas.

Luego el gobierno provincial y EPEC pidieron abrir una negociación para modificar el Convenio Colectivo de Trabajo, donde entre otros puntos se propuso reducir los pagos de la Bonificación Anual por Eficiencia (BAE). Como la negociación en el ámbito provincial fue rechazada por los tres sindicatos de Luz y Fuerza, el Ejecutivo impulsó modificaciones de hecho en el CCT a través de tres leyes (ilegales, porque no se puede modificar un acuerdo de partes a través de una ley). Los cambios son los siguientes: eliminación de la Bolsa de Trabajo para acceder a las vacantes en la empresa; reducción del beneficio de energía eléctrica para consumo residencial de los empleados; y eliminación de un aporte patronal para una caja compensadora jubilatoria.

A todo ello, se le sumó el elevado desprestigio de la línea gerencial de EPEC, que ha quedado expuesta por sus decisiones operativas y “beneficios” personales en la administración de la empresa; y la decisión del gobierno de dividir la operación contable en tres áreas: generación, transporte y distribución. Esta última medida apunta claramente a sentar las bases para una futura privatización de la generación. La excusa de la transparencia de los costos se cae por su propio peso, dado que la operación de la compañía ya tiene sus números diferenciados.

Se le han sumado persecuciones, desplazamientos de personas de carrera, “importación” de gerentes con experiencia en gas natural o el PAMI, pero nulo conocimiento de la operación eléctrica; y el retraso en el pago de salarios y la BAE.

Está claro que el gobierno provincial ha llevado la negociación al conflicto. Lo hizo pese a la mediación de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (FATLyF) para reencauzar el diálogo con los tres sindicatos de Luz y Fuerza con actuación en Córdoba. Ahora habrá que ver cuál es el final.

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