El intendente de la segunda ciudad argentina se equivoca cuando dice que el servicio de transporte es esencial y eso debe formar parte de las leyes que regulan el derecho de huelga. Es llamativo que se haya sumado a esa corriente un gobernador peronista, como Juan Schiaretti, siendo que el Justicialismo es uno de los artífices del sistema de protección de derechos de los trabajadores.

Los choferes de colectivos de la ciudad de Córdoba llegaron al octavo día de huelga con un grado de unidad impensado frente a la presión que han sufrido. Un ejemplo de ellos, es que hoy, muchas de las unidades serán manejadas por choferes contratados de apuro. El segundo dato, es que buena parte de los sindicatos cordobeses, que arrastran divisiones de años, han decidido solidarizarse con los huelguistas, con una marcha y concentración.

VER MESTRE Y SCHIARETTI SE UNEN PARA ENFRENTAR EL RECLAMO SALARIAL DE LOS COLECTIVEROS.

VER CUÁLES SERÁN LOS RECORRIDOS DE EMERGENCIA.

VER LAS DOS CGT CORDOBESAS MARCHARÁN Y REALIZARÁN UN ACTO FRENTE A LA UTA.

VER EL INÉDITO COMUNICADO DE LA UTA NACIONAL CONTRA EL PARO.

El planteo salarial que pega en el corazón del ajuste gradual que propone el gobierno nacional ha disparado un conflicto que excede los límites geográficos, pero carece de visibilidad puertas afuera de la provincia. No hay canales nacionales de TV, ni diarios ni radios de Buenos Aires demasiado interesadas en el conflicto. Córdoba parece una ciudad presa de una peste, en cuarentena, como en las películas de ciencia ficción.

El intendente Ramón Mestre acentuó su propuesta de confrontación, que no es sólo propia, sino con la cobertura del gobierno nacional. El mismo gobernador Juan Schiaretti se sumó al esquema para tratar de lapidar la demanda de los colectiveros. La demostración más certera de la alianza silenciosa, es que la CGT nacional no se expresó frente al conflicto, que tiene a la UTA nacional como una de sus partes, defendiendo una paritaria desafiada por sus bases, y exponiéndose a un extraño ejercicio de escarnio público: es el vocero de las empresas frente a sus afiliados.

Sin duda, el límite es el salario, el 21% acordado en las paritarias nacionales. No es casual que sea este precio relativo de la economía el eje de la disputa: la diferencia entre el modelo de consumo interno y sustitución de importaciones puesto en marcha después de la crisis de la convertibilidad de 2001/2002 con el actual, que impulsa el gobierno del presidente Macri, es la existencia de salarios altos en relación al resto de las economías en desarrollo como las nuestras. Es un dilema complejo de resolver, dado que no hay apertura económica posible como la que propugna el gobierno nacional con salarios elevados en términos internacionales, al menos para economías emergentes como la Argentina. Por eso está sucediendo lo que está sucediendo.

Mestre introdujo una consulta popular que no tiene ningún efecto legal para impedir las asambleas en los horarios de trabajo y cuestionar el derecho a la huelga. Se juega su futuro político con una plataforma del Siglo XIX o de los golpes de Estado que asolaron el país en el siglo XX, esto es tratando de condicionar el derecho de huelga. El transporte por cierto no es un servicio público esencial, como puede ser el de la salud. Es indispensable, pero no esencial. La diferencia que hay entre uno y otro concepto, es como que un testigo de un crimen afirme ante el juez que el asesino medía entre un metro y medio y dos.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT)  ha definido como servicios esenciales a “los servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población». Cuáles son según la OIT hasta ahora los servicios esenciales: el sector hospitalario, los servicios de electricidad, los servicios de abastecimiento de agua, los servicios telefónicos y el control del tráfico aéreo.

Cuáles no son esenciales, según un detalle no exhaustivo de la organización:

-La radio-televisión;

-El sector del petróleo;

-El sector de los puertos

(carga y descarga) ;

-Los bancos;

-Los servicios de informática para la recaudación de aranceles e impuestos;

-Los grandes almacenes;

-Los parques de atracciones;

-La metalurgia;

-El sector minero;

-Los transportes, en general;

-El abastecimiento y la distribución de productos alimentarios ;

-La Casa de la Moneda ;

-El sector de la educación;

-Los transportes metropolitanos;

-Los servicios de correos.

Al igual que la huelga de los ferroviarios contra las privatizaciones de Carlos Menem en los ’90, este paro es acicateado desde el poder político y económico como referencia de lo que puede suceder si se produce una rebelión contra las políticas de ajuste. La alianza silenciosa que intenta aislarlo y derrotarlo persigue ese fin. Lamentablemente, la decisión gubernamental para quebrar el paro de los colectiveros puede poner en riesgo la paz social, porque está produciendo un conflicto político y sindical de una escala que nadie imaginaba cuando comenzó el viernes 2 de junio.

Como ha sucedido históricamente en el país, la centro-derecha política y económica imagina un país a su medida y con un nivel de extracción de renta que luego de la irrupción del Yrigoyenismo en 1916 y el peronismo en 1945, es imposible e inviable como programa. Han pasado 101 años de aquel primer choque y como si se tratara de un país que vive arriba de una rueda, estamos de vuelta en el punto de partida. Esa lucha por la hegemonía, de uno y otro bloque de poder político y económico, no tiene resolución en estos términos. Sería bueno explorar otros caminos.

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