Se trata de una resolución explosiva. El fiscal federal Federico Delgado, a cargo de la investigación en la causa por supuesta “extorsión y violencia económica” contra Dolores Etchevehere, pidió la declaración indagatoria de Luis Miguel, -ex ministro de Agroindustria del gobierno de Mauricio Macri- Sebastián, Juan Diego Etchevehere y Leonor Barbero Marcial, hermanos y madre de la mujer.
La causa se encuentra radicada en Comodoro Py y se tramita en el juzgado federal de Daniel Rafecas. “Desde la perspectiva del Ministerio Público Fiscal, existe el grado de sospecha que exige el artículo 294 del CPPN para requerir explicaciones a Luis Miguel, Juan Diego y Sebastián Arturo Etchevehere y Leonor Barbero Marcial, porque la situación de asfixia económica a la que es sometida Dolores infringe las previsiones contenidas en el artículo 168 del Código Penal, en función de la ley 26485 de protección integral de la mujer”, dijo Delgado en su dictamen.
También sostuvo que Dolores Etchevehere “es sometida a un mecanismo de intimación derivado del uso particular del sistema institucional para torcer su voluntad y que, en consecuencia, producto de la asfixia económica suscribió un acuerdo privado de división de bienes independientemente de las previsiones del Código Civil y Comercial en materia sucesoria”.
Este acuerdo fue esgrimido por los Etchevehere para impulsar el desalojo de su hermana del campo familiar y de los miembros de llamado Proyecto Artigas que estaban en la estancia Casa Nueva a fines del año pasado.
Tras objetar la validez del acuerdo, el fiscal sostuvo que el Estado, “por un lado, acoge formalmente las peticiones de la denunciante, y paralelamente despliega mecanismos de persuasión para disuadirla de sus propias peticiones y se traducen en una asfixia económica capaz de cercenar la chance de auto determinarse de Dolores Etchehevere”, plantea la resolución del fiscal.
Agrega que los conflictos judicializados de la familia “están atravesados por un rasgo común, ya que terminaron rápidamente o se prolongaron indefinidamente en el tiempo. Además, aparecen envueltos en mediaciones informales entre los actores directos de los juicios y determinadas autoridades institucionales de la provincia de Entre Ríos”.
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